Por Rafael Veloz García / @rafaelvelozg
Rafael Veloz. Abogado Constitucionalista;1er Vice-Pdte de la Unión Iberoamericana de Abogados, UIBA;ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA;Diputado 2015;Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC; Miembro dirección nacional de Voluntad Popular.
El Programa de Organización Ciudadana (POC), con el liderazgo de la Confederación de Profesionales y Técnicos, CONFEPUV y el Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI, presenta al país una hoja de ruta, que será comunicada a los aliados internacionales, parlamentarios de los Estados Unidos de Norteamérica, en especial, a la oficina de la congresista estadounidense María Elvira Salazar, para respaldo en una estrategia integral de transición democrática y reconstrucción institucional de Venezuela.
La iniciativa llega en un momento decisivo. El pasado 3 de julio se cumplieron 180 días —el plazo máximo que el artículo 234 de la Constitución venezolana permite para una falta temporal del Presidente de la República— desde la captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses el 3 de enero de este año. Vencido ese plazo, corresponde a la Asamblea Nacional pronunciarse sobre si existe una falta absoluta, lo que activaría la obligación constitucional de convocar elecciones presidenciales dentro de los treinta días siguientes. Hasta el momento, el Parlamento no se ha pronunciado.
A ese escenario de vacío institucional se suma la emergencia humanitaria provocada por los terremotos del 24 de junio, que ya suman más de 2.600 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de familias sin hogar, con La Guaira como epicentro de la destrucción.
Una propuesta con tres ejes
Según el documento, la propuesta de las organizaciones firmantes se apoya en tres pilares:
Un fundamento constitucional explícito. El texto invoca los artículos 7 (supremacía constitucional), 23 (jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos y su aplicación directa), 333 (continuidad de la Constitución pese a su violación) y 350 (desconocimiento de regímenes contrarios a los valores democráticos). El marco jurídico sostiene que el restablecimiento institucional no depende de la voluntad de un poder de facto, sino que es un mandato exigible.
Un mecanismo de transición inspirado en un precedente propio. La propuesta recuerda que Venezuela ya vivió una experiencia de este tipo en 1958, cuando tras la caída de Marcos Pérez Jiménez se instaló una Junta de Gobierno presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal con el único mandato de estabilizar el país y llamar a elecciones, lo que se cumplió ese mismo año. Las organizaciones plantean disponer de un Estatuto de la Transición que sirva instructivo con plazos, para que un equipo se encargue de su ejecución. Pudiera recaer en liderazgos sociales de reconocida solvencia moral, como rectores universitarios, líderes de gremios profesionales, con acompañamiento de organismos como la ONU y la OEA.
Una estrategia de reconstrucción inspirada en el Plan Marshall. Citando el precedente europeo de posguerra (1948-1952), cuando Estados Unidos canalizó fondos hacia dieciséis países a través de un organismo multilateral y de mecanismos de contrapartida y rendición de cuentas, la propuesta plantea que cualquier paquete de ayuda para Venezuela —tanto para la reconstrucción tras los terremotos como para la recuperación económica e institucional— incorpore desde su diseño una arquitectura similar de supervisión multilateral, con participación de la sociedad civil, para evitar que la ayuda sea desviada.
YA EXISTE UNA MESA INSTALADA
Desde el 18 de junio de 2026, días antes de los terremotos, está instalada una “mesa técnica y política paritaria” entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 (encabezados por su presidenta Dinorah Figuera, recién regresada de ocho años de exilio) y la Asamblea Nacional oficialista de Jorge Rodríguez. El objetivo inicial declarado es la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la reestructuración parcial del TSJ, como paso hacia una eventual transición. El Departamento de Estado de EE. UU., con el Secretario Marco Rubio a la cabeza, respaldó públicamente esta mesa como “un primer paso” hacia una “hoja de ruta de transición democrática”.
Los terremotos del 24 de junio ocurrieron, por tanto, en medio de este proceso político ya en marcha, y antes del vencimiento formal del plazo de 180 días.
Lo que proponemos
- El reconocimiento público del vencimiento del plazo constitucional de 180 días y el respaldo a las gestiones orientadas a restablecer el orden constitucional venezolano conforme a los artículos 7, 23, 233, 234, 333 y 350 de la Constitución de 1999.
- El respaldo a un mecanismo de transición inspirado en el precedente de la Junta de Gobierno de 1958 y en el Estatuto de la Transición de 2019, con participación de liderazgos sociales y profesionales de reconocida trayectoria ética.
- El impulso de una estrategia de reconstrucción institucional, económica y humanitaria inspirada en el Plan Marshall, con mecanismos multilaterales de financiamiento, supervisión y rendición de cuentas.
- El respaldo a la participación técnica y de auditoría de organismos como la ONU y la OEA en la distribución de la ayuda humanitaria y de reconstrucción, con fundamento en el artículo 23 constitucional y en las obligaciones internacionales de derechos humanos ya asumidas por Venezuela.
Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos correspondientes a 2020 y 2026 documentan el progresivo deterioro de la independencia judicial, la utilización del sistema de justicia como instrumento de persecución y otras graves violaciones de derechos humanos, y ponen de relieve la necesidad de emprender reformas estructurales urgentes para restablecer el Estado de Derecho. Consideramos que su liderazgo puede ser decisivo para movilizar el respaldo bipartidista e internacional que este proceso requiere.
Fecha: 06/07/2026
