Por Rafael Veloz García / @rafaelvelozg
Rafael Veloz. Abogado Constitucionalista. Primer vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, UIBA, (Madrid, España). Ex Presidente de la Federación Interamericana de Abogados, FIA (Washington DC, USA), Ex Pdte Federación Abogados Vzla; Diputado Nacional 2015. Miembro de la dirección nacional del partido Voluntad Popular, VP. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC.
Desde el 3 de enero de 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ejecuta un esquema para gestionar la situación política y económica de Venezuela articulado en tres fases: estabilización, recuperación y transición. Ese esquema parte de un diagnóstico que los venezolanos conocemos en carne propia: Venezuela es hoy un Estado fallido. A esa realidad se sumaron los devastadores terremotos del 24 de junio, los más destructivos en más de un siglo, con miles de fallecidos, decenas de miles de desaparecidos y heridos, y el estado Vargas declarado zona de desastre natural. Este artículo es una alerta al país, a los aliados internacionales y a los parlamentarios de los Estados Unidos: la estabilización económica es indispensable, pero la variable económica, por sí sola, no resuelve el problema venezolano.
Un Estado sin poderes públicos legítimos
La radiografía institucional no admite eufemismos. Los poderes Ejecutivo y Judicial están tomados por los herederos del régimen. En Miraflores gobierna una presidenta encargada designada no por el voto popular ni por el Parlamento, sino por sentencia de un Tribunal Supremo de Justicia integrado por magistrados nombrados por el propio régimen, bajo la figura de una “ausencia forzosa” que la Constitución no contempla. El pasado 3 de julio venció, además, el plazo máximo de ciento ochenta días previsto en el artículo 234 constitucional para las faltas temporales del Presidente de la República, sin que la Asamblea Nacional del régimen se haya pronunciado sobre la falta absoluta ni se hayan convocado las elecciones que ordena el artículo 233. Lo que ejerce el poder es, en rigor, un Ejecutivo de facto con el mandato vencido.
El Poder Judicial, por su parte, dejó de existir como poder independiente. Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —incluido el rendido hace pocos días— documentan de manera sostenida la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia, los jueces provisorios removibles a discreción y el uso del aparato penal para perseguir a la disidencia. Y el Poder Legislativo se encuentra “compartido”: de un lado, la Asamblea Nacional electa en 2015, última institución con legitimidad de origen incuestionable; del otro, el Parlamento surgido en 2025 de procesos sin garantías, que usurpa de hecho la función legislativa. Ninguno puede ejercerla plena y pacíficamente, y esa duplicidad es el síntoma más visible de la ruptura del orden constitucional.
El terrorismo de Estado persiste
Quienes hoy diseñan la recuperación económica de Venezuela deben poner en su justa dimensión un hecho que la propaganda pretende ocultar: el terrorismo de Estado persiste. Los presos políticos no han sido totalmente liberados. Hay evidencias de que se mantienen las violaciones sistemáticas de los derechos humanos utilizando la estructura del Estado, tal como lo confirma el último informe del Alto Comisionado de la ONU. Y el sistema de justicia sigue siendo utilizado como instrumento de esas acciones.
La prueba más reciente es la designación en curso de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sin cumplir las pautas constitucionales y legales que garantizan su independencia. Se repite así la vieja práctica de sustituir altos funcionarios con agentes de sectores del régimen: se cambian los nombres, no el modelo. Una reforma judicial sin independencia real no es reforma; es continuidad con otro rostro. Ningún programa de estabilización económica puede darse por exitoso mientras el aparato de justicia siga al servicio de la persecución política.
La emergencia humanitaria exige un programa asistencial inmediato
Los niveles de pobreza en Venezuela alcanzan cotas críticas, agravadas ahora por la destrucción que dejaron los terremotos del 24 de junio. Es indispensable paliar la crisis humanitaria compleja con programas de asistencia dirigidos a los sectores más vulnerables —niños, adultos mayores y pueblos indígenas—, con supervisión de organismos multilaterales como la ONU y la OEA que garanticen que la ayuda llegue efectivamente a la población, hasta tanto tomen posesión las autoridades que resulten del proceso electoral ya anunciado. La reconstrucción física del país y la protección de los más débiles no pueden quedar como rehenes del cálculo político de quienes ejercen el poder de facto.
Una propuesta ante el Congreso de los Estados Unidos
Frente a este cuadro, el Programa de Organización Ciudadana (POC), que agrupa a más de veinticinco organizaciones sociales dentro y fuera del país bajo el liderazgo de la Confederación de Profesionales y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y del Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI), ha enviado propuestas a los parlamentarios norteamericanos para impulsar medios sustitutivos de gobierno provisional que reemplacen a la heredera de Maduro: un mecanismo colegiado, transitorio y con plazos definidos, inspirado en la Junta de Gobierno de 1958 y en el Estatuto de la Transición de 2019, integrado por personalidades de reconocida solvencia ética de la academia, los gremios y la sociedad civil, cuyo único mandato sea garantizar la continuidad del Estado, preservar los servicios esenciales y conducir al país a elecciones libres, competitivas y verificables, con acompañamiento técnico internacional.
La alerta
Los venezolanos compartimos la necesidad de estabilizar la economía: sin esa palanca inicial no hay salida posible de la crisis. Pero sería un error histórico que las fases de estabilización y recuperación se conviertan en un fin en sí mismas, normalizando a un Ejecutivo de facto con el mandato vencido, a un Poder Judicial capturado y a un Parlamento usurpado. La experiencia venezolana de las últimas décadas enseña que todo alivio económico administrado por las mismas estructuras del régimen termina financiando su permanencia.
Por eso esta alerta: que el país, los aliados internacionales y el Congreso de los Estados Unidos incorporen a su hoja de ruta, junto a la variable económica, las variables de la persistencia de las violaciones de derechos humanos, la falta de independencia del nuevo TSJ y la atención humanitaria de los más vulnerables. Un Estado fallido no se rescata solo con divisas: se rescata restableciendo el Estado de Derecho. La economía es la palanca; la democracia, el destino.
Fecha: 14/07/2026
