Por Rafael Veloz García / @rafaelvelozg Rafael Veloz García. Abogado Constitucionalista | Presidente Fundador de CONFEPUV | Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC). Ex Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), Washington , USA | Vice Pdte en funciones de la Unión de Colegios de Abogados Iberoamericanos, UIBA, (Madrid, España). Diputado Nacional 2015. I. UNA CARTA QUE NO DEBERÍA SER NECESARIA El 14 de junio de 2026, el Programa de Organización Ciudadana (POC), la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI) dirigieron una comunicación formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En su esencia es un informe de situación. Y ese informe dice algo que el mundo preferiría no escuchar: que en Venezuela, a más de cinco meses del 3 de enero de 2026, los derechos fundamentales siguen sin estar garantizados. Una carta al Alto Comisionado de la ONU es, por definición, un recurso de último nivel. Se acude a ese mecanismo cuando los recursos internos han fallado, cuando las instituciones nacionales no protegen, cuando el Estado no responde. Que organizaciones civiles venezolanas deban seguir escribiéndola en 2026 es, por sí solo, un veredicto sobre el estado real de la transición. II. LO QUE EL CAMBIO POLÍTICO NO CAMBIÓ La carta es explícita: a pesar de los acontecimientos del 3 de enero, “no se han registrado mejoras significativas en la protección de los derechos fundamentales, la independencia judicial, la rendición de cuentas ni en las condiciones humanitarias.” Organismos como la propia Oficina del Alto Comisionado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y múltiples organizaciones internacionales continúan documentando el mismo patrón: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones al espacio cívico, violaciones al debido proceso y ataques sistemáticos contra defensores de derechoshumanos. El rasgo más inquietante no es la persistencia de los abusos —lamentablemente previsible dado el peso de las estructuras institucionales heredadas— sino la ausencia de recursos judiciales efectivos para combatirlos. La Misión de la ONU ya había concluido, antes del cambio de gobierno, que el sistema de justicia venezolano ha funcionado como herramienta de represión política y como facilitador de la impunidad. Esa conclusión no ha sido revertida por los hechos posteriores. “La preocupación estructural sigue siendo la preservación de un entramado institucional que ignora de manera sistemática las decisiones y recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, dejando a las víctimas en total desamparo.” — Carta al Alto Comisionado Türk, 14 de junio de 2026 III. LOS NOMBRES DEL PROBLEMA: IMPUNIDAD CON ROSTROS CONCRETOS La carta no se limita a señalar fallas sistémicas abstractas. Señala casos concretos, cuya resolución el Estado venezolano ha ignorado. Las organizaciones firmantes advierten que personas vinculadas a prácticas judiciales contrarias a las obligaciones internacionales del país estarían siendo consideradas para cargos de mayor autoridad dentro del poder judicial. Promover a quienes aplicaron la justicia como instrumento de represión no es reforma: es ratificación. El caso de Larry Devoe Márquez resulta igualmente revelador. Su designación como Fiscal General fue cuestionada públicamente por el senador estadounidense Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, así como por organizaciones nacionales e internacionales. A pesar de ello, fue designado presidente del Consejo Moral Republicano. La señal institucional es inequívoca: las objeciones internacionales sobre integridad no modifican las decisiones de nombramiento. Esto importa porque la transición de un sistema autoritario a uno democrático no se mide solo por quién ocupa la presidencia. Se mide, sobre todo, por quiénes controlan los instrumentos del Estado que afectan directamente la vida de los ciudadanos: los fiscales, los jueces, los cuerpos de seguridad. En esos espacios, el cambio documentado ha sido mínimo. IV. LA CRISIS HUMANITARIA QUE LOS ACUERDOS NO RESUELVEN Paralelamente a la dimensión política, la carta subraya una realidad que los titulares sobrenegociaciones petroleras y reestructuración de deuda tienden a invisibilizar: Venezuela vive todavía una grave crisis humanitaria compleja. El acceso a la alimentación, la atención médica, los servicios públicos básicos y las oportunidades económicas elementales sigue siendo crítico para millones de personas, especialmente para los sectores más vulnerables: niños, comunidades indígenas y poblaciones en regiones remotas. En el sur del país, el Arco Minero del Orinoco concentra uno de los desastres ambientales yhumanitarios más documentados y menos atendidos del continente. La minería ilegal ha causado daños que diversas organizaciones califican de irreparables a la biodiversidad de una de las regiones ecológicamente más ricas del planeta. Las comunidades indígenas que habitan esos territorios enfrentan desplazamiento forzado, erosión cultural y, en los casos más graves, amenazas existenciales directas. Sus derechos colectivos y la integridad de sus territorios ancestrales están siendo vulnerados de forma sistemática y continua. V. LOS NÚMEROS QUE NO ADMITEN INTERPRETACIÓN Para quienes prefieren los datos a las narrativas, la carta ofrece dos referencias que no dejan espacio para la ambigüedad. El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project ubica a Venezuela en el puesto 143 de 143 países evaluados: el último lugar global en límites al poder gubernamental, garantías de justicia y protección de derechos fundamentales. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional mantiene al país en los puestos de mayor opacidad institucional y menor rendición de cuentas a nivel mundial. Estos indicadores no miden el pasado de Maduro. Miden el presente. Son la fotografía del momento en que las organizaciones civiles venezolanas escriben a la ONU para pedir que no abandone su mandatode protección. VI. LO QUE LE PEDIMOS A LA ONU — Y LO QUE LE PEDIMOS AL MUNDO Las organizaciones firmantes urgen al Alto Comisionado Türk a mantener y fortalecer el compromiso de su oficina con Venezuela: informes públicos, gestiones diplomáticas, asistencia técnica y coordinación con los órganos competentes de las Naciones Unidas. Las prioridades enunciadas son concretas y urgentes: restaurar la independencia e imparcialidad del poder judicial; garantizar el cumplimiento de las obligaciones y decisiones internacionales; proteger a defensores

Rafael Veloz. Abogado Constitucionalista | Ex Presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) | Primer Vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (22 países) | Presidente Fundador de CONFEPUV | Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC). Diputado Nacional 2015. Miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular Hay semanas en las que el pulso de Venezuela late con más fuerza. Esta es una de ellas. Mientras la dirigencia nacional, estadal e internacional de Voluntad Popular celebra su convención después de un período en que la persecución del régimen impedía que las organizaciones políticas, reunieran con normalidad, el Comando ConVzla acaba de hacer público el Manifiesto de Panamá —firmado por María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia— que traza la ruta concreta hacia una elección presidencial libre, transparente y con observación internacional. Dos eventos que, leídos juntos, muestran que la Venezuela democrática no se rindió ni en los años más duros, y que hoy avanza con más organización, más unidad y más claridad de propósito que en ningún momento anterior de estos veintisiete años de lucha. Voluntad Popular: lo que significa esta convención para Venezuela Voluntad Popular no es solo un partido político. Es una generación. Fundada en 2009 por Leopoldo López junto a líderes políticos y sociales. Me correspondió acompañar en su fundación, pero debo recordar que ha sido el único partido político en la historia de la república, que nació fruto de unas elecciones abiertas donde podía participar cualquier venezolano inscrito en el registro electoral permanente. Nació con una convicción que el tiempo ha confirmado: que el cambio en Venezuela no vendría de las élites tradicionales sino de una nueva ciudadanía organizada, formada y comprometida con los valores democráticos. Lo que siguió fue una historia de coraje y persecución sin precedentes donde sus líderes nacionales y estadales fueron forzados a salir del país o pasar a la clandestinidad. Sin embargo, nunca dejaron de trabajar. La diáspora de Voluntad Popular se convirtió en una plataforma de denuncia internacional, de presión diplomática y de construcción política que mantuvo encendida la llama democrática en los momentos más oscuros. La convención de esta semana tiene, por tanto, un significado que va más allá de lo organizativo. Es la demostración de que una organización política puede sobrevivir a la represión más brutal, mantener su identidad, renovar su liderazgo y salir más cohesionada. Eso es lo que Venezuela necesita ver en este momento de pre-transición: que los partidos democráticos son instituciones con raíces, no estructuras de conveniencia que se disuelven cuando la presión arrecia. El aporte de Voluntad Popular al proceso que el Manifiesto de Panamá abre es triple: primero, una red territorial nacional e internacional curtida en las condiciones más adversas, que conoce los municipios, los sectores populares y la diáspora venezolana como ninguna otra organización; segundo, una generación de liderazgo joven —hoy en la madurez de su experiencia— que ha demostrado capacidad de acción internacional, de resistencia y de propuesta técnica; y tercero, una cultura política de organización desde abajo, las redes populares, electorales y estructuras de base, que es exactamente el modelo que el Manifiesto de Panamá pide para el Gran Acuerdo Nacional. El Manifiesto de Panamá: la hoja de ruta que la sociedad civil espera El Manifiesto de Panamá establece dos procesos simultáneos que no pueden ser secuenciales: una negociación política seria con el régimen interino para restaurar la democracia, liderada por María Corina Machado y acompañada por el gobierno de los Estados Unidos bajo el Plan de Tres Fases del Secretario Marco Rubio; y la construcción de un Gran Acuerdo Nacional que convoque a todos los sectores —partidos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos de la diáspora— bajo la coordinación de Machado. El propósito central es claro: una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías que dictan la Constitución y la ley, con un nuevo CNE integrado por personalidades independientes y con observación internacional. No es un documento de intenciones. Es un compromiso público firmado ante Venezuela y la comunidad internacional. Y su fuerza no está solo en las firmas que lo respaldan, sino en la claridad de lo que exige como condiciones previas: liberación plena de todos los presos políticos, retorno seguro de los exiliados y desmantelamiento del aparato represivo. El POC en la pre-transición: organizar, conectar, construir En este contexto, el Programa de Organización Ciudadana tiene una responsabilidadespecífica y diferenciada dentro del Gran Acuerdo Nacional que el Manifiesto convoca. No es un partido político y no aspira a serlo. Constituye la más amplia articulación de la sociedad civil organizada: líderes de colegios profesionales, sindicatos independientes, jubilados, líderes vecinales, productores del campo, docentes universitarios, laicos de organizaciones religiosas. La función es ser el puente entre esa ciudadanía activa y el liderazgo político que conduce la transición. Y en este momento, esa función tiene tres dimensiones concretas. La primera es organizativa: convocar asambleas ciudadanas en todos los estados para explicar el Manifiesto de Panamá, incorporar a nuevas organizaciones y conectar a los líderes locales con los equipos estadales del POC, que ya están activos en Monagas, Táchira, Barinas, Carabobo, Miranda, Yaracuy y otros estados. La segunda es técnica: avanzar con los equipos sectoriales —justicia, salud, educación, servicios públicos, sistema eléctrico, sector agroalimentario— en la elaboración de las propuestas programáticas que servirán de base para el gobierno que emerja del proceso electoral. La tercera es electoral: retomar y escalar el modelo de los comanditos y el Programa de Defensa del Voto, que el 28 de julio de 2024 puso a casi 3.000 abogados y más de 5.000 líderes sociales en los centros electorales. Voluntad Popular celebrando su convención y el Manifiesto de Panamá firmado ante el mundo son dos señales de la misma realidad: la Venezuela democrática está más organizada, más unida y más determinada que nunca. El régimen heredero puede designar fiscales, defensores y magistrados afines; puede lanzar consultas sobre reforma judicial conducidas por quienes destruyeron la justicia; puede anunciar reestructuraciones gubernamentales que

La Nueva Venezuela se construye con todos, desde el primer día Rafael Veloz. Abogado Constitucionalista | Ex Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), Washington , USA | Presidente Fundador de CONFEPUV | Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC). Vice Pdte en funciones de la Unión de Colegios de Abogados Iberoamericanos, UIBA, (Madrid, España). Diputado Nacional 2015. En Ciudad de Panamá, en mayo de 2026, las fuerzas democráticas venezolanas firmaron un documento que marca un hito en la larga lucha por la libertad: el Manifiesto de Panamá por el Gran Acuerdo Nacional y la Transición hacia la Democracia. Convocadas por María Corina Machado, la Plataforma Unitaria Democrática y la Alianza ConVzla —bajo el liderazgo conjunto de Machado y del embajador Edmundo González Urrutia, presidente electo por el mandato ciudadano del 28 de julio de 2024— las fuerzas democráticas asumieron ante Venezuela y la comunidad internacional dos compromisos simultáneos: impulsar una negociación política seria con el régimen interino para restaurar la democracia, y construir un Gran Acuerdo Nacional que convoque a ciudadanos, partidos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos y organizaciones sociales de dentro y fuera de la patria. El Programa de Organización Ciudadana, POC, la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela, CONFEPUV, el Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI, y más de 25 organizaciones de dentro y fuera de Venezuela, se suman con convicción a ese llamado. Este artículo es nuestro pronunciamiento público. El Manifiesto de Panamá es un documento de unidad y de acción. Su mérito principal no es declarativo: es estratégico. Por primera vez desde el 3 de enero de 2026, las fuerzas democráticas venezolanas presentan ante el mundo un curso de acción simultáneo y coherente: negociación política con el régimen interino para lograr una elección presidencial libre, transparente y con observación internacional; y construcción paralela de una gran alianza que le dé sustento social, económico y moral a la gobernabilidad democrática que Venezuela necesita. El Manifiesto reconoce el Plan de Tres Fases propuesto por el Secretario de Estado Marco Rubio como marco estratégico esencial y ratifica que el mandato ciudadano del 28 de julio de 2024 —ganado con el 70% de los votos por el embajador González Urrutia— es el punto de partida irreversible de cualquier ruta legítima. No hay transición posible que ignore esa voluntad soberana. El compromiso del POC, CONFEPUV y FAPI El Programa de Organización Ciudadana, junto a CONFEPUV y el Frente Amplio Profesional Internacional, en representación de más de 25 organizaciones sociales de venezolanos dentro y fuera del país, asumimos el Manifiesto de Panamá como nuestra hoja de ruta. Lo asumimos porque es el resultado de la unidad que hemos venido construyendo desde el 28 de julio de 2024, cuando casi 3.000 abogados y más de 5.000 líderes sociales formados por el POC estuvieron en los centros electorales defendiendo las actas. Lo asumimos porque venimos trabajando desde hace más de 2 años, en el diagnóstico con soluciones en las materias más importantes de políticas públicas.  Lo asumimos porque la sociedad civil organizada no puede ser observadora de la transición: tiene que ser protagonista. Y lo asumimos porque el Gran Acuerdo Nacional que el Manifiesto convoca es exactamente la arquitectura que el POC ha venido construyendo desde enero de 2014: una plataforma que integra a líderes de colegios profesionales, sindicatos, organizaciones de trabajadores, productores del campo, jubilados, líderes vecinales, docentes universitarios, comunidades religiosas y jóvenes que no se rinden. Nuestra primera acción concreta en respuesta al Manifiesto de Panamá es la convocatoria de asambleas ciudadanas en todos los estados del país y en las comunidades venezolanas del exterior. En esas asambleas —que ya comenzamos a coordinar con los equipos estadales del POC activados en Monagas, Táchira, Barinas, Carabobo, Miranda, Yaracuy y otros estados— explicaremos los compromisos del Manifiesto. Estas asambleas no son actos simbólicos. Son el mecanismo de consulta ciudadana permanente que el Manifiesto exige para garantizar que la voz del venezolano común —el que vive la crisis desde adentro, el que no renuncia— sea parte real del Gran Acuerdo Nacional. La emergencia humanitaria no puede esperar: recursos del petróleo para el pueblo El Manifiesto es explícito: la emergencia humanitaria que padecen los venezolanos no admite dilaciones. Venezuela recibe hoy recursos del petróleo que no pueden seguir siendo desviados ni dilapidados por los herederos del régimen. Esos recursos deben ir al pueblo venezolano: para estabilizar los servicios públicos, la electricidad y el agua; para atender de manera urgente a los adultos mayores que sobreviven con 27 centavos de dólar diario, a los niños que padecen desnutrición, a los pueblos indígenas en riesgo. El POC y CONFEPUV hacemos un llamado concreto en la rueda de prensa de esta semana: que de manera urgente se inicie un programa humanitario para los sectores vulnerables, hasta que asuman las autoridades legítimas luego de las elecciones presidenciales que nos comprometemos a impulsar;  que se permita la entrada a Venezuela de los insumos que organizaciones de venezolanos en el exterior han reunido con esfuerzo propio —Pedro Correa / Fundación Venezuelan Human Rights (Washington DC-Virginia), Marisol Diéguez / Programa Ayuda Humanitaria para Venezuela (PAHV/Miami Fl.), Ana Chalita / Fundación Ven Conmigo (Richmond, VA), Marco Cardozo, Oli Castiglia / Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI/New York), el Programa Ayuda Humanitaria para Venezuela en Miami y otras fundaciones activas en Florida— y que la logística necesaria para trasladar ese material a los sectores vulnerables sea sufragada con los recursos petroleros que le pertenecen al país. La emergencia humanitaria y el proceso electoral avanzan en paralelo: ninguno espera al otro. Equipos sectoriales y estadales: construyendo la Nueva Venezuela desde hoy El Gran Acuerdo Nacional que el Manifiesto de Panamá convoca, no comienza el día que haya elecciones. Para el POC y muchos venezolanos venimos trabajando hace más de 2 años. El POC avanza con los líderes de la mayoría de los colegios profesionales del país —abogados, ingenieros, médicos, enfermeras, contadores, administradores— en el fortalecimiento de los equipos sectoriales y estadales que trabajan en

Lo que Chevron, Repsol y sus socios necesitan entender antes de firmar el próximo contrato en Venezuela Rafael Veloz. Ex Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas | Ex Presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) | Presidente Fundador de CONFEPUV | Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC). Diputado electo a la Asamblea Nacional 2015. Venezuela produce hoy más de 900.000 barriles diarios de petróleo. Chevron opera en el país bajo licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Repsol, Eni, Shell y British Petroleum mantienen acuerdos activos. La inversión extranjera regresa. Y sin embargo, el sistema de justicia que va a resolver las controversias de esas inversiones —los contratos de suministro, los conflictos laborales con los tercerizados, los litigios con proveedores de transporte y servicios, las disputas entre socios— es exactamente el mismo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó en su Informe de Derechos Humanos 2024 como un sistema donde “no se tomaron medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos de derechos humanos”. Esa paradoja no es un detalle administrativo. Es el mayor riesgo no declarado de la economía venezolana en la pre-transición. El informe del Departamento de Estado documenta con precisión lo que el sistema de justicia venezolano ha sido y sigue siendo: un instrumento del poder ejecutivo, no un árbitro independiente. Detenciones arbitrarias, torturas documentadas por el SEBIN y la DGCIM, desapariciones forzadas, restricciones sindicales sistemáticas, 361 muertes registradas por el Monitor del Uso de la Fuerza Letal solo entre enero y agosto de 2024, ningún funcionario sancionado. El informe constata además que el 47% de la población activa trabaja en la economía informal, donde la ley laboral no se aplica, y que los sindicatos independientes son hostigados, sus líderes detenidos —como el profesor Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Educación, arrestado en enero de 2024— y sus elecciones intervenidas por el Consejo Nacional Electoral. Un juez o magistrado formado en ese sistema, nombrado por ese sistema y dependiente de ese sistema para mantener su cargo, no puede ser el árbitro confiable que ninguna inversión seria puede aceptar. El caso Bittar: un perfil que la comunidad inversora debe conocer El caso del magistrado Elías Rubén Bittar Escalona ilustra con precisión el problema estructural. Bittar fue designado magistrado de la Sala de Casación Social del TSJ el 26 de abril de 2022, en la misma operación que instaló a Edgar Gavidia Rodríguez —excuñado de Cilia Flores— como presidente de esa sala. Su historial es relevante: fue imputado en 2002 por el Ministerio Público por presunta vinculación con el Decreto Carmona del 11 de abril de ese año; trabajó como asesor jurídico del canal RCTV durante los años en que ese medio fue perseguido y finalmente cerrado por el régimen; y según organizaciones de derechos humanos que han documentado su actuación judicial, está vinculado al caso CCPR 2085/2011 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el que se constatan violaciones al debido proceso y a las garantías de independencia judicial en Venezuela. La Sala de Casación Social que integra Bittar es, precisamente, la sala que resuelve los conflictos laborales y de seguridad social: es decir, las controversias que surgen de los contratos con trabajadores, tercerizados y proveedores de servicios que rodean a cualquier operación petrolera o minera de escala. Peor aún: el exfiscal en el exilio Zair Mundaray reveló el 29 de abril que Bittar figura como candidato principal para presidir el TSJ en el marco del proceso de ampliación de 20 a 32 magistrados que la Asamblea Nacional —que usurpa funciones legislativas— está llevando a cabo esta semana. Si eso ocurre, un magistrado con ese perfil pasaría a presidir la institución que es el vértice del sistema de justicia venezolano, justo cuando las inversiones extranjeras en petróleo, gas, minería y electricidad están en plena expansión. Se está aplicando el aumento de magistrados a 32: siete en la Sala Constitucional, cinco en cada una de las restantes seis salas. Reducirlo a 20 en 2022 fue inconstitucional. Ampliarlo de nuevo a 32 ahora no es una reforma: es completar la captura política de todo el Poder Judicial bajo la nueva hegemonía. El riesgo que nadie está nombrando en las salas de juntas Las empresas que operan hoy en Venezuela enfrentan un riesgo jurídico que sus asesores legales conocen pero que raramente se menciona en los comunicados de prensa de las juntas directivas: cualquier controversia que surja de sus operaciones —un conflicto con un proveedor de transporte, un litigio laboral con trabajadores tercerizados, una disputa contractual con un socio local, una expropiación de facto de activos— va a resolverse en un tribunal donde la independencia judicial no está garantizada. Al inicio de la pre-transición se estableció que las diferencias en materia de inversión y comercio podrían ventilarse ante tribunales norteamericanos bajo legislación de Estados Unidos. Pero esa cobertura alcanza solo los contratos principales entre las grandes corporaciones y el Estado venezolano. No cubre la vastísima cadena de relaciones jurídicas secundarias: los contratos de alimentación, mantenimiento, seguridad privada, logística y servicios que rodean a cualquier operación extractiva de escala y que en Venezuela involucran a decenas de miles de trabajadores y cientos de empresas locales. Todas esas relaciones quedan expuestas al sistema de justicia venezolano tal como existe hoy. Organizaciones especializadas en riesgo empresarial y diplomáticos con experiencia en Venezuela han alertado de manera creciente sobre este punto: la permanencia de figuras judiciales comprometidas con el régimen anterior —y señaladas en expedientes internacionales de derechos humanos— en posiciones clave del Poder Judicial representa una exposición de riesgo concreta para cualquier operación que dependa de la resolución judicial de conflictos. No se trata de una preocupación abstracta por los valores democráticos. Se trata de una variable de costo real: un laudo arbitral obtenido en Madrid o en Miami puede ser imposible de ejecutar sobre activos localizados en Venezuela si los tribunales venezolanos que deben reconocerlo están controlados políticamente. Venezuela salió del CIADI en

Emergencia humanitaria ya, ruta electoral en marcha: la propuesta del POC, CONFEPUV y FAPI para los venezolanos que no pueden esperar un año Rafael Veloz. Ex Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y de la  Presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) | Presidente Fundador de CONFEPUV | Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC). Diputado electo de la Asamblea Nacional 2015.  Venezuela vive hoy una etapa que podríamos llamar de pre-transición: el régimen heredero de Maduro está en pie, las instituciones siguen capturadas, pero el escenario político ha cambiado de manera irreversible desde el 3 de enero de 2026. El Secretario de Estado Marco Rubio ha trazado una hoja de ruta de tres fases —estabilización, recuperación económica y elecciones libres— que constituye el marco de referencia internacional. La Plataforma Unitaria Democrática, por su parte, ha detallado un plan en tres etapas que parte del restablecimiento de garantías políticas y culmina en comicios en todos los niveles del Estado. Y María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, ha señalado con claridad que un proceso electoral con votación manual y condiciones reales puede completarse en nueve o diez meses, siempre que se inicie cuanto antes. El problema es ese precisamente: que no ha comenzado. La razón de esa demora no es técnica ni logística. Es política. En veintisiete años de destrucción institucional, el régimen tuvo siempre una sola prioridad: mantenerse en el poder bajo cualquier excusa. Esa lógica no desaparece con la extracción de Maduro. Los herederos del sistema —quienes hoy designan fiscales, defensores y magistrados con las mismas caras del aparato anterior— no tienen ningún interés genuino en convocar unas elecciones que saben que perderían con la misma contundencia del 28 de julio de 2024, cuando el embajador Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. Como bien señaló el propio González Urrutia en declaraciones recientes: “Las estructuras de control no desaparecen solas. Todo eso sigue ahí, adaptándose, buscando sobrevivir.” Eso es exactamente lo que estamos viendo: adaptación y supervivencia del sistema, no transición. Pero mientras el régimen maniobra para ganar tiempo, millones de venezolanos no tienen ese tiempo. El Manifiesto por la Ruta Electoral y la Emergencia Humanitaria suscrito el 23 de abril de 2026 por el Programa de Organización Ciudadana, la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela y el Frente Amplio Profesional Internacional —en representación de más de 25 organizaciones de dentro y fuera del país— parte de una verdad que no puede postergarse: los pensionados venezolanos sobreviven con 130 bolívares mensuales, equivalentes a 0,27 dólares, frente a una canasta básica que supera los 692 dólares según el CENDAS de marzo de 2026. El 29,5% de los niños monitoreados por Cáritas Venezuela presenta desnutrición aguda o riesgo. El 76% de las familias enfrenta inseguridad alimentaria. Y en el Alto Orinoco, el informe Provea-Wayamoutheri confirma que el 3% de la población indígena está en riesgo de extinción física y cultural. Esas personas no pueden esperar nueve meses. No pueden esperar un año. Dos urgencias paralelas, no secuenciales El Manifiesto establece con claridad un principio que resulta fundamental para entender la propuesta: la emergencia humanitaria y el proceso electoral son paralelos, no secuenciales. No puede decírsele al niño desnutrido, al pensionado que sobrevive con 27 centavos de dólar diario, al indígena amenazado por la minería ilegal que espere a que haya elecciones para que su situación mejore. Por eso el POC, CONFEPUV y FAPI proponen activar de forma inmediata un programa de atención prioritaria para los sectores más vulnerables a través de las organizaciones con presencia real en los territorios: Cáritas Venezuela y las redes de las más de 25 organizaciones que integran el movimiento. Esto requiere el reconocimiento oficial de la crisis humanitaria como emergencia nacional, un encuentro de alto nivel con los gobiernos aliados —en particular el de los Estados Unidos— y la habilitación de la cooperación internacional para articular un Plan de Emergencia y Cooperación Nacional. No es caridad. Es la obligación básica que tiene cualquier Estado hacia sus ciudadanos más vulnerables. Lo que puede avanzar sin esperar al CNE Sobre la ruta electoral, el Manifiesto hace una distinción que es técnica y políticamente decisiva: hay acciones que pueden y deben iniciarse sin esperar la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. María Corina Machado lo ha ratificado esta semana al exigir la renovación del CNE “lo antes posible” como paso imprescindible, pero subrayando que entretanto no puede haber inacción. El POC identifica cuatro medidas que pueden comenzar ahora mismo: primero, la auditoría y actualización del Registro Electoral Permanente, para garantizar la incorporación de nuevos votantes; segundo, el inicio del proceso de inscripción de venezolanos en el exterior, lo que requiere reformas reglamentarias que eliminen el requisito de legalización consular —insostenible con más de cuatro millones de venezolanos en países donde Venezuela tiene presencia consular mínima—; tercero, los acuerdos anticipados con veedores internacionales para una observación que acompañe todo el proceso, no solo el día de la votación; y cuarto, el cese inmediato de todas las inhabilitaciones políticas y la devolución de los símbolos y tarjetas a los partidos legítimos. En paralelo a las medidas institucionales, el POC propone dos acciones de organización ciudadana que son el eje de su modelo probado el 28 de julio de 2024. La primera es la reactivación de los comanditos —la célula básica de organización familiar y comunitaria— como instrumento para ordenar la participación social en los procesos electorales y coordinar la distribución de asistencia humanitaria en los territorios. Los comanditos son el puente concreto entre la dirigencia y el venezolano en el sector popular que vive la crisis cada día. La segunda es el inicio inmediato del Programa de Defensa del Voto: el reclutamiento y adiestramiento jurídico-electoral de más de 15.797 abogados y estudiantes de Derecho en todo el país, replicando y escalando la experiencia que el 28 de julio de 2024 puso a casi 3.000 abogados en los centros electorales defendiendo las actas. Ese programa fue determinante en 2024.