Por Rafael Veloz García / @rafaelvelozg
Rafael Veloz García. Vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, UIBA.Madrid, España. Expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, washington, EE.UU. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC. Abogado Constitucionalista. Diputado Nacional 2015.
Las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Programa de Organización Ciudadana (POC), más de veinticinco organizaciones de dentro y fuera de Venezuela, bajo el liderazgo de la Confederación de Profesionales y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y del Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI), con la actuación de la abogacía organizada coordinada por la doctora Clara Inés Vallecillos, miembro del Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, hemos presentado un conjunto de propuestas concretas sobre uno de los temas que las partes anunciaron en la agenda de la mesa instalada el 1 de agosto: la justicia.
No lo hacemos por iniciativa propia ni desde afuera. Lo hacemos a petición expresa de la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, doctora Dinorah Figuera, quien el 20 de julio convocó públicamente a todos los sectores democráticos a participar y aportar propuestas para enriquecer la hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización del país y a una transición electoral pacífica. Ese llamado no fue retórico, y la sociedad civil organizada respondió como corresponde: con trabajo técnico, no con consignas.
Lo primero es lo primero: los terremotos
Conviene decirlo antes que cualquier otra cosa, porque así lo entienden las organizaciones de corte social que integran esta plataforma. El primer punto de la agenda anunciada —la tragedia ocasionada por los dos terremotos del 24 de junio y sus consecuencias— es el más importante y el más urgente.
Miles de familias venezolanas perdieron a los suyos, sus casas y sus medios de vida. Hay ciudades que siguen sin servicios elementales, escuelas que no han reabierto, hospitales operando por encima de su capacidad y un país que descubrió, en el peor momento posible, cuán poco puede esperar de sus instituciones cuando más las necesita. Ninguna discusión sobre arquitectura institucional tiene sentido si se conduce de espaldas a esa realidad. La reconstrucción física y la atención a las víctimas deben encabezar la agenda, y quienes proponemos reformas institucionales tenemos el deber de decirlo con claridad, aunque nuestro tema sea otro.
Ahora bien: no hay reconstrucción sin instituciones que la sostengan. Los contratos de reconstrucción, la ayuda internacional, la restitución de bienes, los reclamos de damnificados y las controversias que inevitablemente surgirán terminarán, todos, ante un tribunal. Preguntarse hoy qué juez resolverá esas causas no es un desvío del tema urgente: es parte de él.
Paciencia, sí; pero no inmovilidad
El secretario de Estado Marco Rubio pidió este 1 de agosto, con franqueza que se agradece, comprensión sobre los tiempos del proceso. Reconoció que no vivimos en una era de paciencia, pero recordó que estas cosas llevan tiempo, y que se trata de un sistema que lleva más de veintisiete años funcionando, con raíces profundas. También precisó el papel de este programa: facilitador del proceso, no sustituto de los actores venezolanos.
Compartimos el diagnóstico y aceptamos la advertencia sobre los plazos. Pero pedimos que se distinga entre dos cosas que suelen confundirse: la paciencia con el ritmo del proceso no puede convertirse en pasividad ante lo que se consolida mientras el proceso avanza.
Porque hay algo que no está esperando. Mientras la mesa se instala, sigue en marcha un proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En mayo se reformó la Ley Orgánica del máximo tribunal para elevar de veinte a treinta y dos el número de magistrados, ampliando la Sala Constitucional de cinco a siete integrantes. En junio se publicó el listado de aspirantes y transcurrió el lapso de impugnaciones. Son designaciones por doce años.
Si esa operación se consuma antes de que la mesa produzca su hoja de ruta, la Venezuela democrática que nazca de las elecciones por venir encontrará un Poder Judicial ya asignado por una década completa. Ningún órgano actual tiene legitimidad para comprometer al país por doce años. Y todos sabemos, por experiencia propia, que es infinitamente más barato suspender hoy que revertir mañana.
Lo que hemos propuesto
De ahí las medidas que el POC ha planteado y que reposan ya en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, del Departamento de Estado, de legisladores estadounidenses y de organismos internacionales:
Una moratoria legal —no un exhorto— sobre toda designación de magistrados y altas autoridades judiciales hasta que una Asamblea Nacional legítimamente electa proceda conforme a la Constitución, salvo que la Mesa utilice un medio constitucional para la designación. En el proceso de transición, hay que buscar las medidas para que haya funcionamiento regular de la justicia ordinaria con las garantías necesarias: amparos, hábeas corpus, causas laborales, penales, de familia y otras, siguen su curso sin interrupción.
Una Comisión Judicial de la Transición con plazo perentorio, extinción automática y competencias taxativas, que evalúe individualmente —con criterios públicos previos, derecho a la defensa y recurso— a los operadores de justicia. No una purga: una evaluación. Reforma judicial no es persecución política; la primera fortalece la democracia, la segunda la destruye.
Jueces designados por concurso público, abreviado en el tiempo pero íntegro en el procedimiento, tal como manda el artículo 255 de la Constitución, incumplido durante veintisiete años.
Una Ley de Tribunales en Transición que dé fuerza vinculante a todo lo anterior, en lugar de dejarlo librado a la buena voluntad.
Todo ello con acompañamiento internacional técnico y no sustitutivo. La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, que agrupa a la abogacía de veintidós países, ya ofreció formalmente observadores, metodología y expertos. Los observadores pueden estar presentes; los jueces los eligen los venezolanos.
Una precisión necesaria
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia señalaron en comunicado público que no participaron en el diseño ni en la construcción de esta mesa. Pero fueron igualmente claros en algo que conviene subrayar: no serán obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales, y evaluarán el proceso por sus logros concretos y verificables —recuperación institucional, liberación de los presos políticos, garantías sin exclusiones y un cronograma electoral oportuno.
Es una posición legítima y, a nuestro juicio, útil. Cualquier avance verificable en el camino de la libertad y de la institucionalización, que conduzca a elecciones con condiciones garantistas, será un beneficio para el pueblo venezolano. Ese es el criterio con el que también nosotros mediremos esta mesa.
Estaremos atentos
La plataforma social venezolana estará atenta al llamado de la Mesa y dispuesta a comparecer con propuestas, no con reclamos. Hemos hecho el trabajo técnico. Está escrito, está fundamentado en la Constitución —particularmente en su artículo 333, que impone a todo ciudadano, investido o no de autoridad, el deber de colaborar en el restablecimiento de la vigencia efectiva de la Carta Magna— y está a disposición de quienes se sentaron a negociar el futuro del país.
Solo pedimos que la justicia no se deje para después. Las transiciones se ganan o se pierden en el Poder Judicial, y eso casi siempre se descubre demasiado tarde.
Fecha: 01/08/2026
