Rafael Veloz Garcia. Abogado constitucionalista. Ex Presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, y de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), Presidente Fundador de CONFEPUV, Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC), Diputado electo a la Asamblea Nacional 2015 La muerte bajo custodia del Estado, la burocracia asesina y la deuda que la transición tiene con los presos políticos El 7 de mayo de 2026, el Ministerio para los Servicios Penitenciarios emitió un comunicado que informaba, con la frialdad de un formulario administrativo, que Víctor Hugo Quero Navas había fallecido el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas. Nueve meses después de su muerte. Dieciséis meses después de su detención. Y mientras su madre, Carmen Teresa Navas, de 83 años, recorría por sexta vez las puertas de El Rodeo I preguntando por él. El comunicado llegó solo cuando la presión de las organizaciones de derechos humanos y la viralización del caso en redes sociales hicieron insostenible el silencio. No por obligación moral del Estado. Ese detalle lo dice todo. Víctor Hugo Quero Navas tenía 51 años y vendía pantalones en el mercado de La Hoyada en Caracas. Sus amigos lo llamaban “el Ruso” por sus rasgos claros. Era el sostén de su madre: le pagaba las medicinas, los alimentos y los gastos del condominio. Funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar —la DGCIM, señalada por la Misión Internacional de la ONU y la Corte Penal Internacional como instrumento de represión— lo detuvieron el 1 de enero de 2025 en Plaza Venezuela. Llevaba hallacas y bombones para celebrar el Año Nuevo con su madre. Lo acusaron de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, conspiración y vínculos con la CIA. Un vendedor de jeans convertido en espía internacional. El absurdo no es accidental: es el método del régimen para justificar cualquier captura. Carmen Navas recorrió cárceles, tribunales, el CICPC, el Ministerio Público y el Ministerio Penitenciario durante más de dieciséis meses. La Defensoría del Pueblo le informó por escrito el 24 de octubre de 2025 que Víctor Hugo había sido trasladado al Rodeo I el día anterior. Para esa fecha, llevaba tres meses muerto. El dirigente de Voluntad Popular Carlos Azuaje denunció que fue torturado y sobrevivía con una dieta que agravaba problemas gástricos preexistentes. El Ministerio reconoció que fue trasladado al hospital el 15 de julio de 2025 con hemorragia digestiva y síndrome febril agudo. Diez días de atención médica tardía para una condición agravada durante meses. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, lo nombró con tres verbos que no admiten eufemismo: “Lo detuvo el régimen. Lo desaparecieron. Lo torturaron. Lo asesinaron.” En vísperas del Día de las Madres: el bien y el mal cara a cara Este caso llega a la conciencia del país en vísperas del Día de las Madres con una carga que va más allá de lo político y lo jurídico. María Corina Machado ha insistido, desde el inicio de esta larga lucha, en que Venezuela libra una batalla del bien contra el mal: no una guerra entre partidos ni entre ideologías, sino un enfrentamiento entre quienes defienden la dignidad humana y quienes la destruyen sistemáticamente. La imagen de Carmen Teresa Navas —una madre de 83 años, menuda, de cabello gris cuidadosamente recogido, recorriendo durante dieciséis meses las puertas de las cárceles con la foto de su hijo— es la encarnación más dolorosa y más pura de esa verdad. Hay en lo sucedido una perversión y una saña que trascienden la política: un Estado que no solo mata a un preso, sino que lo oculta, que miente a su madre anciana, que la culpa de no haber tramitado el formulario correcto. Ese nivel de crueldad no es burocrático. Es un mensaje deliberado de terror, destinado a que ninguna madre vuelva a preguntar. Es el mal en su expresión más desnuda. Desde el Programa de Organización Ciudadana hacemos un llamado fraterno y respetuoso a las iglesias y templos de Venezuela y del mundo donde haya venezolanos: que en este Día de las Madres se eleve una plegaria por el eterno descanso del alma de Víctor Hugo Quero Navas, y que Dios conceda fortaleza a su madre Carmen Teresa Navas, a todas las madres que hoy buscan a un hijo detenido, a todas las que ya saben que no van a encontrarlo vivo. Este sacrificio sobrenatural —porque no hay otra palabra para describir lo que Carmen Navas sostuvo durante dieciséis meses— no puede ser en vano. La fuerza espiritual del pueblo venezolano ha sido, a lo largo de estos veintiséis años de lucha, una de las reservas más profundas de la resistencia democrática. Y es esa fuerza la que nos dice que el bien, aunque tarde, prevalece. Que el cambio profundo que Venezuela necesita va más allá de lo electoral: es una transformación moral, institucional y espiritual de la nación entera. Lo que el camino a la transición debe a los presos políticos y a sus madres El periodista Juan Carlos Michinel Lombardi describió lo ocurrido con una frase que merece quedar en la memoria del país: acusar a una madre anciana de no haber “solicitado visita formal” para encontrar a su hijo muerto es “el colmo de la perversión burocrática”. Y tiene razón. Mientras Delcy Rodríguez firma acuerdos petroleros y anuncia bonos salariales presentados como señales de transición, Víctor Hugo Quero lleva muerto nueve meses en el sistema que esa misma transición heredó y no ha desmantelado. La Fiscalía 80 Nacional anunció la apertura de una investigación penal. La organización Justicia, Encuentro y Perdón exigió que sea independiente, conforme al Protocolo de Minnesota sobre Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. Provea exigió que se investigue la responsabilidad del ministro penitenciario Julio García Zerpa, del exfiscal Tarek William Saab y del exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz. La Conferencia Episcopal Venezolana condenó el caso y pidió al Papa León XIV interceder por los presos políticos. Foro Penal registra hoy 454 presos políticos activos. El
Rafael Veloz García: El trabajador venezolano le habla al país
No queremos bonos. Queremos Constitución, salario y Democracia Total Rafael Veloz. Abogado Constitucionalista | Ex Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Ex Presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) | Presidente Fundador de CONFEPUV. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC) El 1 de mayo de 2026, Día Internacional del Trabajador, Delcy Rodríguez anunció ante miles de chavistas congregados en Caracas que el “ingreso mínimo integral” subirá a 240 dólares mensuales. No dijo en cuánto quedará el salario mínimo base, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares —equivalentes hoy a menos de 30 centavos de dólar—. No porque se le haya olvidado: lo omitió deliberadamente. Porque el salario mínimo base genera derechos laborales: prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos, cotizaciones al seguro social. Los bonos, no. Y en esa distinción de dos palabras —ingreso versus salario— está escondida la mayor burla laboral de los últimos cuatro años. La Confederación General de Trabajadores de Venezuela lo dijo sin rodeos en su comunicado del 1 de mayo: percibir ingresos en lugar de salario equivale a la pérdida progresiva de las prestaciones sociales, la reducción real de los aguinaldos y la afectación directa del derecho a la seguridad social a largo plazo. Con una frase que resume el sentimiento de millones, la CGT escribió: “Ingreso es igual a no tener un futuro”. Y convocó a asambleas generales en cada puesto de trabajo para organizar la protesta desde la legalidad y la legitimidad. El dirigente Juan Pablo Guanipa fue más directo aún: “Los sueldos no van a crecer por decreto y la economía no va a recuperarse con un anuncio en la Gaceta Oficial”. El embajador Edmundo González Urrutia, Presidente electo, por su parte, lo puso en términos que todos entienden: “Trabajar en Venezuela no garantiza vivir, y eso no es normal”. El contexto que rodea este anuncio hace la burla aún más evidente. Venezuela acumuló una inflación oficial del 71,8% solo en el primer trimestre de 2026. El economista Asdrúbal Oliveros advirtió que cualquier incremento salarial debe sustentarse en productividad real para no reencender la hiperinflación. La Organización Internacional del Trabajo, reunida en Caracas en su quinta sesión de Diálogo Social a finales de abril, urgió al Estado venezolano a aplicar sin demora el método consensuado en 2023 para la fijación del salario mínimo conforme al Convenio 26 de la OIT, que Venezuela ratificó. Cuatro años después, el método sigue sin aplicarse. El salario sigue sin moverse. Y Delcy Rodríguez anuncia bonos —sin incidencia en los pasivos laborales— y los llama “el aumento más importante en los últimos años”. Mientras tanto, las transnacionales Chevron, Repsol, Eni, Shell y British Petroleum firman acuerdo tras acuerdo con Caracas. El dinero circula. Pero no le llega a quien trabaja. Lo que el artículo 91 de la Constitución ordena y el régimen ignora El artículo 91 de la Constitución Nacional de 1999 es inequívoco: todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Ese salario debe ser igual para trabajo igual, sin ningún tipo de discriminación. Y el Estado garantizará un salario mínimo vital que será ajustado cada año. No dice “ingreso mínimo integral”. No dice “bonos de guerra económica”. Dice salario. Y dice anualmente. Desde 2022 —cuatro años— ese mandato constitucional está siendo violado de manera sistemática y deliberada, primero por Maduro y ahora por quienes heredaron su estructura de poder. La Constitución que el chavismo redactó, aprobó y prometió defender es hoy el documento más incumplido del ordenamiento jurídico venezolano. Pero lo más significativo de este 1 de mayo no fue el anuncio de Delcy Rodríguez. Lo más significativo fue la respuesta de los trabajadores. Porque los sindicatos y organizaciones gremiales independientes no se limitaron a rechazar la cifra. Fueron más lejos: exigieron que la solución al problema salarial pase por la restauración del Estado de Derecho y por un proceso de legitimación de los poderes públicos. Es decir: los trabajadores venezolanos entendieron, antes que muchos analistas, que un salario digno es imposible sin un sistema de justicia independiente, sin un poder electoral legítimo, sin un parlamento que represente de verdad a los ciudadanos. El trabajador venezolano no está pidiendo solo más dinero. Está pidiendo Democracia Total. La misma dosis con distintas máscaras Este anuncio salarial no puede leerse de manera aislada. Forma parte de la misma trama de simulación democrática que hemos venido denunciando en estas páginas. En las últimas semanas, la Asamblea Nacional que usurpa funciones legislativas designó a Larry Devoe como Fiscal General y a Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo: dos fichas del rodriguismo en lugar de dos fichas del madurismo. Ahora se prepara la misma operación con el Tribunal Supremo de Justicia, del que ya fueron notificados de su jubilación seis magistrados afines a Cilia Flores. Y en paralelo, el anuncio salarial mantiene congelado el salario mínimo base mientras disfraza bonos sin incidencia laboral de “aumento histórico”. El método es siempre el mismo: cambiar la forma para no cambiar el fondo, mover fichas sin mover el tablero, anunciar con fanfarria lo que en realidad es una continuidad con otro nombre. La confesión más honesta de la semana vino, paradójicamente, de Diosdado Cabello, quien le echó un balde de agua fría a las expectativas salariales advirtiendo que el gobierno no puede imprimir dinero inorgánico para atender las demandas de los trabajadores. Tenía razón en el diagnóstico y mentía en el encuadre: el problema no es que no haya dinero. El problema es que el dinero que genera el petróleo venezolano no llega a los trabajadores porque el sistema está diseñado para que no llegue. Una economía donde el 80% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, donde el salario mínimo equivale a 27 centavos de dólar y donde las empresas transnacionales firman contratos millonarios no tiene un problema de escasez. Tiene un problema de estructura, de institucionalidad y de voluntad política. La propuesta de
EL TSJ EN MANOS DEL RODRIGUISMO
Por Rafael Veloz / @Rafael Veloz Garcìa Purga política, no reforma judicial. Lo que la CIDH ya documentó y Venezuela no puede ignorar Rafael Veloz García. Abogado Constitucionalista | Ex Presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Ex Presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) | Presidente Fundador de CONFEPUV. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana (POC). El 21 de abril de 2026, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo —esa que usurpa las funciones legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional electa en 2015— designó una comisión preliminar de once diputados para iniciar el proceso de renovación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El 24 de abril, apenas iniciado el proceso, el abogado Zair Mundaray reveló que ya habían sido notificados de su jubilación seis magistrados, entre ellos Maikel Moreno, expresidente del TSJ, y Edgar Gavidia Rodríguez, excuñado de Cilia Flores. La Asamblea abrió la recepción de candidatos para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales entre el 24 de abril y el 1 de mayo. El proceso oficial invoca los artículos 270 de la Constitución y 64, 65, 67 y 68 de la Ley Orgánica del TSJ. Todo parece institucional. Nada de lo que está ocurriendo lo es. Para entender lo que realmente está en juego, hay que leer este proceso en su contexto: no se está removiendo a magistrados por sus responsabilidades en graves violaciones de derechos humanos, ni porque una reforma estructural del Poder Judicial lo demande. Se están removiendo magistrados afines al madurismo-florismo para sustituirlos por magistrados afines al rodriguismo. El patrón es exactamente el mismo que se aplicó con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo: primero se fuerza la salida del operador comprometido con la fracción desplazada, luego se instala el operador de la nueva fracción dominante, y el aparato judicial sigue siendo un instrumento político. Cambia el dueño. No cambia la naturaleza. Lo que la CIDH documentó: veintiséis años de colapso judicial El Informe Anual 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobado el 17 de diciembre de 2025 y transmitido al Estado venezolano el 20 de enero de 2026 sin que éste presentara observaciones, dedica un capítulo extenso a la situación de la independencia judicial en Venezuela. Sus conclusiones son devastadoras y constituyen el marco que permite leer con rigor el proceso que hoy se anuncia. La CIDH advierte, de manera consistente y documentada, que en Venezuela no hay independencia judicial desde hace décadas. Esta ausencia ha permitido la concentración del poder público en el partido oficialista, ha producido corrupción sistémica y ha generado impunidad ante las violaciones más graves de derechos humanos, especialmente contra quienes disienten del régimen. La erosión de la independencia judicial, según la CIDH, se construyó sobre cuatro pilares: la alta provisionalidad de los jueces, el nombramiento irregular de las más altas autoridades judiciales, la ausencia de garantías de inamovilidad y la opacidad en el gobierno judicial. El dato más contundente: desde 1999 no se han convocado concursos públicos de oposición efectivos. Según la Comisión Internacional de Juristas, para 2019 solo el 14,7% de los jueces venezolanos eran titulares. El Estado no ha publicado cifras recientes, lo que por sí solo revela la intención: la provisionalidad es un mecanismo de control, no un estado transitorio. Un juez provisional depende de quien lo designó para conservar su cargo. Esa dependencia es la columna vertebral del sistema de justicia venezolano. En octubre de 2025, el propio TSJ aprobó una nueva normativa sobre jueces no titulares que la organización Acceso a la Justicia calificó de simulacro reformista: aunque menciona los concursos de oposición como requisito de estabilidad —tal como exige el artículo 255 de la Constitución Nacional—, en la práctica consolida la provisionalidad, pues los jueces siguen siendo designados y removidos directamente por la Comisión Judicial del TSJ. El artículo 36 de esa normativa permite cesar de inmediato a jueces no titulares, lo que contradice los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige independencia, estabilidad y protección frente a presiones externas. En síntesis: el TSJ legisló para hacer permanente lo que la Constitución prohíbe. El proceso de esta semana: las señales de alarma El abogado Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, advirtió esta semana que el proceso inicia con exactamente la misma falta de transparencia que caracterizó las designaciones de la Fiscalía y la Defensoría: al momento de convocar el Comité de Postulaciones, el régimen no ha informado cuántos magistrados serán sustituidos, a qué salas pertenecen, ni por qué razón concreta sale cada uno. Daniels lo calificó sin rodeos como «un mal augurio». El politólogo Daniel Chang fue más directo: la designación de Larry Devoe como Fiscal fue una victoria del plan de Delcy Rodríguez de bloquear una transición real; el control del TSJ completaría la captura total del Poder Ciudadano y el Poder Judicial en un solo movimiento. La trampa constitucional del proceso actual merece explicación técnica. El artículo 270 de la CRBV 1999 establece que el Comité de Postulaciones Judiciales recibirá candidatos, los evaluará y enviará una preselección al Poder Ciudadano —es decir, a la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría—, que elaborará una segunda preselección antes de que la plenaria de la AN designe definitivamente con mayoría calificada de dos tercios. El problema estructural es el siguiente: con Devoe como Fiscal y González Lobato como Defensora —ambos designados fieles al rodriguismo, como documentamos la semana anterior en estas páginas— el filtro del Poder Ciudadano ya está comprometido antes de comenzar. El proceso constitucional se convierte así en una formalidad que legitima un resultado predeterminado. El antecedente de 2022 es una advertencia que no podemos ignorar. En aquella designación, la reforma legal que redujo el TSJ de 32 a 20 magistrados permitió que el 60% de los integrantes fueran reelectos —algunos con más de siete años en el cargo, violando expresamente el artículo 264 de la Constitución que establece un único período de doce años—. Entre los reelectos estuvo Edgar Gavidia, cuñado de Cilia Flores, quien hoy está entre los
El CIIAM como piedra angular de seguridad jurídica para la nueva Venezuela
Luego de la captura de Nicolas Maduro y su traslado a territorio estadounidense, el 03 de enero de 2026, en Venezuela se abrió un complejo proceso de transición hacia la recuperación institucional. Tras más de dos décadas de aislamiento de los mercados internacionales y un sistema judicial nacional severamente cuestionado, la reconstrucción económica del país no solamente puede depender de las reservas de crudo y de la voluntad política. La confianza constituye una pieza importante para recobrar la seguridad jurídica. En este proceso, el arbitraje internacional es fundamental para equilibrar la balanza entre el Estado y los inversores privados. En ese sentido, el CIIAM, nacido de la fusión estratégica del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) y el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), se presenta hoy como el puente necesario para saltar ese abismo, para que las disputas corporativas se resuelvan de forma expedita y profesional, permitiendo que los tribunales ordinarios se enfoquen en la restitución del Estado de Derecho y la justicia transicional. El Fin de la “Indefensión Legal” Desde que Venezuela se retiró del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en 2012, el país se encuentra en una suerte de “limbo jurídico” en materia de la resolución de controversias sobre inversión, que conlleva a que los inversores extranjeros acepten que cualquier disputa deba ser resuelta por tribunales locales dominados por una fuerte influencia política. Al ofrecer un foro neutral, técnico e independiente, el CIIAM se posiciona como la “pieza clave” que ofrecerá a los inversores y a la sociedad civil un sistema de resolución de conflictos que no dependa de un sistema judicial estatal que aún atraviesa procesos de reforma. Esto permitirá que las empresas internacionales y el Estado venezolano resuelvan sus eventuales diferencias bajo estándares globales, sin esperar a que el sistema judicial tradicional —hoy colapsado— logre una reforma integral que podría tardar años. Uno de los puntos más innovadores que ofrece este sistema arbitral es su capacidad para gestionar contratos bajo marcos regulatorios internacionales modernos, ya que en un escenario de democratización su uso protegerá la soberanía legal del país al ofrecer un marco de reglas claras que evitaría que Venezuela sea objeto de litigios desordenados en jurisdicciones extranjeras hostiles. Apoyo a la Sociedad Civil y al Liderazgo Político En Venezuela el CIIAM cuenta con el respaldo de la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y el liderazgo civil de la institucionalidad democrática que impulsa la reconstrucción nacional. Dos expertos juristas representantes de CONFEPUV ante el CIIAM, Rafael Veloz García y Ramón Aguilar Camero, han señalado recientemente que el arbitraje internacional es la vía más rápida para “derribar la barrera invisible” que frena el flujo de capitales hacia sectores críticos como el energético, la infraestructura y las telecomunicaciones. “El arbitraje permite dirimir controversias de manera expedita, evitando el pesado y costoso aparato de la justicia tradicional que hoy está colapsado”, afirmó Veloz en un reciente encuentro virtual sobre las bondades del CIIAM. Por su parte, Aguilar Camero, destacó que el inversor internacional no teme al mercado venezolano, sino a la indefensión jurídica. “El CIIAM sustituye la incertidumbre por reglas claras“, enfatizó. Para una Venezuela en transición, el CIIAM ofrece ventajas competitivas únicas: Afinidad Cultural e Idiomática: Al ser un órgano iberoamericano, facilita la comunicación y el entendimiento de las tradiciones jurídicas latinas. Especialización Técnica: A diferencia de los tribunales ordinarios, los árbitros del CIIAM son expertos en comercio internacional, contratos energéticos y protección de inversiones. Neutralidad: Garantiza que ninguna de las partes —especialmente el Estado— tenga una ventaja indebida, lo cual es vital para atraer a los grandes actores internacionales. Por ello, para una nación que busca volver a la senda democrática, contar con un centro de arbitraje de este nivel y de índole iberoamericana constituye un puerto seguro para la resolución de conflictos comerciales internacionales y de inversión. Perspectivas de cara al futuro A medida que Venezuela avance hacia una democracia plena, el CIIAM tiene ante sí tres retos y oportunidades: Reinserción Global: Servir de puente mientras el país renegocia su estatus ante organismos como el Banco Mundial y el FMI. Transparencia: Implementar estándares de “Open Justice” que sirvan de modelo para la futura reforma del Poder Judicial venezolano. Soberanía Económica: Blindar los acuerdos de reconstrucción nacional frente a posibles cambios bruscos de política, garantizando que el cumplimiento de los contratos sea la norma y no la excepción. La implementación del CIIAM como eje central de la seguridad jurídica no es solo una propuesta técnica; es una señal política de que Venezuela está lista para jugar de nuevo bajo las reglas del mundo libre. Para que el país pueda aprovechar sus recursos y salir de la crisis humanitaria, necesita que el capital privado regrese, y este solo volverá si tiene la certeza de que sus derechos serán respetados. El CIIAM no es solo un tribunal, sino una infraestructura de confianza. Pero para que esa infraestructura tenga algo que sostener, debe existir un sector privado con derechos claros, capacidad de contratar y libertad para producir. Sin libertad de empresa, el arbitraje es un adorno en una economía estancada; con ella, es el escudo que permite la reconstrucción nacional. Mientras el sistema judicial venezolano inicia su largo proceso de saneamiento, el CIIAM se perfila como el “pulmón jurídico” que permitirá al país respirar de nuevo en el mercado internacional, garantizando que el retorno a la democracia venga acompañado de una prosperidad sostenible y legalmente blindada. FUENTES: Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje (CIIAM). Disponible en: https://cortedearbitraje.icam.es/ciam/ Bautista de Alemán, Paola (14 de enero de 2026). Primera fase: Estabilización para la democracia. La Gran Aldea. Disponible en: https://lga.lagranaldea.com/2026/01/14/primera-fase-estabilizacion-para-la-democracia/ Hernández, José Ignacio (20 de abril de 2026) ¿Puede haber un nuevo modelo económico sin libertad de empresa en Venezuela? Una respuesta constitucional. La Gran Aldea. Disponible en: https://lga.lagranaldea.com/2026/04/20/puede-haber-un-nuevo-modelo-economico-sin-libertad-de-empresa-en-venezuela-una-respuesta-constitucional/ Instagram X-twitter Tiktok Fecha: 22/04/2026
Elecciones libres para la paz: el mensaje de Madrid que Venezuela debe escuchar
Por Rafael Veloz / @Rafael Veloz Garcìa Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación de Abogados de Venezuela y de la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC. Miembro de la dirección nacional de Vp. La presencia de María Corina Machado en Madrid y lo discutido esta semana en Washington vuelven a colocar sobre la mesa una verdad esencial: la estabilidad de Venezuela no nacerá de la resignación, sino de elecciones limpias, legitimidad democrática y una sociedad civil organizada para sostener la transición. La concentración encabezada por María Corina Machado este sábado 18 de abril en Madrid no fue solamente un acto de encuentro con la diáspora venezolana. Fue un acto político de alto contenido estratégico. Allí, en el corazón del exilio venezolano en Europa, Machado volvió a colocar en el centro del debate una idea que el país no debe perder de vista: la paz verdadera para Venezuela solo puede construirse sobre la base de elecciones limpias y libres, capaces de devolver legitimidad al poder y abrir el camino de una transición ordenada. En esa misma jornada insistió además en que no hay sociedad mejor preparada para unas elecciones libres que la venezolana y reivindicó el inicio del “regreso a casa” como horizonte político y moral de la nación. Ese mensaje adquiere todavía mayor relevancia porque no surgió aislado. Apenas dos días antes, el 16 de abril, la Subcomisión para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una audiencia titulada Latin America After the Fall of Maduro, con la comparecencia de Michael Kozak, alto funcionario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. La sola existencia de esa audiencia confirma que el debate sobre Venezuela sigue girando en torno a una cuestión central: cómo crear condiciones institucionales y políticas reales para una salida democrática estable. Desde la perspectiva del Programa de Organización Ciudadana, POC, el punto más importante del mensaje de Madrid es que vuelve a unir tres elementos que no pueden separarse. El primero, la necesidad de una solución de fondo, que no es otra que un proceso electoral auténtico. El segundo, la urgencia de organizar a la sociedad civil para que esa salida sea posible y defendible. El tercero, la obligación de atender desde ya la emergencia social que sigue golpeando a millones de venezolanos. En otras palabras: la ruta electoral no excluye la urgencia humanitaria; la reclama. Durante demasiado tiempo el régimen ha intentado imponer la idea de que el problema venezolano puede administrarse sin resolver su raíz. Cambian nombres, inventan maniobras, reciclan relatos, promueven falsos diálogos o venden aparentes aperturas, pero el núcleo del problema permanece intacto: quienes hoy ocupan el poder carecen de legitimidad democrática suficiente para representar una salida de futuro. Venezuela no necesita maquillajes de normalidad. Venezuela necesita reconstruir la fuente legítima del poder. Y esa fuente legítima sigue siendo el voto. Por eso resulta tan importante que en Madrid se haya reiterado con claridad que la estabilidad del país no vendrá de acomodos parciales ni de la resignación nacional, sino del derecho del pueblo venezolano a expresarse en condiciones reales de libertad. No se trata solo de una consigna electoral. Se trata de una definición sobre la naturaleza misma de la paz. No habrá paz estable mientras subsista un poder sin legitimidad, sostenido por la represión, el miedo y la exclusión política. Sin embargo, desde el POC debemos subrayar algo adicional. Las elecciones no se defienden solas. Las elecciones limpias y libres requieren una ciudadanía organizada, consciente, articulada y activa. Requieren músculo social. Requieren redes comunitarias. Requieren liderazgo territorial. Requieren gremios, sindicatos, universidades, asociaciones vecinales, grupos juveniles, organizaciones profesionales, sectores culturales y redes de apoyo que comprendan que la transición no será obra de espectadores. Machado, al afirmar que no hay sociedad tan preparada como la venezolana para avanzar hacia la democracia, está enviando también una orden moral: que no quede un venezolano sin organizar. Ese es probablemente el punto más útil y más poderoso para el trabajo del POC. Porque la organización social no solo sirve para defender el voto cuando llegue el momento electoral. Sirve desde ya para reconstruir ciudadanía. Sirve para recomponer la confianza entre venezolanos. Sirve para romper la atomización que el autoritarismo ha sembrado. Sirve para que la gente vuelva a sentirse parte de una tarea común y no apenas víctima aislada de una tragedia nacional. La organización social, además, cumple otra función esencial: permite atender la emergencia sin esperar a que toda la arquitectura institucional se haya recompuesto. Venezuela atraviesa una crisis humanitaria de una profundidad que no admite pausas. La precariedad hospitalaria, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la vulnerabilidad de niños y ancianos, la situación de los presos políticos y de sus familias, así como la fractura de millones de hogares por el exilio, obligan a pensar en respuestas inmediatas. Y aquí aparece una línea de trabajo que debe ser desarrollada con seriedad: la articulación de redes sociales de asistencia y acompañamiento asentadas en la organización de base. Entre ellas, las construidas por los sectores religiosos en todo el país tienen un valor singular. Iglesias, parroquias, movimientos de servicio, comunidades de fe y organizaciones de ayuda humanitaria poseen capilaridad territorial, legitimidad local y capacidad de acompañamiento donde muchas veces el Estado ha desaparecido o se ha convertido en instrumento de control. No son sustituto de la institucionalidad democrática futura, pero sí pueden ser un soporte decisivo mientras el país avanza hacia ella. Esto encaja con una pauta política más amplia que ya había sido expuesta desde Washington a comienzos de año. Reuters informó en enero que Marco Rubio había planteado para Venezuela una secuencia de tres fases: estabilización, recuperación y transición. Si esa es la lógica general del proceso, entonces el componente social no puede verse como algo accesorio. Debe ser entendido como parte del esfuerzo nacional por evitar que la urgencia cotidiana devore la esperanza democrática. Allí reside una de las claves del momento. El régimen sigue utilizando
Confepuv califica de “merengue sin letra” el anuncio de Delcy Rodríguez sobre el salario
Alfredo Conde, dirigente de la Confederación de Profesionales y Técnicos Universitarios de Venezuela, denuncia que el régimen evade el ajuste del salario mínimo y responde con represión a las protestas gremiales. “La permanencia de Delcy Rodríguez en el poder no ha traído soluciones, sino un guión repetido de conflicto. A Estados Unidos no se le ha salido bien dejarla en Miraflores”. Así lo señaló el directivo de la Confederación de Profesionales y Técnicos Universitarios de Venezuela (Confepuv), Alfredo Conde, quien advirtió que el país está a las puertas de un caos, a pesar de que la comunidad internacional ha tratado de evitarlo. En ese sentido, el también periodista dijo que esto volvió a quedar en evidencia este jueves, cuando los trabajadores y jubilados salieron a las calles a exigir un salario acorde a la Constitución, y la respuesta oficial se tradujo en agresiones policiales contra quienes reclaman de forma pacífica. Una alocución sin respuestas para el trabajador venezolano Igualmente, Conde deploró el reciente mensaje al país de Delcy Rodríguez dado que generó más dudas que certezas. “Eso fue un merengue sin letra“, reflexionó sobre la alocución de Rodríguez, al compararla con la famosa canción de 1994 del grupo La Artillería, debido a que fue incapaz de precisar a cuánto ascenderá el incremento del salario mínimo que se comprometió anunciar el próximo 1° de mayo. Tampoco aclaró el destino de los bonos, los cuales —según exigencia de los gremios— deben tener incidencia inmediata en prestaciones, vacaciones y otros beneficios de ley. El “diálogo laboral” bajo la lupa de los gremios profesionales Por otra parte, para la Confepuv el llamado diálogo del Ejecutivo carece de legitimidad. Conde asegura que los derechos no se negocian y que la clase trabajadora desconfía de estos procesos porque suelen incluir únicamente a sindicatos paralelos creados por el chavismo para simular una legalidad inexistente. Fuerzas de seguridad bloquean el paso de manifestantes en Caracas, quienes denuncian la falta de voluntad política para resolver la crisis de ingresos básicos EL DATO: El salario mínimo en Venezuela no se ajusta desde marzo de 2022, manteniéndose en 130 bolívares, apenas 0,27 dólares al cambio actual, precisó Alfredo Conde. También en materia laboral, Conde recordó el caso de trabajadores de la Administración Pública que son víctimas de persecución política, citando como ejemplo el caso de mil empleados de la Asamblea Nacional que fueron despedidos, solo por no ser chavistas, con la venia del actual presidente de ese ente, Jorge Rodríguez. Opacidad en la recaudación del Seniat y crisis de servicios La propuesta de un nuevo modelo tributario también fue cuestionada. Conde considera alarmante que un consejo económico integrado por los mismos responsables de la crisis histórica del país pretenda recibir propuestas para administrar más recursos. “Los venezolanos, que soportan un IVA brutal en cada transacción, exigen saber dónde está el dinero de la recaudación récord del Seniat. Es evidente que esos fondos no se reflejan en la vialidad nacional, cuyas calles muestran hoy cráteres similares a los de la luna“, dijo el dirigente gremial. La vía electoral como solución a la raíz del conflicto El fracaso del modelo gobernante es, para la Confepuv, la causa raíz de la emergencia económica, hecho por el cual los venezolanos decidieron de forma mayoritaria votar por el cambio de régimen en el país el pasado 28 de julio de 2024, elección que ganó Edmundo González Urrutia a Nicolás Maduro, resultado que fue desconocido mediante un fraude cometido por el CNE y avalado por el TSJ. Ante esto, Conde señaló que para rescatar la institucionalidad y que el país se enrumbe hacia una verdadera democracia no bastan las urnas, ya que es urgente articular una hoja de ruta que incluya: Renovación total del CNE: Designación de nuevos rectores y depuración del Registro Electoral Permanente (REP). Voto en el exterior: Garantizar el derecho al sufragio de los venezolanos fuera de las fronteras. Observación internacional: Veedores con acceso real a las salas de totalización y procesos de auditoría. Respeto a la Constitución: Actuar bajo el artículo 234 de la Carta Magna y cesar la persecución política. Sin instituciones no habrá convivencia A modo de conclusión, Alfredo Conde enfatizó que no habrá transición ni convivencia si no se va de inmediato a la reinstitucionalización de la nación. Esto requiere liberar sin condiciones de ningún tipo a las personas inocentes tras las rejas, establecer salarios y pensiones dignas, y desmantelar a los mal llamados colectivos; “temas de los que Delcy Rodríguez no dijo nada”. Instagram X-twitter Tiktok Fecha: 09/04/2026
Rafael Veloz: Máscaras nuevas, sistemas viejos. La simulación democrática frente a la Democracia Total que exige Venezuela
Por Rafael Veloz / @rafaelvelozg Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación de Abogados de Vzla y de la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Pdte Fundador de la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Vzla. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC. Miembro de la Dirección Nacional de Vp. El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo —esa que usurpa las funciones legislativas que pertenecen a la Asamblea Nacional electa en 2015— designó a Larry Devoe como Fiscal General de la República y a Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo. Ambos nombramientos fueron aprobados con 275 votos de la aplanadora oficialista. La pregunta no es quiénes son. La pregunta que debemos hacernos todos los venezolanos es qué representan. Desde el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles, fue llevado ante la justicia norteamericana, el régimen que ahora conduce Delcy Rodríguez ha intentado proyectar una imagen de transición institucional. Han renunciado figuras comprometidas, han anunciado amnistías, han hablado de un “nuevo momento político”. Pero cuando se observa con detenimiento quiénes ocupan los espacios liberados, la conclusión es inapelable: no estamos ante un cambio, sino ante una continuidad con otras máscaras. No es transición; es simulación. El Fiscal que no llegó a investigar, sino a justificar Larry Devoe no es un fiscal de carrera. No tiene trayectoria como investigador penal ni como litigante independiente dentro del Ministerio Público. Su currículo es el de un operador político al servicio del régimen. Fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos desde 2014 —cargo desde el cual ignoró y se burló, en palabras del diputado Juan Pablo Guanipa, de miles de venezolanos torturados—; fue representante del Estado venezolano ante la CIDH, donde negó sistemáticamente la existencia de presos políticos y contribuyó a la salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013; fue asesor jurídico de la Vicepresidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, acumulando cargo tras cargo al servicio de una estructura de poder que hoy pretende presentarlo como garante de la justicia. La ONG Provea lo definió con precisión: Devoe es “un funcionario de absoluta confianza” de Delcy Rodríguez. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advirtió que esto no es una renovación institucional sino “una rotación de poder”. Y más de 61 organizaciones de derechos humanos, encabezadas por Provea, Espacio Público, Civilis y Acceso a la Justicia, exigieron públicamente que actúe con independencia —exigencia que por sí sola revela el tamaño del problema. Un fiscal legítimo no necesita que la sociedad civil le pida a gritos que sea independiente. Esa independencia debería ser su razón de existir. Como recordó el diputado Guanipa: en 2014 no dijo nada sobre las víctimas de la represión; en 2017 calló ante los asesinados en las protestas; en 2019 prohibió el acceso de la CIDH para que no reportara los abusos; y mientras Maduro mataba y secuestraba venezolanos tras el robo electoral del 28 de julio de 2024, Devoe recorría Ginebra con los recursos del pueblo venezolano. Venezuela necesita un Fiscal General que ponga la ley primero que la política. Devoe ha demostrado, a lo largo de dos décadas, exactamente lo contrario. La Defensora del Pueblo que no defiende al pueblo Eglée González Lobato tiene una trayectoria académica que nadie discute: abogada de la UCV, doctora en Derecho, directora de la Escuela de Derecho, consultora del PNUD. En otro momento, fue incluso una voz crítica del chavismo. Pero las declaraciones recientes son las que definen su idoneidad para el cargo que hoy ocupa. En entrevista a VTV, calificó a la oposición que pidió sanciones internacionales de “traidores” que pedían “intervención militar”. Antes de las elecciones presidenciales, aseguró públicamente que Maduro podía ganar el 28 de julio “sin fraude electoral”. Esas no son opiniones menores; son posicionamientos que comprometen definitivamente la autonomía que exige la Constitución para quien ejerce la Defensoría del Pueblo. La simulación democrática y sus consecuencias El politólogo Daniel Chang lo describió con exactitud: “Larry Devoe es una ficha de la confianza absoluta de Delcy Rodríguez. Designarlo como fiscal es una victoria en el plan de Delcy de bloquear una transición real y negociar una transición del madurismo al rodriguismo”. Lo que el régimen está construyendo no es una salida institucional genuina; es una reconfiguración del control: cambian las caras, ruedan algunas cabezas comprometidas, pero la estructura de impunidad se mantiene intacta. A estos dos nombramientos del Poder Ciudadano se suman próximas designaciones igualmente críticas: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. La advertencia del diputado Tomás Guanipa es pertinente: si el patrón se repite, no habrá condiciones para elecciones libres ni para la legitimación de ningún poder público. La simulación democrática tiene un costo: erosiona la confianza de los venezolanos dentro y fuera del país, y aleja la posibilidad de la inversión extranjera, del retorno de la diáspora y de la estabilización económica que el mismo Secretario de Estado Marco Rubio ha condicionado a una transición real. Democracia Total: la respuesta de la sociedad organizada Ante esta realidad, la sociedad civil venezolana organizada no puede ni debe resignarse. El Programa de Organización Ciudadana (POC), la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI), junto a más de 25 organizaciones sociales dentro y fuera del país, mantenemos una postura clara: no alcanza con denunciar; hay que construir. Lo que Venezuela necesita no es una mejora cosmética de las instituciones capturadas, sino lo que llamamos Democracia Total: la refundación institucional completa, con poderes públicos elegidos libremente, con independencia judicial real, con un Ministerio Público que investigue sin distinción de quien cometa delitos, con una Defensoría del Pueblo que defienda al ciudadano frente al Estado y no al Estado frente al ciudadano. Esa Democracia Total tiene un camino concreto: elecciones presidenciales, parlamentarias, estadales y municipales plenamente libres, mismo elecciones en Colegios Profesionales y Sindicatos, bajo supervisión internacional auténtica, con un CNE independiente y un TSJ que no
La verdad detrás del anuncio de “aumento responsable” de Delcy Rodríguez
Por: Mitchaelle Henríquez – Para Confepuv El miércoles 08 de abril de 2026, la encargada a la Presidencia de la República en Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió al país para anunciar un conjunto de medidas para dinamizar la economía, entre las que estuvieron algunas en materia laboral. “Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo, es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería que generan ingresos inmediatos”, afirmó. En la alocución de casi media hora, Rodríguez informó acerca de la instalación de una Comisión para el Diálogo Laboral, que abarcará la Constituyente Laboral y de Seguridad Social en curso, con la participación del Estado, el sector privado, los trabajadores y los pensionados. También prometió un aumento salarial a partir del 1° de mayo, cuyo monto no especificó, pero que calificó de “responsable”. Con estas medidas laborales pretende reducir el malestar existente entre los trabajadores y ganar pleitesía, a pesar de la estrepitosa caída del poder adquisitivo de los trabajadores y el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Sin embargo, el mensaje parece más bien dirigido a la administración del presidente Trump con la idea de hacer creer que se hace algo para la apertura de a las inversiones petroleras y en minería, e insistir en el levantamiento de medidas (sanciones) que hoy impiden al régimen de Rodriguez echar mano “lícitamente” a los productos de esas industrias. Ni hablar del supuesto proceso “constituyente laboral”, que más bien parece una treta para desviar la atención ciudadana principalmente puesta en la realización de elecciones presidenciales, como obliga la Constitución Nacional. Veamos las verdaderas implicaciones de las medidas laborales anunciadas y la reacción de los gremios y trabajadores. ¿Aumento real del salario? Rodríguez fue enfática al calificar el próximo ajuste como “responsable”, pero el hecho de no indicar un monto específico sugiere que el incremento podría ser más modesto de lo esperado por la representación de los trabajadores -que exigen indexación total-, principalmente porque durante el discurso aseguró que prevé mejorar los salarios “en el futuro próximo conforme Venezuela goce de más recursos”. Tras años en los que la emisión monetaria descontrolada pulverizó el poder adquisitivo, el gobierno interino parece haber decidido solo aumentar lo que se pudiera pagar con ingresos orgánicos. Pero si el aumento no viene acompañado de un control severo de la brecha cambiaria, el beneficio podría diluirse antes de llegar a la primera quincena de mayo. Recordemos que desde marzo de 2022 no se ha incrementado el salario mínimo nacional, congelado en ciento treinta bolívares (BS. 130) mensuales. Cuando el mismo se fijó equivalía a 30 dólares mensuales y hoy representa tan sólo 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600%. La “Bonificación” como política de Estado Desde el mandato de Hugo Chávez, pasando por el de Nicolás Maduro, y ahora la encargaduría de Rodríguez, la política de “bonificación del salario” ha sido una constante para justificar supuestos incrementos que no han tenido incidencia salarial, ni aumento real del poder adquisitivo. Pese a que la Constitución Nacional en su Artículo 91 consagra el derecho de todo trabajador a un salario digno y suficiente que permita cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales del trabajador y su familia, y aun cuando ese salario debe ser la base de cálculo de los demás beneficios laborales y sociales de los trabajadores, la “bonificación del salario” ha sido una práctica reiterada de estos gobiernos, con la implementación de los llamados bono de guerra, bono de transporte, bono de eficacia, primas, complementos, gratificaciones y otras bonificaciones. La más reciente maniobra ocurrió en marzo de 2026, cuando la misma Rodríguez aprobó el ajuste de 160 a 190 dólares en una bonificación que devengan algunos funcionarios públicos, y que reciben en bolívares a la tasa oficial del día, cuyo aumento respaldó con el producto de la venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo. No obstante, eso no significó incremento en el salario, ni en los beneficios u otros derechos laborales. Conforme a la ley, el salario debe ser tomado en cuenta íntegramente para pagar otros beneficios, como las horas extras, los días de descanso, los días feriados trabajados, y otros de pago anual, como las vacaciones, el bono vacacional y las utilidades, pero hoy en día eso se ha desvanecido. Ello ha conllevado a la “desalarización”, que para el trabajador ha significado que sus prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos sean calculados sobre una base mínima casi inexistente, mientras la brecha entre el “ingreso para sobrevivir” y los “derechos laborales acumulados” continúa ensanchándose. De manera que, para que se inicie una reconstrucción democrática lo que los trabajadores requieren en la supresión de este mecanismo violatorio a la Constitución y la ley, que impide el correcto financiamiento de los sistemas de seguridad social y afecta las prestaciones sociales, la vacaciones y las utilidades de cada trabajador. Este perverso mecanismo implica el desmontaje de todas las garantías y derechos constitucionales de tipo económico que se prevén en favor de los trabajadores, por lo que se requiere que, a través de la negociación tripartita y de claras políticas gubernamentales y judiciales, Venezuela retorne gradualmente la recuperación de esta institución. Institucionalidad y Diálogo Por otra parte, el anuncio sobre la conformación de la Comisión para el Diálogo Laboral y la Constituyente Laboral pareciera estar orientado a buscar proyectar una imagen de apertura; porque paralelamente se ha estado llevando a cabo una encuesta a través del Sistema Patria, supuestamente a los fines de diseñar políticas laborales, lo que se ha entendido como un intento del ejecutivo para suplantar la negociación colectiva con consultas digitales sesgadas. En este proceso se ha excluido a los sindicatos, por lo que sus líderes han denunciado que se ignora a las representaciones legítimas y se busca imponer un modelo laboral “a la medida” del Estado. Así lo declaró la abogada y especialista en Derecho del Trabajo, Jacqueline Richter, quien denunció que las tres
Rafael Veloz: El juicio más injusto de la historia y la lección para nuestro tiempo
Rafael Veloz Garcia. Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA; Diputado Nacional 2015; Abogado Constitucionalista. Semana Santa, justicia y libertad: del proceso contra Cristo a la obligación moral de liberar a los presos políticos en Venezuela La Semana Santa no sólo convoca a la fe. También obliga a la conciencia. En esos días en que el mundo cristiano recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, vuelve a ponerse frente a nosotros una de las escenas más estremecedoras de la historia: el juicio más injusto jamás conocido. No fue un proceso ejemplar. No fue una búsqueda sincera de la verdad. Fue, en esencia, un linchamiento revestido de formalidades, una condena decidida de antemano, una ejecución envuelta en la apariencia de legalidad. Allí radica una de sus enseñanzas más poderosas para la posteridad. Cristo no sólo vino a redimir espiritualmente al hombre; también dejó expuesta, con dramática claridad, la degradación a la que puede llegar un sistema cuando el poder deja de servir a la justicia y convierte la ley en instrumento de persecución. El proceso contra Jesús mostró que no basta con que existan normas, jueces o autoridades. Cuando falta rectitud moral, independencia y verdad, el aparato judicial puede convertirse en simple maquinaria de castigo. La tradición histórica y jurídica ha resaltado que, en el caso de Jesús, fueron violentados principios que hoy consideramos universales: el debido proceso, el juez competente, la posibilidad real de defensa, la presunción de inocencia y la prohibición de condenar por presión política o social. Lo ocurrido ante las autoridades religiosas y luego ante el poder romano no fue un acto de justicia, sino la consumación de una decisión política: sacrificar al inocente para preservar el poder, calmar a la multitud y contener el temor de quienes mandaban. Esa es, precisamente, la primera gran lección para nuestros días: la injusticia más peligrosa no siempre se presenta con el rostro abierto de la barbarie, sino con la máscara de la institucionalidad. El mal, muchas veces, se sienta en un tribunal, redacta una decisión, simula un expediente y pronuncia una sentencia. No necesita romper formalmente el orden jurídico; le basta con vaciarlo de contenido. Así nace el anti-Estado: cuando la ley deja de proteger al débil y comienza a blindar al verdugo. Por eso el juicio a Cristo conserva una vigencia impresionante. Su drama no pertenece únicamente al pasado. Se repite cada vez que un poder público acusa sin pruebas, cada vez que se cambia la imputación para acomodarla a conveniencias políticas, cada vez que se condena antes de oír, cada vez que la presión del poder pesa más que la conciencia del juez. Se repite cada vez que un funcionario, como Pilato, sabe que tiene frente a sí a un inocente y, aun así, decide lavarse las manos. ¿Cuántos Pilatos existen hoy? Ésa es una de las preguntas inevitables de esta Semana Santa. Pilato no fue el autor intelectual del odio, pero sí el ejecutor cobarde de una injusticia que pudo detener. No fue el más fanático, pero sí el que, teniendo poder para impedir el crimen, prefirió ceder ante el cálculo, el miedo y la conveniencia. Esa conducta sigue viva en muchos poderes públicos contemporáneos: funcionarios que no creen en las acusaciones que sostienen, jueces que saben que un expediente está viciado, fiscales que entienden la inocencia del perseguido, defensores públicos que simulan una defensa inexistente, autoridades que callan para conservar el cargo. Todos ellos, en distinta escala, repiten el gesto de Pilato. Venezuela conoce demasiado bien ese drama. Durante años, el país ha padecido la deformación del sistema de justicia hasta convertirlo, demasiadas veces, en herramienta de sometimiento. La persecución por razones políticas, las detenciones arbitrarias, la negación de una defensa libre y efectiva, las imputaciones fabricadas, el uso del miedo como método de control, no son simples desviaciones aisladas: forman parte de un mecanismo de dominación que busca desmoralizar a la sociedad y castigar a quien piense distinto. Allí aparece la semejanza más dolorosa entre el proceso contra Cristo y nuestros tiempos: la utilización del poder para castigar al inocente o al disidente bajo una narrativa de aparente legalidad. En ambos casos se manipula la norma, se pervierte la autoridad y se pretende que el abuso sea visto como justicia. Se invierte el orden moral: la víctima termina presentada como culpable, mientras el poder pretende exhibirse como guardián del orden. Pero también existen diferencias que conviene señalar con claridad. Cristo es único e incomparable. Su juicio y su sacrificio forman parte del misterio central de la fe cristiana y de la historia de la salvación. Ningún preso político puede ser equiparado en sentido religioso con el Hijo de Dios. La comparación no es teológica, sino moral, jurídica y humana. Lo que sí puede afirmarse es que el proceso a Jesús dejó una advertencia permanente: cuando una sociedad tolera que el inocente sea perseguido, condena también su propia libertad. Y cuando el derecho se aparta de la verdad, termina convertido en arma del opresor. Por eso, esta Semana Santa debe ser también tiempo de examen para la nación. No basta con conmovernos ante la pasión de Cristo mientras ignoramos los padecimientos concretos de quienes hoy sufren prisión injusta, incomunicación, tortura psicológica, tratos crueles o procesos amañados. La memoria del Viernes Santo carecería de sentido si no nos impulsa a levantar la voz por los crucificados de nuestro tiempo. En Venezuela, entre ellos, están los presos políticos. La liberación de los presos políticos no es sólo una exigencia jurídica. Es un imperativo moral. Es una causa profundamente humana y, para quien tiene fe, profundamente cristiana. Ninguna reconciliación nacional será sólida mientras existan hombres y mujeres encarcelados por pensar distinto, por protestar, por denunciar o por ejercer derechos que en una república deben ser intocables. No puede hablarse seriamente de paz mientras haya familias destruidas por la arbitrariedad y ciudadanos sometidos a un sistema que castiga la conciencia. Semana Santa es, además, una oportunidad para recordar que la oración no
Venezuela apuesta por el arbitraje internacional del CIIAM para recuperar la inversión extranjera
En un momento crucial para la reconstrucción institucional de Venezuela, el sábado 28 de marzo de 2026 se llevó a cabo un encuentro trascendental para el futuro económico y jurídico del país: la “Propuesta de Justicia Internacional en Materia de Inversión y Comercial para la Nueva Venezuela”, un evento que conectó de forma virtual a los principales referentes del derecho iberoamericano con el liderazgo civil venezolano con el firme propósito de ofrecer los servicios del Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje –CIIAM– (producto de la fusión estratégica entre el Centro Interamericano de Arbitraje de Madrid [CIAM] y el Centro Iberoamericano de Arbitraje [CIAR]). Ponentes del evento que destacaron la importancia del CIIAM como alternativa a la justicia tradicional en Venezuela CIIAM: Un traje a la medida de Iberoamérica La jornada estuvo liderada por las ponencias de los abogados Rafael Veloz García y Ramón Aguilar Camero, representantes de CONFEPUV ante el CIIAM, quienes presentaron las bondades del organismo arbitral ante actores vinculados al Comando con Venezuela y ante la sociedad profesional organizada, como una propuesta de justicia internacional en materia de inversión y comercial para la nueva Venezuela, que permitirá superar el vacío legal dejado tras su salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2012. Durante su intervención Veloz García, reconocido abogado constitucionalista, diputado de la Asamblea Nacional 2015 y figura clave en esta iniciativa, explicó las bondades del arbitraje internacional para dirimir controversias de manera expedita “evitando el pesado y costoso aparato de la justicia tradicional que hoy está colapsado”; cómo este órgano arbitral nació para la resolución de conflictos en Iberoamérica, y que ahora puede ser parte de la solución a la destrucción del sistema judicial venezolano. Por su parte, Aguilar Camero, destacado abogado especialista en Derecho Procesal, del Trabajo y en Arbitraje Internacional, destacó que la precaria situación de la justicia en Venezuela no brinda la seguridad jurídica suficiente para que vuelvan las inversiones al país, así que la reconstrucción del poder judicial tendría que venir apalancada por mecanismos que generen confianza. “El inversor internacional no teme al mercado venezolano, sino a la indefensión jurídica. El CIIAM sustituye la incertidumbre por reglas claras”, enfatizó Aguilar durante su intervención. Explicó que esta neutralidad es vital: “La erosión del Estado de Derecho ha politizado el Poder Judicial en Venezuela. Por ello, este centro moderno permitirá a las empresas resolver sus conflictos en un foro que comparte su cultura jurídica y corporativa, eliminando la incertidumbre que frena al inversor y al mismo fomentar desarrollo económico“. El diagnóstico presentado por ambos expertos fue contundente: Venezuela padece una “barrera invisible” de indefensión jurídica. Desde hace más de una década, la justicia local ha dejado de ser un árbitro imparcial para convertirse en un apéndice del poder político, generando un riesgo país inasumible. Y frente al colapso del sistema judicial tradicional, este sistema arbitral se posicionaría como la alternativa definitiva por varias razones estratégicas: Afinidad Cultural y Lingüística: A diferencia de los tribunales de Washington, París o La Haya, este opera en español y portugués, bajo la tradición del Civil Law (Derecho Continental), facilitando la participación de juristas locales. Eficiencia con “Dispute Boards”: Se destacó el uso de paneles de expertos que monitorean contratos en tiempo real para prevenir conflictos antes de que escalen a litigios costosos. Blindaje Institucional: Al ser administrado por entes internacionales de prestigio como la UIBA (Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados), garantiza neutralidad frente a un sistema judicial local que aún requiere depuración. Voces por la Reinstitucionalización En el acto también participaron líderes de internacionales vinculados al CIIAM. Entre ellos José María Alonso, presidente del CIIAM, que desde la organización que dirige estuvo dispuesto a apoyar a Venezuela para que vuelva al camino democrático brindando una opción segura para la resolución de conflictos. Dijo que “las compañías venezolanas podrán resolver arbitrajes sintiéndose en casa, con costes reducidos“. Juan Ramón Montero, miembro del CIAR en Madrid y representante de la Sociedad Española de Arbitraje, recalcó que resulta idóneo la creación de un marco uniforme para el tratamiento de conflictos con árbitros que conozcan nuestro Derecho y nuestra cultura. Por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) participó su actual presidente, el argentino Carlos Andreucci, y el candidato a la presidencia de la UIBA, el mexicano Alfonzo Pérez Cuellar. Y mientras Andreucci destacó que acompañaba a Venezuela desde el hermanamiento para reivindicar el Estado de Derecho, Pérez Cuellar se enfocó en el diálogo y en árbitros confiables para blindar los esfuerzos por la recuperación del Estado de Derecho. Pero el evento no fue solo una conferencia técnica, sino un respaldo político masivo a la visión de reconstrucción nacional que lideran figuras como María Corina Machado. En ese sentido, contó con la intervención de dos dirigentes políticos que respaldaron la urgencia de este instrumento para apalancar la modernización de Venezuela: Henry Alviarez, del Comando por Venezuela, y Pedro Urruchurtu, secretario internacional de Vente Venezuela, quienes expresaron su apoyo a esta iniciativa confiable e independiente para la reconstrucción institucional. Para Alviarez “este instrumento es fundamental para la estructura de la Venezuela que viene“, mientras que para Urruchurtu es una alternativa necesaria para “superar la opacidad absoluta para ser una nación libre y democrática“. Sirviendo de puente para la reconstrucción de Venezuela En el ámbito político la propuesta del CIAM-CIAR se alinea directamente con la visión energética presentada recientemente en el CERAWeek 2026, celebrado en Houston, EE UU entre el 23 y el 27 de marzo de 2026. Allí participó María Corina Machado, quien puso en primer plano la seguridad jurídica como elemento fundamental para que Venezuela se transformara en un socio energético confiable y en el centro de innovación del hemisferio que el mundo demanda. Y destacó que la “Nueva Venezuela” no puede limitarse a ofrecer vastas reservas de petróleo y gas: debe ofrecer reglas de juego predecibles. Este mecanismo no solo busca resolver disputas comerciales y de inversión, sino servir de plataforma para la visión de reconstrucción nacional y soberanía energética
