Rafael Veloz. Primer Vice-Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados de Iberoamérica (UIBA). Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC. Diputado Nacional 2015. Miembro de la dirección Nacional de Voluntad Popular, VP.
La crisis venezolana no es únicamente económica o política; es también, y de manera profunda, una crisis de justicia y de Estado de Derecho. Durante años, los organismos internacionales han documentado de forma consistente la falta de independencia judicial, la ausencia de debido proceso y el uso de los tribunales como instrumentos de poder político. Esa documentación no es opinión: es evidencia acumulada, informe tras informe, por mecanismos que Venezuela suscribió voluntariamente y que hoy ignora con la misma naturalidad con que ignora a sus propios ciudadanos.
Sin jueces independientes, los ciudadanos carecen de protección efectiva frente a los abusos del Estado, las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos. Y la falta de cumplimiento de las decisiones de los organismos internacionales no es un detalle técnico: es una señal clara de debilidad institucional y un mensaje explícito de impunidad, dirigido tanto hacia adentro como hacia afuera del país.
MÁS ALLÁ DE LOS CAMBIOS SUPERFICIALES
La reconstrucción de Venezuela requiere mucho más que cambios políticos superficiales. Exige una reforma judicial auténtica, basada en independencia real, transparencia verificable y rendición de cuentas efectiva. No basta con sustituir nombres en los cargos si las estructuras de control político sobre el sistema de justicia permanecen intactas. Un país puede cambiar de gobierno sin cambiar de Estado de Derecho, y esa distinción es precisamente la que Venezuela no puede permitirse seguir ignorando.
La existencia de un poder judicial independiente es, además, indispensable para proteger la propiedad privada, hacer cumplir los contratos, atraer inversiones y generar un crecimiento económico sostenible. Ningún inversionista —nacional o extranjero— puede confiar plenamente en un país donde los tribunales no ofrecen garantías de imparcialidad. La economía y la justicia no son asuntos separados: son la misma condición vista desde dos ángulos distintos.
LA DIMENSIÓN HUMANITARIA Y AMBIENTAL DE LA JUSTICIA
La crisis humanitaria venezolana también tiene una dimensión jurídica que rara vez se nombra con suficiente claridad. Sin instituciones independientes, millones de venezolanos carecen de mecanismos efectivos para exigir acceso a salud, alimentación y servicios básicos. El derecho sin un tribunal que lo haga cumplir es, en la práctica, una promesa vacía.
Esa misma ausencia institucional explica, en buena medida, la destrucción ambiental en zonas como el Arco Minero del Orinoco, vinculada directamente a la falta de instituciones capaces de hacer cumplir la ley y proteger a las comunidades afectadas. Los pueblos indígenas de esa región enfrentan amenazas concretas a sus territorios, su cultura y su supervivencia, mientras los mecanismos de protección disponibles continúan siendo manifiestamente insuficientes.
Venezuela ocupa el último lugar mundial en diversos indicadores de Estado de Derecho, reflejando una crisis institucional que atraviesa todos los aspectos de la vida nacional.
LA PREGUNTA QUE NO PUEDE EVADIRSE
Mientras el país discute cronogramas electorales, designaciones de autoridades y acuerdos de transición, hay una pregunta que debe ocupar un lugar central en ese debate y que con frecuencia queda relegada frente a la urgencia política: ¿quién administrará justicia en Venezuela, y bajo qué garantías de independencia lo hará?
La verdadera transición democrática no se medirá por la aparición de nuevos nombres en el poder. Se medirá por la existencia de tribunales capaces de proteger los derechos de todos los venezolanos, incluso —y especialmente— frente al propio Estado. Esa es la prueba que ningún acuerdo político, por bien intencionado que sea, puede sustituir.
UNA FECHA PARA ESTAR ATENTOS
El viernes 26 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará ante el Consejo de Derechos Humanos —el órgano más importante del mundo en esta materia— su informe sobre Venezuela. Estemos atentos a lo que allí se indique.
Ese informe llega en un momento singular: mientras se negocian cronogramas electorales y reformas institucionales en mesas de diálogo, la ONU ofrecerá una evaluación independiente sobre el estado real de los derechos humanos en el país. Será una oportunidad para contrastar los anuncios políticos con la evidencia documentada, y para que la comunidad internacional —y los propios venezolanos— midan con precisión cuánto ha cambiado realmente y cuánto sigue siendo, todavía, promesa pendiente. Sin un poder judicial independiente no habrá protección de los derechos humanos, ni seguridad jurídica para la inversión, ni reparación para las víctimas, ni confianza en las instituciones. La reconstrucción de Venezuela comienza por reconstruir la justicia.
Fecha: 21/06/2026
