Tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero de 2026, y el inicio de un escenario político sin precedentes, desde el Programa de Organización Ciudadana (POC), el Frente Amplio de Profesionales Internacionales (FAPI) y la Confederación de Profesionales de Venezuela (CONFEPUV), anunciamos el “Plan de Acción Ciudadana para la Transición y Democratización de Venezuela”. Este plan, basado en la propuesta técnica del politólogo John Magdaleno, busca transformar la esperanza ciudadana en una organización social efectiva que garantice un cambio de gobierno definitivo hacia la libertad y la dignidad. Más allá de la captura, aunque la extracción de Maduro representa un hito existe un riesgo de reversión al sistema político anterior, pues la historia demuestra que el camino a la democracia es complejo. Según el estudio en el que se evaluaron 383 casos de transiciones ocurridas entre 1900 y 2019, casi el 60% de los intentos fallaron y regresaron al autoritarismo. Que se vaya un líder no garantiza el fin del sistema; necesitamos una transición que “no tenga vuelta atrás”, tal como lo anuncia la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La dignidad humana debe ser el principio rector de esa nueva República. María Corina Machado en una rueda de prensa en Oslo, Noruega vía Reuters La coyuntura actual está marcada por una estrategia de Estados Unidos -expresada por el Secretario de Estado Marco Rubio- que se divide en tres fases: Estabilización (control de recursos y orden), Recuperación (reintegración económica y amnistías) y Transición (transformación política interna). Sin embargo, la presión internacional, aunque fundamental, solo explica el 13% de los casos exitosos; el 51% de las transiciones exitosas son promovidas desde adentro mediante la movilización y articulación interna. La “Sinfonía del Cambio”: El rol de cada sector El Plan de Acción Ciudadana propone que la transición no sea la obra de un “héroe solitario”, sino una orquesta donde cada sector social toque su nota para alcanzar el umbral del 3.5% de activación ciudadana necesaria para forzar un cambio real. Cada sector debe cumplir su rol. Señalo algunos ejemplos en el marco de la labor que han venido haciendo 22 sectores desde hace más de 2 años: Sector Justicia (abogados, académicos, ex-funcionarios judiciales): Deben liderar la fase de liberalización, haciendo las exigencias hacia una amnistía real, documentando sistemáticamente las detenciones arbitrarias, exigiendo la restitución de derechos y libertades y creando registros independientes de todos los presos políticos para forzar hechos que desmonten la represión. Ya hemos identificado las 29 “leyes” que el Parlamento usurpado ha dictado para construir el terrorismo de Estado, y que deben ser anuladas. Sector Educación: Los docentes y estudiantes pudieran tener la misión de preparar la socialización democrática, integrando lecciones sobre libertades civiles y usando las universidades para denunciar violaciones a la libertad académica. Sector Salud: los médicos y enfermeras deben documentar de forma independiente el impacto de la crisis en la población y organizar la vigilancia de la transparencia en la llegada de ayuda humanitaria. Sector Servicios e Infraestructura: Los gremios de Ingenieros, Arquitectos y Afines, deben impulsar a que el talento profesional venezolano sea incorporado al desarrollo de las obras en las distintas áreas técnicas del país en pro del impulso económico que se requiere en las distintas etapas guiadas hacia la democratización. Hacia una Venezuela “Tierra de Gracia” Esta ruta está alineada con el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, quienes han trazado la visión de una “Tierra de Gracia”. Además, se busca romper el “estancamiento” generado por el Decreto de Conmoción y la persecución real y digital del régimen post-Maduro, proponiendo validar garantías reales a través de una Mesa Tripartita de Acuerdos que incluya no solo a los factores del oficialismo y la mediación de EE. UU. Es vital la incorporación de las fuerzas democráticas legitimadas el pasado 28 de julio de 2024. La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, sino un derecho inherente”, conforme lo establece el Manifiesto de Libertad. María Corina Machado y Edmundo González Créditos: @RAUL ARBOLEDA La invitación es a todos los sectores sociales, gremios, sindicatos y ONGs, a organizarse bajo esta hoja de ruta para asegurar que esta vez la transición sea irreversible y permita a los 9 millones de venezolanos en el exterior regresar a una nación de prosperidad y justicia. La captura de Maduro removió la piedra angular, pero el edificio del autoritarismo no caerá solo. La democracia requiere un encadenamiento inteligente de acciones ciudadanas que transformen el silencio de las calles en un nuevo pacto social para la libertad definitiva. Si quieres conocer más sobre el Programa de Organización Ciudadana puedes ver el boletín Contacto Ciudadano Boletín Contacto Ciudadano Dr. Rafael Veloz Garcia. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Diputado 2015. Fundador de la Confederación de Profesionales de Venezuela, CONFEPUV. Fecha: 09/02/2026
Excarcelados sin libertad: la trampa de la amnistía y el desafío de la transición.
En Venezuela se ha instalado una peligrosa narrativa: la de las supuestas “liberaciones” de presos políticos como gesto de distensión. Sin embargo, quienes han salido de los calabozos no han recuperado la libertad. Solo han cambiado de jaula. El régimen ha perfeccionado una modalidad perversa: excarcelar sin liberar, sacar a la calle sin devolver derechos, permitir respirar sin permitir vivir. La mayoría de los presos políticos excarcelados permanecen bajo medidas cautelares arbitrarias: prohibición de salida del país, prohibición de declarar, limitaciones para ejercer actividades laborales o profesionales, obligación de presentación periódica ante organismos de seguridad. Estas condiciones los convierten en rehenes administrativos, en ciudadanos bajo custodia permanente del Estado represor. Son, literalmente, carne de cañón para nuevas extorsiones, nuevas detenciones, nuevas venganzas, si en algún punto de control policial alguien decide “reactivar” su expediente. No hay reinserción social posible cuando el Estado mantiene el control total sobre la vida del excarcelado. No hay libertad cuando el miedo sigue siendo el marco de existencia. En este contexto, Delcy Rodríguez —la usurpadora— ha anunciado la posibilidad de una “ley de amnistía” desde una Asamblea Nacional igualmente usurpada. El anuncio no es inocente. Forma parte del manual histórico del régimen: enredar, dilatar, ganar tiempo, simular concesiones para recomponer fuerzas. Ya conocemos el libreto. Fotografía X: @usembassyve Conviene entonces aclarar, con rigor jurídico, la diferencia entre los dos mecanismos que hoy se colocan sobre la mesa: el indulto y la amnistía. El indulto, previsto en el artículo 236 numeral 19 de la Constitución, es una atribución del Ejecutivo. Puede perdonar la pena o su ejecución, pero no borra el delito. El indultado sigue siendo culpable ante el sistema, conserva antecedentes penales y queda jurídicamente marcado. Es una gracia, no una restitución de derechos. La amnistía, en cambio, regulada en el artículo 236 ordinal 5°, tiene un efecto radicalmente distinto: extingue la acción penal y el delito mismo. Jurídicamente, es como si el hecho nunca hubiera existido. Elimina antecedentes, se aplica incluso a personas no sentenciadas y está diseñada para delitos políticos o conexos. La amnistía no es una concesión: es un acto de reparación institucional. Por eso resulta profundamente revelador —y alarmante— que uno de los “venenos” adelantados por Delcy Rodríguez sea la exclusión de los delitos de homicidio y crímenes de lesa humanidad. El régimen sabe exactamente lo que hace: más del 80 % de los presos políticos han sido inculpados falsamente por magnicidio o terrorismo, figuras fabricadas para cerrar cualquier salida jurídica real. No se trata de justicia, sino de ingeniería represiva. Pudieron anular juicios viciados, reconocer nulidades absolutas, restituir derechos de manera inmediata. No lo hicieron. Prefieren la táctica de siempre: administrar el conflicto, no resolverlo. Desde el Programa de Organización Ciudadana (POC) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI) insistimos en que el desmontaje del terrorismo de Estado no puede hacerse por partes ni con medidas cosméticas. Se requiere un programa sistémico, integral, coherente y sostenido en el tiempo. Protesta para la liberación de los presos políticos en Caracas Delcy Rodríguez anuncia el cierre del Helicoide, pero guarda silencio sobre la realidad más brutal: más de 100 centros de tortura en todo el país, muchos de ellos clandestinos. Solo por citar algunos datos: Zulia (9), Caracas (11), Miranda (14), Bolívar (8), Táchira y Yaracuy (6), entre otros. Hay decenas más que aún desconocemos. El terrorismo de Estado no se reduce a un edificio emblemático; es una red nacional de represión. El sector justicia del POC ya tiene adelantado el trabajo técnico para abrogar las leyes que sostienen el andamiaje represivo, así como para actuar contra las inhabilitaciones políticas que han sido usadas como arma de exclusión masiva. Pero somos conscientes de una verdad incómoda: este proceso tomará años. Y precisamente eso es lo que desea Delcy la “U”: cansar, desgastar, diluir la presión. La presión internacional y la movilización interna han obligado al régimen a confesar verdades que antes ocultaba. Una de ellas es devastadora: el 68,8 % de los presos políticos son personas pobres. La represión no es solo política; es clasista. Y aunque gran parte de esta maquinaria fue diseñada por el Cartel de los Soles, no puede olvidarse que desde 2018 Delcy Rodríguez ha sido responsable directa de organismos de tortura como el SEBIN y la DGCIM. Frente a este panorama, desde hace más de dos años se ha venido construyendo una plataforma social amplia, con el objetivo del restablecimiento de la Constitución de 1999, bajo el liderazgo de María Corina Machado. En ese espacio hemos trabajado con especialistas venezolanos y extranjeros para comprender con claridad el tipo de transición que estamos atravesando y, sobre todo, para formar cientos de facilitadores ciudadanos que hoy orientan, explican y organizan a la población mediante conversatorios presenciales y virtuales, dentro y fuera del país. Hoy observamos cómo la sucesora del Cartel de los Soles comienza, de forma aislada y controlada, a restituir algunos derechos. No por convicción, sino por presión. Nuestra tarea es lograr que los aliados internacionales y los actores internos comprendan que no basta con gestos parciales: se requiere la restitución plena de los derechos básicos para que la organización social pueda existir sin persecución. El instrumento por excelencia sigue siendo la movilización social, entendida en todas sus formas: conversatorios, denuncias, oración, protestas, acompañamiento ciudadano. Solo podremos avanzar hacia una rápida liberación política y civil si contamos con una dirección colegiada político-social, con metas claras de corto y mediano plazo. La amnistía verdadera —no la simulada— y el protagonismo de los líderes sociales son hoy los dos pilares de una transición real. Todo lo demás es dilación. Y Venezuela ya ha perdido demasiado tiempo. Rafael Veloz Garcia. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados. Diputado 2015. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC. Fecha: 03/02/2026
Movimiento estudiantil clama por liberación de presos políticos
Durante las últimas semanas, luego de la captura en Venezuela de Nicolás Maduro y su reclusión en una cárcel de Nueva York (EE. UU.) el 03 de enero de 2026, el movimiento estudiantil ha retomado un rol protagónico en el escenario público a través de las acciones de protesta que ha liderado exigiendo la liberación de los presos políticos. Con el objeto de recuperar espacios de disidencia perdidos, y posiblemente como parte del proceso de “transición” aparentemente iniciado, los estudiantes de universidades públicas y privadas en todo el país se han organizado para impulsar movilizaciones, asambleas y actividades que permitan visibilizar clamores de la sociedad civil. Universidad Central de Venezuela En estas acciones han participado estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad de Oriente (UDO); demostrando que se trata de demandas que trascienden fronteras regionales. Voceros del movimiento estudiantil señalaron que el reclamo trasciende las banderas partidistas y se inscribe en una defensa más amplia de los derechos civiles. “Nuestra lucha no es solo por quienes están privados de su libertad, sino por el derecho a disentir y expresarse sin miedo a represalias”, afirmó un representante estudiantil durante una asamblea realizada la semana pasada. Para ello, han organizado bloqueos simbólicos en los accesos principales de estos centros educativos, desplegando pupitres, pancartas con fotografías de compañeros y profesores presos y consignas que reclaman justicia y libertad plena. Además, han difundido comunicados y campañas en redes sociales para amplificar el alcance de sus demandas, apelando tanto a organismos nacionales como internacionales. En sus mensajes solicita la revisión de las causas judiciales, el cese de la persecución política y la liberación inmediata de personas detenidas de manera arbitraria. Particularmente, el 23 de enero de 2026 el movimiento estudiantil se movilizó en las principales ciudades del territorio nacional para pedir la liberación de todos los presos políticos detenidos por el régimen. Tales manifestaciones fueron pacíficas, pero estuvieron cargadas de un fuerte simbolismo y compromiso con la defensa de derechos fundamentales, lo que generó atención de la opinión pública nacional e internacional. El 27 de enero de 2026, grupos de jóvenes de la UCV encararon a Delcy Rodríguez, durante una visita a este campus en Caracas, exigiendo la liberación de los presos políticos restantes. El momento —captado en video y difundido ampliamente en redes sociales— mostró a estudiantes gritando consignas como “¡Liberen a todos!” y emplazando a las autoridades a actuar con urgencia frente a lo que consideran una injusticia prolongada. Video Usuario de X @Gbastidas Todo esto se produce en un contexto marcado por recientes excarcelaciones parciales anunciadas por el gobierno, tras gestiones internas y presiones internacionales. Según organizaciones como Foro Penal y reportes de agencias internacionales, cientos de personas han sido liberadas en las últimas semanas, pero aún quedarían cientos —según cifras de organizaciones opositoras, cerca de 946 presos políticos— que continúan detenidos bajo diversas causas y medidas restrictivas. Para los estudiantes, la lucha no solo se centra en la excarcelación formal de los detenidos, sino en denunciar que muchas de esas libertades se han otorgado con restricciones que mantienen a los excarcelados bajo vigilancia o sin plena garantía de derechos civiles. Esta percepción alimenta el descontento y reafirma la necesidad de acciones continuas hasta lograr lo que denominan “libertad total para todos los presos políticos”. Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios también han mostrado su apoyo al movimiento estudiantil. En días recientes, el cardenal Baltazar Porras se reunió con representantes universitarios para respaldar sus demandas, al tiempo que llamó a la reconciliación y al diálogo como vías para construir un futuro más justo para el país. No obstante, las protestas de los estudiantes se enfrentan a un escenario político fragmentado e incierto, donde los avances hacia la libertad plena de los presos políticos se perciben como insuficientes por amplios sectores sociales, y por otros como un requisito ineludible para que se pueda hablar de transición. En el centro de estas acciones yace un mensaje claro: la juventud venezolana —firme en su rol histórico como actor social y catalizador de cambios— no está dispuesta a resignarse ante arrestos que, consideran, vulneran sus libertades básicas y el derecho a pensar, expresarse y disentir sin miedo a represalias. FUENTES: Swissinfo.ch (21 de enero de 2026). Estudiantes exigen la libertad de presos políticos universitarios en Venezuela CNN Español (27 de enero de 2026). Estudiantes encaran a Delcy Rodríguez para exigir la liberación de presos políticos. N Digital (27 de enero de 2026). Estudiantes de Venezuela confrontan a Delcy Rodríguez y exigen la liberación de presos políticos. El País (España) (28 de enero de 2026). Un grupo de universitarios se encara con Delcy Rodríguez y le exige liberaciones en Venezuela: “Hay más de 200 jóvenes presos políticos”. Conciencia es Dignidad (30 de enero de 2026). Venezuela: Trump, Tutelaje Constituyente y Transición Fecha: 02/02/2026
Adultos mayores exigen conocer el destino de los fondos recaudados por la Ley de Protección de Pensiones
A propósito de celebrarse el Día Internacional del Adulto Mayor, el 1° de octubre, el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad realizó una manifestación a las puertas de la sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), en el estado Lara, para exigir un aumento en el monto de las pensiones, que se han deteriorado progresivamente desde hace 11 años y se mantienen desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes en la actualidad a 0,74 dólares mensuales. Durante la misma, los adultos mayores remitieron una carta al superintendente del Seniat, José David Cabello, pidiendo que explique por qué no se había producido ninguna mejora ni incremento en las pensiones desde la aprobación en mayo de 2024 de la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista”, mejor conocida como “Ley de Protección de Pensiones”, ni se conoce el destino de los fondos recaudados por este instrumento por más de un año. La Ley establece un 9% sobre los salarios y otras remuneraciones que pagan las empresas privadas como aporte para el fortalecimiento de las pensiones, pero los pensionados cuestionan dónde están los recursos que se han generado desde mayo de 2024 y exigen una explicación al ente recaudador. Pese a que esta ley promulgaba tiene como objeto el establecimiento de mecanismos para la “protección” de las pensiones de seguridad social (entendidas estas como aquellas prestaciones dinerarias de vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia previstas en la ley especial que regula la Seguridad Social), en la práctica no se mejoró la dramática situación económica, social y humanitaria en la que se encuentran las personas de la tercera edad en Venezuela. Tras su aprobación en 2024, ya varias organizaciones y juristas habían alertado las debilidades de ley. En este sentido, el abogado laboralista Ramón Alfredo Aguilar explicó que el texto legal no definía cómo “protegería” las pensiones, ni disponía de forma alguna un aumento o pago de las pensiones de seguridad social que garantiza la Constitución Nacional sino que, por el contrario, su finalidad parecía ser la creación de un tributo discriminatorio (que sólo será pagado por empleadores privados y no por el Estado, instituciones o empresas públicas) cuyos aportes no formarán parte del fondo de pensiones que ordena la Constitución y regulan las leyes de seguridad social, sino que iría directo al Fisco Nacional a través del SENIAT. Por su parte, Provea indicó en su oportunidad que esta Ley afectaría al sector privado, al aparato productivo y al propio consumidor, incidiendo en la disminución del empleo formal y en el aumento del costo de la vida; pero además, vulneraría el derecho a la Seguridad Social, porque los recursos destinados a su financiamiento dejarían de tener carácter parafiscal y los terminaría pagando el pueblo. Ante este panorama, era inminente la afectación que esta Ley podía producir al ser usada por el gobierno como instrumento fiscal para buscar recursos, pero sin precisar ningún beneficio para los pensionados y jubilados. FUENTES: El Pitazo ¿Dónde está el dinero recaudado por la Ley de Pensiones?: adultos mayores exigen respuesta al Seniat Moore Venezuela NUEVA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PENSIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Provea Ley de protección de pensiones: «El propósito principal no es ni proteger, ni amparar a los pensionados» AMS Abogados Nueva ley de protección de pensiones en Venezuela: Confisca, pero no protege TuGacetaOficial.com Fecha: 03/10/2025
Gremio docente exigió al MPPE cumplimiento de sus derechos laborales
El 25 de septiembre de 2025, las 17 organizaciones sindicales nacionales que forman parte de la II Convención Colectiva del magisterio venezolano suscribieron un comunicado dirigido al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, exigiéndole medidas inmediatas para salvaguardar los derechos laborales de los educadores, ante la gran cantidad de denuncias sobre irregularidades en el manejo de salarios, pensiones y licencias sindicales. El pronunciamiento surgió tras una reunión realizada el 19 de septiembre con la directora de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), Marlene Carolina Díaz Martínez, que en esa oportunidad fue la encargada de participar en representación del ministro. Los sindicatos -entre ellos cinco administrativos, tres obreros y nueve docentes- rechazaron la suspensión unilateral de sueldos y pensiones aplicada por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) desde 2022, al señalar que estas medidas vulneran el artículo 91 de la Constitución nacional y la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT). Entre sus principales demandas destacaron: Regularizar la migración de docentes al Ministerio de Educación con pleno pago de beneficios. Respetar el fuero y las licencias sindicales contempladas en la convención colectiva. Reactivar la negociación de la III convención colectiva, suspendida desde febrero de 2022, y restituir beneficios de la II. Garantizar el pago oportuno de nóminas, jubilaciones y prestaciones sociales. Aunque celebraron el restablecimiento del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Convención Colectiva, criticaron la aplicación unilateral de normativas internas sobre el Ipasme. Finalmente, propusieron la instalación de una mesa de diálogo con la participación del MPPE, la Inspectoría del Trabajo y las organizaciones gremiales. De no ser escuchados o no concretarse avances, advirtieron que podrían activar nuevas protestas durante el inicio del año escolar 2025-2026. Desde al menos 2018 los docentes mantienen una lucha contra el desmejoramiento de sus condiciones laborales, la falta de la discusión de la contratación colectiva y el llamado instructivo Onapre, que los dejó sin seguridad social ni laboral. Pese a las quejas y el paso de dos ministros, las demandas del gremio han sido ignoradas tanto por Yelitze Santaella como por Rodríguez. FUENTE: Efecto Cocuyo Sindicatos del magisterio exigen cumplimiento de derechos laborales Fecha: 29/09/2025
CIAM-CIAR y CIADI unen fuerzas para promover arbitraje de inversiones
El arbitraje de inversiones ha tomado un nuevo impulso con la suscripción de un convenio de cooperación entre el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid – Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAM-CIAR) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con el objeto de promover el uso del arbitraje, la conciliación, la mediación y otros métodos alternativos de resolución de controversias en el ámbito de las inversiones internacionales; estableciendo, además, un marco de colaboración para la divulgación de conocimientos sobre procedimientos de resolución de controversias, intercambio de información sobre nuevas tendencias y tecnologías, así como el apoyo en reuniones o procedimientos administrados por CIADI o el CIAM-CIAR. Martina Polasek, Secretaria General de CIADI, y José María Alonso, Presidente de CIAM-CIAR, fueron los encargados de firmar el acuerdo en representación de sus organizaciones, en un acto llevado a cabo en Madrid el 29 de mayo de 2025, en el cual destacaron que la unión de fuerzas entre ambos organismos arbitrales permitirá ofrecer servicios eficientes y de alta calidad. De igual forma, Polasek destacó que “ambas instituciones entienden que el uso más amplio del arbitraje, la mediación y métodos alternativos de resolución de disputas —a través de procedimientos justos y expeditos— aporta confianza y estabilidad a la inversión y el comercio internacional“. Por su parte, Alonso expresó que este convenio representa un paso firme hacia una colaboración institucional a largo plazo, y que no se trata solo de compartir instalaciones físicas, sino de combinar fortalezas en actividades académicas, publicaciones conjuntas, intercambio de conocimientos y alcance global, sino que refleja un reconocimiento mutuo entre instituciones comprometidas con la excelencia en la resolución de disputas internacionales. Este convenio institucional brinda a las partes involucradas en procedimientos CIADI la opción de celebrar audiencias en las instalaciones de CIAM-CIAR en Madrid, de acuerdo con el Artículo 63 del Convenio del CIADI. También se inscribe en una estrategia más amplia de colaboración interinstitucional, sumándose a los más de veinte acuerdos que CIAM-CIAR ha firmado con cortes e instituciones arbitrales nacionales e internacionales, y que consolidan su papel como un actor de referencia en la promoción del arbitraje como herramienta eficaz, moderna y fiable para la resolución de disputas en el plano internacional. FUENTES: CIAM-CIAR CIAM-CIAR y CIADI suscriben un convenio institucional para promover el uso del arbitraje en el ámbito de las inversiones CIADI CIADI y CIAM-CIAR forjan una alianza para fortalecer la resolución de disputas sobre inversiones internacionales Blog de José Carlos Fernández Rozas CIAM-CIAR y CIADI suscriben un convenio institucional para promover el uso del arbitraje en el ámbito de las inversiones (29 mayo 2025) Fecha: 24/09/2025
Una mano amiga para el migrante
Desde el Programa de Organización Ciudadana (POC) y del Frente Amplio Internacional (Fapi), en unión de una veintena de organismos de la sociedad civil dentro y fuera de Venezuela, hemos comprobado con mucha preocupación los padecimientos de más de 1,2 millones de compatriotas que residen actualmente en Estados Unidos, de los cuales 644.000 se encuentran amparados por el Programa de Permisos Humanitarios TPS, otros 350 mil con solicitud de asilos pendientes ante la Oficina USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos), encargada de supervisar la inmigración legal y los procesos de naturalización, así como un 10 % que tramita vías profesionales, según precisó la Corporación Papeles en Regla LLC). La actual administración de EE.UU. ejecuta una política que busca regularizar la situación migratoria, pues ciertamente, en el pasado, no hubo un adecuado trabajo que se tradujera en medidas que favorezcan la migración, sin afectar la seguridad de Estado. Días pasados la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció un sistema de aprehensiones y aperturas de nuevos centros de detención para migrantes en todo su país, cercano a las pistas de aterrizaje de los aeropuertos para la deportación. Algunas autoridades han llamado a este proceso como cruzada “anti-migrante”, pero ha quedado demostrado que un porcentaje pequeño de migrantes, han transgredido las normas. Lo atinado es ubicar a los infractores, pues no deben pagar “justos por pecadores”. Se optó por medidas generales que afectan a la gran mayoría que se vio forzada a buscar otros horizontes, pues la dictadura provocó la mayor crisis social, económica y política de la historia republicana. ¿En qué circunstancias, nos encontramos? Llegó a mis manos un escrito de solicitud de asilo de una joven venezolana que vive en Estados Unidos de Norteamérica. Sus tres escuetas páginas, adolece de todo rigor técnico y sin una prueba que avalen esa solicitud. Aunque no ostento la habilitación o el permiso para ejercer mi profesión de abogado en EE.UU., hay principios universales del derecho. Se trataba de un cuento creado por inteligencia artificial, sin prueba alguna. Luego que converso con ella, me informa que se trataba de una paralegal, que no demostró esa condición. Le cobró una cantidad importante de dinero y ciertamente la estafó. Este tipo de casos, pudiera ocurrir lo que llaman en la doctrina de EE.UU: “frivolidad” (fabricación deliberada de narrativas y elementos probatorios forjados), lo cual acarrea para el infractor, la exclusión de cualquier tipo de beneficios migratorios y posible consecuencias penales. Cuando empiezo a indagar en otros círculos de venezolanos, encuentro que la difícil situación de mis compatriotas, la angustia y desorientación en que se encuentran, los llevan a buscan cualquier persona que rellene la ficha del asilo. Recordemos que el procedimiento no se tramita a nivel de corte (tribunal), sino a través de un funcionario administrativo de migración, y de ahí que son buscados los paralegales para esas diligencias. Miles de venezolanos evalúan los medios para mantener el estatus legal, pues entraron a los EE.UU. por programas humanitarios como el TPS y el Parole, que está en revisión judicial. Por otra parte, se han incrementado de forma importante, las citaciones a entrevistas de asilo ante la USCIS. Por la indebida sustanciación de los asilos y falta de pruebas, un porcentaje cercano al 90% son rechazados. Los venezolanos representan el 14 % de todas las solicitud de asilo, y de ahí la importancia de contar con una debida orientación. Breves recomendaciones para mis caros venezolanos que viven en EE.UU. Me informan que el próximo martes 26 de agosto se abrirá un canal de WhatsApp con información de interés y validada, el cual considero de obligatoria consulta. Sin embargo, es necesario que tengan en cuenta lo siguiente: Indispensable que busquen abogados con licencia para el ejercicio, o paralegales acreditados. Existen abogados muy buenos y paralegales venezolanos que conocen la problemática política del país, y ello es necesario saber para la narrativa del asilo. Hay personas inescrupulosas que engañan con asilos sin fundamentos y sin pruebas. Hay que acudir a personas con credenciales. De igual manera recomiendo: 1. verificar las credenciales del abogado o paralegal, para determinar su grado de experiencia. No se puede confiar en aquel que promete resultados fáciles. 2.Participar en las clínicas migratorias virtuales que abrirá el programa de orientación migratoria para venezolanos que viven en EEE.UU. Todo aparecerá en el canal.El reconocido youtuber mexicano Peps Granados, con más de 650 mil seguidores, tiene un trabajo sobre los latinos más educados (profesionales) que viven en los EE.UU. Granados muestra un estudio que comparto con ustedes: voy de menos a más: 6to lugar, peruanos, con un 36 % de profesionales tomando en cuenta toda su población que vive en Estados Unidos. Le siguen: costarricenses, colombianos y panameños (38 %); chilenos (42%); cubanos (45%) y argentinos (46%). En el primer lugar se encuentran los venezolanos, con 57% de profesionales de toda su población que vive en EE.UU. De tal forma, que los venezolanos tienen las condiciones para optar a la visa profesional, y es el mejor medio, así como el más seguro. Deben acudir a una persona calificada para el trámite de migración. A todos ellos les sugiero, repito, que entren al canal WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029VbAium52975lKAMnYY1m), del programa de orientación, pues van a encontrar asesoría para conocer, sin costo, todo lo relativo a los trámites para regularizar su situación en los Estados Unidos. Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, Pdte de la Conferación de Profesionales de Venezuela, CONFEPUV. Canal de WhatsApp Fecha: 24/08/2025
CNP exige la liberación de 16 trabajadores de la prensa en el mes del periodista.
El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital, exigió este martes 17 de junio la liberación de al menos 16 trabajadores, en el marco de la conmemoración del Día del Periodista este mes. «#MesDelPeriodista | En Venezuela, 16 periodistas y trabajadores de la prensa están presos por cumplir con su labor o por alzar la voz en contra de las injusticias. Su lucha por la verdad nos inspira. ¡Exigimos su libertad! #LibertadDePrensa #LibertadDeOpinion», publicó la organización a través de su cuenta personal en X. La organización defensora de los derechos de los reporteros en Venezuela ha venido denunciando la encarcelación sistemática de los representantes del gremio y comunicadores críticos a la administración de Nicolás Maduro. El régimen utiliza sus organismos de represión para detener a los comunicadores con la excusa de que forman parte de presuntos planes de desestabilización. Fuente Fecha: 17/06/2025
CAM Santiago y CIAM-CIAR: Una asociación estratégica para potenciar el arbitraje internacional en Chile e Iberoamérica
El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago(“CAM Santiago”) y el Centro de Arbitraje Internacional de Madrid y Centro Iberoamericano de Arbitraje(“CIAM-CIAR”) han celebrado un acuerdo estratégico mediante el cual CIAM-CIAR gestionará todos los arbitrajes internacionales sometidos al CAM Santiago. Si bien el acuerdo podría parecer inicialmente una externalización de las funciones del CAM Santiago, lo que podría reducir su autoridad, esta interpretación es incorrecta. El acuerdo establece una auténtica asociación o integración entre el CAM Santiago y el CIAM-CIAR en materia de arbitraje internacional, lo que ofrece diversas ventajas a la comunidad arbitral atendida por el CAM Santiago y, en el futuro, a otros mercados iberoamericanos. Estos beneficios no sólo reforzarán la posición de Chile como sede destacada del arbitraje internacional, sino que también mejorarán la eficiencia y la calidad de los servicios de administración de casos del CAM Santiago. El CIAM-CIAR, reforzado por su alianza estratégica con el CAM Santiago, ofrece una plataforma robusta para el arbitraje internacional con un fuerte énfasis en Iberoamérica. Su transparente proceso de selección de árbitros, sus eficientes procedimientos abreviados, su exclusivo sistema opcional de impugnación de laudos y su sólida experiencia en la gestión de disputas en español y portugués, con árbitros con amplio conocimiento del derecho civil, lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan una resolución eficaz de disputas en la región. Además, esta asociación representa una excelente oportunidad para que el CAM Santiago, y potencialmente, otras instituciones arbitrales iberoamericanas, ofrezcan servicios sofisticados de administración de arbitraje en la región. Fuente Fecha: 31/05/2025
Venezuela se incorpora a Organización Internacional para la Mediación
Un comunicado de la Cancillería indicó que la OlMed es una “poderosa herramienta multilateral que marca un punto de inflexión en la construcción de un nuevo orden mundial justo, pacífico, multicéntrico y pluripolar”. Señaló que este es primer organismo intergubernamental dedicado de manera exclusiva a la mediación para la resolución de controversias internacionales y se fundamenta en principios esenciales como “el respeto a la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la buena fe y la seguridad jurídica”. La nota oficial indicó que esta iniciativa constituye un respaldo concreto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y “se levanta como un bastión frente a quienes pretenden socavar el multilateralismo y debilitar los espacios legítimos de diálogo entre las naciones”. Fuente Fecha: 30/05/2025
