Por Rafael Veloz García / @rafaelvelozg
Rafael Veloz García. Abogado Constitucionalista | Presidente Fundador de CONFEPUV | Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC). Ex Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), Washington , USA | Vice Pdte en funciones de la Unión de Colegios de Abogados Iberoamericanos, UIBA, (Madrid, España). Diputado Nacional 2015.
I. UNA CARTA QUE NO DEBERÍA SER NECESARIA
El 14 de junio de 2026, el Programa de Organización Ciudadana (POC), la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI) dirigieron una comunicación formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En su esencia es un informe de situación. Y ese informe dice algo que el mundo preferiría no escuchar: que en Venezuela, a más de cinco meses del 3 de enero de 2026, los derechos fundamentales siguen sin estar garantizados.
Una carta al Alto Comisionado de la ONU es, por definición, un recurso de último nivel. Se acude a ese mecanismo cuando los recursos internos han fallado, cuando las instituciones nacionales no protegen, cuando el Estado no responde. Que organizaciones civiles venezolanas deban seguir escribiéndola en 2026 es, por sí solo, un veredicto sobre el estado real de la transición.
II. LO QUE EL CAMBIO POLÍTICO NO CAMBIÓ
La carta es explícita: a pesar de los acontecimientos del 3 de enero, “no se han registrado mejoras significativas en la protección de los derechos fundamentales, la independencia judicial, la rendición de cuentas ni en las condiciones humanitarias.” Organismos como la propia Oficina del Alto Comisionado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y múltiples organizaciones internacionales continúan documentando el mismo patrón: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones al espacio cívico, violaciones al debido proceso y ataques sistemáticos contra defensores de derechos
humanos.
El rasgo más inquietante no es la persistencia de los abusos —lamentablemente previsible dado el peso de las estructuras institucionales heredadas— sino la ausencia de recursos judiciales efectivos para combatirlos. La Misión de la ONU ya había concluido, antes del cambio de gobierno, que el sistema de justicia venezolano ha funcionado como herramienta de represión política y como facilitador de la impunidad. Esa conclusión no ha sido revertida por los hechos posteriores.
“La preocupación estructural sigue siendo la preservación de un entramado institucional que ignora de manera sistemática las decisiones y recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, dejando a las víctimas en total desamparo.” — Carta al Alto Comisionado Türk, 14 de junio de 2026
III. LOS NOMBRES DEL PROBLEMA: IMPUNIDAD CON ROSTROS CONCRETOS
La carta no se limita a señalar fallas sistémicas abstractas. Señala casos concretos, cuya resolución el Estado venezolano ha ignorado. Las organizaciones firmantes advierten que personas vinculadas a prácticas judiciales contrarias a las obligaciones internacionales del país estarían siendo consideradas para cargos de mayor autoridad dentro del poder judicial. Promover a quienes aplicaron la justicia como instrumento de represión no es reforma: es ratificación.
El caso de Larry Devoe Márquez resulta igualmente revelador. Su designación como Fiscal General fue cuestionada públicamente por el senador estadounidense Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, así como por organizaciones nacionales e internacionales. A pesar de ello, fue designado presidente del Consejo Moral Republicano. La señal institucional es inequívoca: las objeciones internacionales sobre integridad no modifican las decisiones de nombramiento.
Esto importa porque la transición de un sistema autoritario a uno democrático no se mide solo por quién ocupa la presidencia. Se mide, sobre todo, por quiénes controlan los instrumentos del Estado que afectan directamente la vida de los ciudadanos: los fiscales, los jueces, los cuerpos de seguridad. En esos espacios, el cambio documentado ha sido mínimo.
IV. LA CRISIS HUMANITARIA QUE LOS ACUERDOS NO RESUELVEN
Paralelamente a la dimensión política, la carta subraya una realidad que los titulares sobre
negociaciones petroleras y reestructuración de deuda tienden a invisibilizar: Venezuela vive todavía una grave crisis humanitaria compleja. El acceso a la alimentación, la atención médica, los servicios públicos básicos y las oportunidades económicas elementales sigue siendo crítico para millones de personas, especialmente para los sectores más vulnerables: niños, comunidades indígenas y poblaciones en regiones remotas.
En el sur del país, el Arco Minero del Orinoco concentra uno de los desastres ambientales y
humanitarios más documentados y menos atendidos del continente. La minería ilegal ha causado daños que diversas organizaciones califican de irreparables a la biodiversidad de una de las regiones ecológicamente más ricas del planeta. Las comunidades indígenas que habitan esos territorios enfrentan desplazamiento forzado, erosión cultural y, en los casos más graves, amenazas existenciales directas. Sus derechos colectivos y la integridad de sus territorios ancestrales están siendo vulnerados de forma sistemática y continua.
V. LOS NÚMEROS QUE NO ADMITEN INTERPRETACIÓN
Para quienes prefieren los datos a las narrativas, la carta ofrece dos referencias que no dejan espacio para la ambigüedad. El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project ubica a Venezuela en el puesto 143 de 143 países evaluados: el último lugar global en límites al poder gubernamental, garantías de justicia y protección de derechos fundamentales. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional mantiene al país en los puestos de mayor opacidad institucional y menor rendición de cuentas a nivel mundial.
Estos indicadores no miden el pasado de Maduro. Miden el presente. Son la fotografía del momento en que las organizaciones civiles venezolanas escriben a la ONU para pedir que no abandone su mandato
de protección.
VI. LO QUE LE PEDIMOS A LA ONU — Y LO QUE LE PEDIMOS AL MUNDO
Las organizaciones firmantes urgen al Alto Comisionado Türk a mantener y fortalecer el compromiso de su oficina con Venezuela: informes públicos, gestiones diplomáticas, asistencia técnica y coordinación con los órganos competentes de las Naciones Unidas. Las prioridades enunciadas son concretas y urgentes: restaurar la independencia e imparcialidad del poder judicial; garantizar el cumplimiento de las obligaciones y decisiones internacionales; proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas; atender las detenciones arbitrarias y las violaciones al debido proceso; responder a la emergencia humanitaria; proteger a las comunidades indígenas; y promover mecanismos reales de rendición de cuentas.
Ninguna de estas demandas es nueva. Todas han sido formuladas antes. Lo que hace diferente el momento actual es que se formulan en un contexto en que parte de la comunidad internacional ha bajado la guardia, convencida de que el problema Venezuela ha sido “resuelto” por los acontecimientos de enero. La carta es, entre otras cosas, un recordatorio de que la sustitución de un gobierno no equivale a la construcción de un Estado de derecho.
La estabilidad sin justicia no es paz. Es apenas la postergación de la próxima crisis. Venezuela necesita instituciones que protejan a sus ciudadanos, no acuerdos que los administren. Mientras esa diferencia no se traduzca en reformas verificables, las organizaciones civiles venezolanas seguirán escribiendo cartas que, en un país funcional, nunca habrían sido necesarias.
Fecha: 15/06/2026
