Rafael Veloz García. 1er Vice Pdte de la Unión Iberoamericana de Abogados, UIBA. Ex Pdte de la Federación de Abogados de Venezuela y la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Diputado Nacional 2015. Miembro dirección Nacional de Voluntad Popular. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC.
I. LA DOBLE TRAGEDIA
Venezuela amaneció esta semana bajo el peso de dos tragedias superpuestas. La primera, imprevista: los terremotos que sacudieron La Guaira, Caracas y el centro del país, dejando decenas de edificios derrumbados, miles de familias sin techo y centenares de personas atrapadas bajo los escombros en las horas más críticas de una emergencia. La segunda, perfectamente predecible: la respuesta de un Estado fallido que, tras más de dos décadas de demolición institucional y el mayor saqueo de recursos públicos en la historia republicana venezolana, demostró no tener ni el protocolo, ni los equipos, ni la voluntad política para proteger a sus ciudadanos en el momento en que más lo necesitaban.
Ambas tragedias tienen el mismo origen estructural. La destrucción de las instituciones no es un accidente colateral del chavismo: es su resultado más predecible y más documentado. Un Estado que desvió hacia la corrupción recursos suficientes para haber modernizado toda la infraestructura nacional no puede sorprendernos cuando, ante un desastre de esta magnitud, su primera reacción no es desplegar soldados a los escombros, sino controlar quién recibe el beneficio de la ayuda.
II. EL ROSTRO DE LA INOPERANCIA
Lo que reveló esta tragedia no requiere interpretación: basta con observar. Tres días después de los terremotos, 300 efectivos del cuerpo de bomberos de Los Teques permanecían retenidos con sus equipos, enviando solo un grupo de nueve personas a la zona. Los médicos llegados desde El Salvador fueron retenidos toda una noche por protocolos burocráticos mientras sobrevivientes aguardaban bajo los escombros. Equipos internacionales de rescate esperaron horas sin logística, sin transporte, sin coordinación. La militarización de La Guaira llegó al tercer día, precisamente cuando el general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin Jarrard, del Comando Sur, pisó tierra venezolana.
Mientras tanto, Diosdado Cabello aparecía en pantalla durante media hora asegurando que se estaba atendiendo la zona “como se lo merece”. Delcy Rodríguez visitó el área en camionetas blindadas y pulidas durante apenas unos minutos. Los generales venezolanos, de los cuales el país tiene más de 2.000, no aparecían en ningún escombro coordinando operaciones. Un perro rescatista venezolano llamado Tsunami había localizado más sobrevivientes que el Ministerio de la Defensa.
La razón de fondo no es únicamente incompetencia técnica, aunque esa también existe. Es ideológica: el régimen, como ha ocurrido desde el deslave de 1999, no puede tolerar que la ayuda llegue a la gente por manos que no sean las suyas. En Barinas, en Valencia, en Caracas, la policía bloqueó centros de acopio organizados por ciudadanos, por el partido Vente y Voluntad Popular. En el hospital de Morón, un médico especialista fue negado por no ser chavista. La lógica es perversa y constante: el control del beneficio importa más que el beneficio mismo.
III. LA SOLIDARIDAD QUE EL ESTADO NO MERECE RECIBIR EL CRÉDITO
Frente al vacío institucional, la respuesta fue doble: la solidaridad de los venezolanos y la de la comunidad internacional. Los ciudadanos organizaron centros de acopio, se desplazaron como voluntarios, grabaron y publicaron en redes cada irregularidad con una cobertura en tiempo real que ningún régimen pudo ya controlar. El desbloqueo de plataformas digitales, incluida la apertura progresiva de internet —con reportes de un acuerdo con Starlink—, transformó la cobertura de la tragedia en un registro ciudadano masivo e imparable.
La comunidad internacional respondió con una velocidad y generosidad que contrasta dramáticamente con la parálisis del Estado: República Dominicana envió los primeros rescatistas; El Salvador, tres aviones con maquinaria y personal; España, una unidad con capacidad de autoabastecimiento por siete días; Chile, expertos mapeando en terreno; Argentina, ocho perros especializados; México, aviones de la Fuerza Aérea con insumos. Estados Unidos activó equipos de búsqueda y rescate con cerca de 160 expertos —bomberos, médicos, ingenieros estructurales y caninos—, aviones C-130 capaces de aterrizar en pistas deterioradas, y helicópteros del Comando Sur. La Fuerza Aérea estadounidense trabaja ya en restituir la torre de control del aeropuerto de Maiquetía. El Departamento del Tesoro emitió licencias para facilitar el flujo de ayuda humanitaria y proyecta una operación de al menos cuatro meses.
IV. EL PAPEL URGENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL
En este escenario, el rol de la sociedad civil organizada no es secundario ni complementario: es central. La tragedia ha demostrado que, en ausencia de un Estado funcional, son las redes ciudadanas, los gremios, las organizaciones civiles y la solidaridad comunitaria los que sostienen la respuesta inmediata. Pero esa respuesta espontánea necesita estructura, continuidad y reconocimiento institucional.
Desde el Programa de Organización Ciudadana hemos solicitado en reiteradas ocasiones la activación de un plan de asistencia humanitaria para Venezuela. Los terremotos de esta semana hacen esa solicitud más urgente e inaplazable que nunca. No se trata solo de canalizar donaciones: se trata de construir los mecanismos de distribución transparente, veeduría ciudadana y rendición de cuentas que impidan que la ayuda internacional —que está llegando en volúmenes históricos— sea capturada, desviada o politizada por el mismo aparato que generó la crisis.
Exigimos que la administración de la ayuda humanitaria que llegue a Venezuela sea supervisada por organismos internacionales independientes, con participación activa de la sociedad civil venezolana y con total transparencia en su distribución. La ayuda del mundo no puede terminar en manos del régimen que dejó sin protección a los ciudadanos que debía proteger.
V. LO QUE ESTA TRAGEDIA REVELA SOBRE LA TRANSICIÓN
Esta semana ha puesto en evidencia algo que la coyuntura política tendía a disimular: no hay transición real sin reconstrucción institucional. Un Estado que no puede atender un terremoto no puede tampoco garantizar elecciones limpias, administrar justicia imparcialmente ni gestionar los recursos del país en beneficio de sus ciudadanos. Las negociaciones sobre CNE, TSJ y cronogramas electorales —por necesarias que sean— no pueden disociarse de la pregunta fundamental: ¿con qué instituciones y con qué personas se va a gobernar Venezuela?
La tragedia también aceleró una evaluación que la comunidad internacional ya estaba haciendo: el régimen, como estructura de poder, demostró ser irreformable en sus instintos. La imagen de Venezuela que circuló esta semana en el mundo entero —el perro que rescató más personas que el Ministerio de Defensa, el policía motorizado robando televisores entre los escombros, los médicos bloqueados por no ser chavistas— no es la imagen de un gobierno en transición. Es la imagen de un Estado que todavía no ha cambiado donde más importa.
Venezuela necesita asistencia humanitaria ahora. Necesita que esa asistencia llegue a quienes la necesitan, no a quienes quieren administrar su narrativa. Y necesita que esta tragedia no sea olvidada cuando pase la emergencia inmediata, porque lo que ella reveló seguirá siendo verdad cuando las cámaras se apaguen: sin instituciones reconstruidas, sin justicia independiente y sin rendición de cuentas, cualquier acuerdo político construido sobre este mismo Estado fallido volverá a derrumbarse. Como los edificios que el régimen construyó sin respetar las normas sísmicas.
Fecha: 29/06/2026
