Por Rafael Veloz / @Rafael Veloz Garcìa Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación de Abogados de Venezuela y de la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC. Miembro de la dirección nacional de Vp. La presencia de María Corina Machado en Madrid y lo discutido esta semana en Washington vuelven a colocar sobre la mesa una verdad esencial: la estabilidad de Venezuela no nacerá de la resignación, sino de elecciones limpias, legitimidad democrática y una sociedad civil organizada para sostener la transición. La concentración encabezada por María Corina Machado este sábado 18 de abril en Madrid no fue solamente un acto de encuentro con la diáspora venezolana. Fue un acto político de alto contenido estratégico. Allí, en el corazón del exilio venezolano en Europa, Machado volvió a colocar en el centro del debate una idea que el país no debe perder de vista: la paz verdadera para Venezuela solo puede construirse sobre la base de elecciones limpias y libres, capaces de devolver legitimidad al poder y abrir el camino de una transición ordenada. En esa misma jornada insistió además en que no hay sociedad mejor preparada para unas elecciones libres que la venezolana y reivindicó el inicio del “regreso a casa” como horizonte político y moral de la nación. Ese mensaje adquiere todavía mayor relevancia porque no surgió aislado. Apenas dos días antes, el 16 de abril, la Subcomisión para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una audiencia titulada Latin America After the Fall of Maduro, con la comparecencia de Michael Kozak, alto funcionario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. La sola existencia de esa audiencia confirma que el debate sobre Venezuela sigue girando en torno a una cuestión central: cómo crear condiciones institucionales y políticas reales para una salida democrática estable. Desde la perspectiva del Programa de Organización Ciudadana, POC, el punto más importante del mensaje de Madrid es que vuelve a unir tres elementos que no pueden separarse. El primero, la necesidad de una solución de fondo, que no es otra que un proceso electoral auténtico. El segundo, la urgencia de organizar a la sociedad civil para que esa salida sea posible y defendible. El tercero, la obligación de atender desde ya la emergencia social que sigue golpeando a millones de venezolanos. En otras palabras: la ruta electoral no excluye la urgencia humanitaria; la reclama. Durante demasiado tiempo el régimen ha intentado imponer la idea de que el problema venezolano puede administrarse sin resolver su raíz. Cambian nombres, inventan maniobras, reciclan relatos, promueven falsos diálogos o venden aparentes aperturas, pero el núcleo del problema permanece intacto: quienes hoy ocupan el poder carecen de legitimidad democrática suficiente para representar una salida de futuro. Venezuela no necesita maquillajes de normalidad. Venezuela necesita reconstruir la fuente legítima del poder. Y esa fuente legítima sigue siendo el voto. Por eso resulta tan importante que en Madrid se haya reiterado con claridad que la estabilidad del país no vendrá de acomodos parciales ni de la resignación nacional, sino del derecho del pueblo venezolano a expresarse en condiciones reales de libertad. No se trata solo de una consigna electoral. Se trata de una definición sobre la naturaleza misma de la paz. No habrá paz estable mientras subsista un poder sin legitimidad, sostenido por la represión, el miedo y la exclusión política. Sin embargo, desde el POC debemos subrayar algo adicional. Las elecciones no se defienden solas. Las elecciones limpias y libres requieren una ciudadanía organizada, consciente, articulada y activa. Requieren músculo social. Requieren redes comunitarias. Requieren liderazgo territorial. Requieren gremios, sindicatos, universidades, asociaciones vecinales, grupos juveniles, organizaciones profesionales, sectores culturales y redes de apoyo que comprendan que la transición no será obra de espectadores. Machado, al afirmar que no hay sociedad tan preparada como la venezolana para avanzar hacia la democracia, está enviando también una orden moral: que no quede un venezolano sin organizar. Ese es probablemente el punto más útil y más poderoso para el trabajo del POC. Porque la organización social no solo sirve para defender el voto cuando llegue el momento electoral. Sirve desde ya para reconstruir ciudadanía. Sirve para recomponer la confianza entre venezolanos. Sirve para romper la atomización que el autoritarismo ha sembrado. Sirve para que la gente vuelva a sentirse parte de una tarea común y no apenas víctima aislada de una tragedia nacional. La organización social, además, cumple otra función esencial: permite atender la emergencia sin esperar a que toda la arquitectura institucional se haya recompuesto. Venezuela atraviesa una crisis humanitaria de una profundidad que no admite pausas. La precariedad hospitalaria, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la vulnerabilidad de niños y ancianos, la situación de los presos políticos y de sus familias, así como la fractura de millones de hogares por el exilio, obligan a pensar en respuestas inmediatas. Y aquí aparece una línea de trabajo que debe ser desarrollada con seriedad: la articulación de redes sociales de asistencia y acompañamiento asentadas en la organización de base. Entre ellas, las construidas por los sectores religiosos en todo el país tienen un valor singular. Iglesias, parroquias, movimientos de servicio, comunidades de fe y organizaciones de ayuda humanitaria poseen capilaridad territorial, legitimidad local y capacidad de acompañamiento donde muchas veces el Estado ha desaparecido o se ha convertido en instrumento de control. No son sustituto de la institucionalidad democrática futura, pero sí pueden ser un soporte decisivo mientras el país avanza hacia ella. Esto encaja con una pauta política más amplia que ya había sido expuesta desde Washington a comienzos de año. Reuters informó en enero que Marco Rubio había planteado para Venezuela una secuencia de tres fases: estabilización, recuperación y transición. Si esa es la lógica general del proceso, entonces el componente social no puede verse como algo accesorio. Debe ser entendido como parte del esfuerzo nacional por evitar que la urgencia cotidiana devore la esperanza democrática. Allí reside una de las claves del momento. El régimen sigue utilizando
Confepuv califica de “merengue sin letra” el anuncio de Delcy Rodríguez sobre el salario
Alfredo Conde, dirigente de la Confederación de Profesionales y Técnicos Universitarios de Venezuela, denuncia que el régimen evade el ajuste del salario mínimo y responde con represión a las protestas gremiales. “La permanencia de Delcy Rodríguez en el poder no ha traído soluciones, sino un guión repetido de conflicto. A Estados Unidos no se le ha salido bien dejarla en Miraflores”. Así lo señaló el directivo de la Confederación de Profesionales y Técnicos Universitarios de Venezuela (Confepuv), Alfredo Conde, quien advirtió que el país está a las puertas de un caos, a pesar de que la comunidad internacional ha tratado de evitarlo. En ese sentido, el también periodista dijo que esto volvió a quedar en evidencia este jueves, cuando los trabajadores y jubilados salieron a las calles a exigir un salario acorde a la Constitución, y la respuesta oficial se tradujo en agresiones policiales contra quienes reclaman de forma pacífica. Una alocución sin respuestas para el trabajador venezolano Igualmente, Conde deploró el reciente mensaje al país de Delcy Rodríguez dado que generó más dudas que certezas. “Eso fue un merengue sin letra“, reflexionó sobre la alocución de Rodríguez, al compararla con la famosa canción de 1994 del grupo La Artillería, debido a que fue incapaz de precisar a cuánto ascenderá el incremento del salario mínimo que se comprometió anunciar el próximo 1° de mayo. Tampoco aclaró el destino de los bonos, los cuales —según exigencia de los gremios— deben tener incidencia inmediata en prestaciones, vacaciones y otros beneficios de ley. El “diálogo laboral” bajo la lupa de los gremios profesionales Por otra parte, para la Confepuv el llamado diálogo del Ejecutivo carece de legitimidad. Conde asegura que los derechos no se negocian y que la clase trabajadora desconfía de estos procesos porque suelen incluir únicamente a sindicatos paralelos creados por el chavismo para simular una legalidad inexistente. Fuerzas de seguridad bloquean el paso de manifestantes en Caracas, quienes denuncian la falta de voluntad política para resolver la crisis de ingresos básicos EL DATO: El salario mínimo en Venezuela no se ajusta desde marzo de 2022, manteniéndose en 130 bolívares, apenas 0,27 dólares al cambio actual, precisó Alfredo Conde. También en materia laboral, Conde recordó el caso de trabajadores de la Administración Pública que son víctimas de persecución política, citando como ejemplo el caso de mil empleados de la Asamblea Nacional que fueron despedidos, solo por no ser chavistas, con la venia del actual presidente de ese ente, Jorge Rodríguez. Opacidad en la recaudación del Seniat y crisis de servicios La propuesta de un nuevo modelo tributario también fue cuestionada. Conde considera alarmante que un consejo económico integrado por los mismos responsables de la crisis histórica del país pretenda recibir propuestas para administrar más recursos. “Los venezolanos, que soportan un IVA brutal en cada transacción, exigen saber dónde está el dinero de la recaudación récord del Seniat. Es evidente que esos fondos no se reflejan en la vialidad nacional, cuyas calles muestran hoy cráteres similares a los de la luna“, dijo el dirigente gremial. La vía electoral como solución a la raíz del conflicto El fracaso del modelo gobernante es, para la Confepuv, la causa raíz de la emergencia económica, hecho por el cual los venezolanos decidieron de forma mayoritaria votar por el cambio de régimen en el país el pasado 28 de julio de 2024, elección que ganó Edmundo González Urrutia a Nicolás Maduro, resultado que fue desconocido mediante un fraude cometido por el CNE y avalado por el TSJ. Ante esto, Conde señaló que para rescatar la institucionalidad y que el país se enrumbe hacia una verdadera democracia no bastan las urnas, ya que es urgente articular una hoja de ruta que incluya: Renovación total del CNE: Designación de nuevos rectores y depuración del Registro Electoral Permanente (REP). Voto en el exterior: Garantizar el derecho al sufragio de los venezolanos fuera de las fronteras. Observación internacional: Veedores con acceso real a las salas de totalización y procesos de auditoría. Respeto a la Constitución: Actuar bajo el artículo 234 de la Carta Magna y cesar la persecución política. Sin instituciones no habrá convivencia A modo de conclusión, Alfredo Conde enfatizó que no habrá transición ni convivencia si no se va de inmediato a la reinstitucionalización de la nación. Esto requiere liberar sin condiciones de ningún tipo a las personas inocentes tras las rejas, establecer salarios y pensiones dignas, y desmantelar a los mal llamados colectivos; “temas de los que Delcy Rodríguez no dijo nada”. Instagram X-twitter Tiktok Fecha: 09/04/2026
Rafael Veloz: Máscaras nuevas, sistemas viejos. La simulación democrática frente a la Democracia Total que exige Venezuela
Por Rafael Veloz / @rafaelvelozg Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación de Abogados de Vzla y de la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Pdte Fundador de la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Vzla. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC. Miembro de la Dirección Nacional de Vp. El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo —esa que usurpa las funciones legislativas que pertenecen a la Asamblea Nacional electa en 2015— designó a Larry Devoe como Fiscal General de la República y a Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo. Ambos nombramientos fueron aprobados con 275 votos de la aplanadora oficialista. La pregunta no es quiénes son. La pregunta que debemos hacernos todos los venezolanos es qué representan. Desde el 3 de enero de 2026, cuando Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles, fue llevado ante la justicia norteamericana, el régimen que ahora conduce Delcy Rodríguez ha intentado proyectar una imagen de transición institucional. Han renunciado figuras comprometidas, han anunciado amnistías, han hablado de un “nuevo momento político”. Pero cuando se observa con detenimiento quiénes ocupan los espacios liberados, la conclusión es inapelable: no estamos ante un cambio, sino ante una continuidad con otras máscaras. No es transición; es simulación. El Fiscal que no llegó a investigar, sino a justificar Larry Devoe no es un fiscal de carrera. No tiene trayectoria como investigador penal ni como litigante independiente dentro del Ministerio Público. Su currículo es el de un operador político al servicio del régimen. Fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos desde 2014 —cargo desde el cual ignoró y se burló, en palabras del diputado Juan Pablo Guanipa, de miles de venezolanos torturados—; fue representante del Estado venezolano ante la CIDH, donde negó sistemáticamente la existencia de presos políticos y contribuyó a la salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2013; fue asesor jurídico de la Vicepresidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, acumulando cargo tras cargo al servicio de una estructura de poder que hoy pretende presentarlo como garante de la justicia. La ONG Provea lo definió con precisión: Devoe es “un funcionario de absoluta confianza” de Delcy Rodríguez. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advirtió que esto no es una renovación institucional sino “una rotación de poder”. Y más de 61 organizaciones de derechos humanos, encabezadas por Provea, Espacio Público, Civilis y Acceso a la Justicia, exigieron públicamente que actúe con independencia —exigencia que por sí sola revela el tamaño del problema. Un fiscal legítimo no necesita que la sociedad civil le pida a gritos que sea independiente. Esa independencia debería ser su razón de existir. Como recordó el diputado Guanipa: en 2014 no dijo nada sobre las víctimas de la represión; en 2017 calló ante los asesinados en las protestas; en 2019 prohibió el acceso de la CIDH para que no reportara los abusos; y mientras Maduro mataba y secuestraba venezolanos tras el robo electoral del 28 de julio de 2024, Devoe recorría Ginebra con los recursos del pueblo venezolano. Venezuela necesita un Fiscal General que ponga la ley primero que la política. Devoe ha demostrado, a lo largo de dos décadas, exactamente lo contrario. La Defensora del Pueblo que no defiende al pueblo Eglée González Lobato tiene una trayectoria académica que nadie discute: abogada de la UCV, doctora en Derecho, directora de la Escuela de Derecho, consultora del PNUD. En otro momento, fue incluso una voz crítica del chavismo. Pero las declaraciones recientes son las que definen su idoneidad para el cargo que hoy ocupa. En entrevista a VTV, calificó a la oposición que pidió sanciones internacionales de “traidores” que pedían “intervención militar”. Antes de las elecciones presidenciales, aseguró públicamente que Maduro podía ganar el 28 de julio “sin fraude electoral”. Esas no son opiniones menores; son posicionamientos que comprometen definitivamente la autonomía que exige la Constitución para quien ejerce la Defensoría del Pueblo. La simulación democrática y sus consecuencias El politólogo Daniel Chang lo describió con exactitud: “Larry Devoe es una ficha de la confianza absoluta de Delcy Rodríguez. Designarlo como fiscal es una victoria en el plan de Delcy de bloquear una transición real y negociar una transición del madurismo al rodriguismo”. Lo que el régimen está construyendo no es una salida institucional genuina; es una reconfiguración del control: cambian las caras, ruedan algunas cabezas comprometidas, pero la estructura de impunidad se mantiene intacta. A estos dos nombramientos del Poder Ciudadano se suman próximas designaciones igualmente críticas: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. La advertencia del diputado Tomás Guanipa es pertinente: si el patrón se repite, no habrá condiciones para elecciones libres ni para la legitimación de ningún poder público. La simulación democrática tiene un costo: erosiona la confianza de los venezolanos dentro y fuera del país, y aleja la posibilidad de la inversión extranjera, del retorno de la diáspora y de la estabilización económica que el mismo Secretario de Estado Marco Rubio ha condicionado a una transición real. Democracia Total: la respuesta de la sociedad organizada Ante esta realidad, la sociedad civil venezolana organizada no puede ni debe resignarse. El Programa de Organización Ciudadana (POC), la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (CONFEPUV) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI), junto a más de 25 organizaciones sociales dentro y fuera del país, mantenemos una postura clara: no alcanza con denunciar; hay que construir. Lo que Venezuela necesita no es una mejora cosmética de las instituciones capturadas, sino lo que llamamos Democracia Total: la refundación institucional completa, con poderes públicos elegidos libremente, con independencia judicial real, con un Ministerio Público que investigue sin distinción de quien cometa delitos, con una Defensoría del Pueblo que defienda al ciudadano frente al Estado y no al Estado frente al ciudadano. Esa Democracia Total tiene un camino concreto: elecciones presidenciales, parlamentarias, estadales y municipales plenamente libres, mismo elecciones en Colegios Profesionales y Sindicatos, bajo supervisión internacional auténtica, con un CNE independiente y un TSJ que no
La verdad detrás del anuncio de “aumento responsable” de Delcy Rodríguez
Por: Mitchaelle Henríquez – Para Confepuv El miércoles 08 de abril de 2026, la encargada a la Presidencia de la República en Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió al país para anunciar un conjunto de medidas para dinamizar la economía, entre las que estuvieron algunas en materia laboral. “Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo, es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería que generan ingresos inmediatos”, afirmó. En la alocución de casi media hora, Rodríguez informó acerca de la instalación de una Comisión para el Diálogo Laboral, que abarcará la Constituyente Laboral y de Seguridad Social en curso, con la participación del Estado, el sector privado, los trabajadores y los pensionados. También prometió un aumento salarial a partir del 1° de mayo, cuyo monto no especificó, pero que calificó de “responsable”. Con estas medidas laborales pretende reducir el malestar existente entre los trabajadores y ganar pleitesía, a pesar de la estrepitosa caída del poder adquisitivo de los trabajadores y el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Sin embargo, el mensaje parece más bien dirigido a la administración del presidente Trump con la idea de hacer creer que se hace algo para la apertura de a las inversiones petroleras y en minería, e insistir en el levantamiento de medidas (sanciones) que hoy impiden al régimen de Rodriguez echar mano “lícitamente” a los productos de esas industrias. Ni hablar del supuesto proceso “constituyente laboral”, que más bien parece una treta para desviar la atención ciudadana principalmente puesta en la realización de elecciones presidenciales, como obliga la Constitución Nacional. Veamos las verdaderas implicaciones de las medidas laborales anunciadas y la reacción de los gremios y trabajadores. ¿Aumento real del salario? Rodríguez fue enfática al calificar el próximo ajuste como “responsable”, pero el hecho de no indicar un monto específico sugiere que el incremento podría ser más modesto de lo esperado por la representación de los trabajadores -que exigen indexación total-, principalmente porque durante el discurso aseguró que prevé mejorar los salarios “en el futuro próximo conforme Venezuela goce de más recursos”. Tras años en los que la emisión monetaria descontrolada pulverizó el poder adquisitivo, el gobierno interino parece haber decidido solo aumentar lo que se pudiera pagar con ingresos orgánicos. Pero si el aumento no viene acompañado de un control severo de la brecha cambiaria, el beneficio podría diluirse antes de llegar a la primera quincena de mayo. Recordemos que desde marzo de 2022 no se ha incrementado el salario mínimo nacional, congelado en ciento treinta bolívares (BS. 130) mensuales. Cuando el mismo se fijó equivalía a 30 dólares mensuales y hoy representa tan sólo 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600%. La “Bonificación” como política de Estado Desde el mandato de Hugo Chávez, pasando por el de Nicolás Maduro, y ahora la encargaduría de Rodríguez, la política de “bonificación del salario” ha sido una constante para justificar supuestos incrementos que no han tenido incidencia salarial, ni aumento real del poder adquisitivo. Pese a que la Constitución Nacional en su Artículo 91 consagra el derecho de todo trabajador a un salario digno y suficiente que permita cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales del trabajador y su familia, y aun cuando ese salario debe ser la base de cálculo de los demás beneficios laborales y sociales de los trabajadores, la “bonificación del salario” ha sido una práctica reiterada de estos gobiernos, con la implementación de los llamados bono de guerra, bono de transporte, bono de eficacia, primas, complementos, gratificaciones y otras bonificaciones. La más reciente maniobra ocurrió en marzo de 2026, cuando la misma Rodríguez aprobó el ajuste de 160 a 190 dólares en una bonificación que devengan algunos funcionarios públicos, y que reciben en bolívares a la tasa oficial del día, cuyo aumento respaldó con el producto de la venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo. No obstante, eso no significó incremento en el salario, ni en los beneficios u otros derechos laborales. Conforme a la ley, el salario debe ser tomado en cuenta íntegramente para pagar otros beneficios, como las horas extras, los días de descanso, los días feriados trabajados, y otros de pago anual, como las vacaciones, el bono vacacional y las utilidades, pero hoy en día eso se ha desvanecido. Ello ha conllevado a la “desalarización”, que para el trabajador ha significado que sus prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos sean calculados sobre una base mínima casi inexistente, mientras la brecha entre el “ingreso para sobrevivir” y los “derechos laborales acumulados” continúa ensanchándose. De manera que, para que se inicie una reconstrucción democrática lo que los trabajadores requieren en la supresión de este mecanismo violatorio a la Constitución y la ley, que impide el correcto financiamiento de los sistemas de seguridad social y afecta las prestaciones sociales, la vacaciones y las utilidades de cada trabajador. Este perverso mecanismo implica el desmontaje de todas las garantías y derechos constitucionales de tipo económico que se prevén en favor de los trabajadores, por lo que se requiere que, a través de la negociación tripartita y de claras políticas gubernamentales y judiciales, Venezuela retorne gradualmente la recuperación de esta institución. Institucionalidad y Diálogo Por otra parte, el anuncio sobre la conformación de la Comisión para el Diálogo Laboral y la Constituyente Laboral pareciera estar orientado a buscar proyectar una imagen de apertura; porque paralelamente se ha estado llevando a cabo una encuesta a través del Sistema Patria, supuestamente a los fines de diseñar políticas laborales, lo que se ha entendido como un intento del ejecutivo para suplantar la negociación colectiva con consultas digitales sesgadas. En este proceso se ha excluido a los sindicatos, por lo que sus líderes han denunciado que se ignora a las representaciones legítimas y se busca imponer un modelo laboral “a la medida” del Estado. Así lo declaró la abogada y especialista en Derecho del Trabajo, Jacqueline Richter, quien denunció que las tres
Rafael Veloz: El juicio más injusto de la historia y la lección para nuestro tiempo
Rafael Veloz Garcia. Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA; Diputado Nacional 2015; Abogado Constitucionalista. Semana Santa, justicia y libertad: del proceso contra Cristo a la obligación moral de liberar a los presos políticos en Venezuela La Semana Santa no sólo convoca a la fe. También obliga a la conciencia. En esos días en que el mundo cristiano recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, vuelve a ponerse frente a nosotros una de las escenas más estremecedoras de la historia: el juicio más injusto jamás conocido. No fue un proceso ejemplar. No fue una búsqueda sincera de la verdad. Fue, en esencia, un linchamiento revestido de formalidades, una condena decidida de antemano, una ejecución envuelta en la apariencia de legalidad. Allí radica una de sus enseñanzas más poderosas para la posteridad. Cristo no sólo vino a redimir espiritualmente al hombre; también dejó expuesta, con dramática claridad, la degradación a la que puede llegar un sistema cuando el poder deja de servir a la justicia y convierte la ley en instrumento de persecución. El proceso contra Jesús mostró que no basta con que existan normas, jueces o autoridades. Cuando falta rectitud moral, independencia y verdad, el aparato judicial puede convertirse en simple maquinaria de castigo. La tradición histórica y jurídica ha resaltado que, en el caso de Jesús, fueron violentados principios que hoy consideramos universales: el debido proceso, el juez competente, la posibilidad real de defensa, la presunción de inocencia y la prohibición de condenar por presión política o social. Lo ocurrido ante las autoridades religiosas y luego ante el poder romano no fue un acto de justicia, sino la consumación de una decisión política: sacrificar al inocente para preservar el poder, calmar a la multitud y contener el temor de quienes mandaban. Esa es, precisamente, la primera gran lección para nuestros días: la injusticia más peligrosa no siempre se presenta con el rostro abierto de la barbarie, sino con la máscara de la institucionalidad. El mal, muchas veces, se sienta en un tribunal, redacta una decisión, simula un expediente y pronuncia una sentencia. No necesita romper formalmente el orden jurídico; le basta con vaciarlo de contenido. Así nace el anti-Estado: cuando la ley deja de proteger al débil y comienza a blindar al verdugo. Por eso el juicio a Cristo conserva una vigencia impresionante. Su drama no pertenece únicamente al pasado. Se repite cada vez que un poder público acusa sin pruebas, cada vez que se cambia la imputación para acomodarla a conveniencias políticas, cada vez que se condena antes de oír, cada vez que la presión del poder pesa más que la conciencia del juez. Se repite cada vez que un funcionario, como Pilato, sabe que tiene frente a sí a un inocente y, aun así, decide lavarse las manos. ¿Cuántos Pilatos existen hoy? Ésa es una de las preguntas inevitables de esta Semana Santa. Pilato no fue el autor intelectual del odio, pero sí el ejecutor cobarde de una injusticia que pudo detener. No fue el más fanático, pero sí el que, teniendo poder para impedir el crimen, prefirió ceder ante el cálculo, el miedo y la conveniencia. Esa conducta sigue viva en muchos poderes públicos contemporáneos: funcionarios que no creen en las acusaciones que sostienen, jueces que saben que un expediente está viciado, fiscales que entienden la inocencia del perseguido, defensores públicos que simulan una defensa inexistente, autoridades que callan para conservar el cargo. Todos ellos, en distinta escala, repiten el gesto de Pilato. Venezuela conoce demasiado bien ese drama. Durante años, el país ha padecido la deformación del sistema de justicia hasta convertirlo, demasiadas veces, en herramienta de sometimiento. La persecución por razones políticas, las detenciones arbitrarias, la negación de una defensa libre y efectiva, las imputaciones fabricadas, el uso del miedo como método de control, no son simples desviaciones aisladas: forman parte de un mecanismo de dominación que busca desmoralizar a la sociedad y castigar a quien piense distinto. Allí aparece la semejanza más dolorosa entre el proceso contra Cristo y nuestros tiempos: la utilización del poder para castigar al inocente o al disidente bajo una narrativa de aparente legalidad. En ambos casos se manipula la norma, se pervierte la autoridad y se pretende que el abuso sea visto como justicia. Se invierte el orden moral: la víctima termina presentada como culpable, mientras el poder pretende exhibirse como guardián del orden. Pero también existen diferencias que conviene señalar con claridad. Cristo es único e incomparable. Su juicio y su sacrificio forman parte del misterio central de la fe cristiana y de la historia de la salvación. Ningún preso político puede ser equiparado en sentido religioso con el Hijo de Dios. La comparación no es teológica, sino moral, jurídica y humana. Lo que sí puede afirmarse es que el proceso a Jesús dejó una advertencia permanente: cuando una sociedad tolera que el inocente sea perseguido, condena también su propia libertad. Y cuando el derecho se aparta de la verdad, termina convertido en arma del opresor. Por eso, esta Semana Santa debe ser también tiempo de examen para la nación. No basta con conmovernos ante la pasión de Cristo mientras ignoramos los padecimientos concretos de quienes hoy sufren prisión injusta, incomunicación, tortura psicológica, tratos crueles o procesos amañados. La memoria del Viernes Santo carecería de sentido si no nos impulsa a levantar la voz por los crucificados de nuestro tiempo. En Venezuela, entre ellos, están los presos políticos. La liberación de los presos políticos no es sólo una exigencia jurídica. Es un imperativo moral. Es una causa profundamente humana y, para quien tiene fe, profundamente cristiana. Ninguna reconciliación nacional será sólida mientras existan hombres y mujeres encarcelados por pensar distinto, por protestar, por denunciar o por ejercer derechos que en una república deben ser intocables. No puede hablarse seriamente de paz mientras haya familias destruidas por la arbitrariedad y ciudadanos sometidos a un sistema que castiga la conciencia. Semana Santa es, además, una oportunidad para recordar que la oración no
Venezuela apuesta por el arbitraje internacional del CIIAM para recuperar la inversión extranjera
En un momento crucial para la reconstrucción institucional de Venezuela, el sábado 28 de marzo de 2026 se llevó a cabo un encuentro trascendental para el futuro económico y jurídico del país: la “Propuesta de Justicia Internacional en Materia de Inversión y Comercial para la Nueva Venezuela”, un evento que conectó de forma virtual a los principales referentes del derecho iberoamericano con el liderazgo civil venezolano con el firme propósito de ofrecer los servicios del Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje –CIIAM– (producto de la fusión estratégica entre el Centro Interamericano de Arbitraje de Madrid [CIAM] y el Centro Iberoamericano de Arbitraje [CIAR]). Ponentes del evento que destacaron la importancia del CIIAM como alternativa a la justicia tradicional en Venezuela CIIAM: Un traje a la medida de Iberoamérica La jornada estuvo liderada por las ponencias de los abogados Rafael Veloz García y Ramón Aguilar Camero, representantes de CONFEPUV ante el CIIAM, quienes presentaron las bondades del organismo arbitral ante actores vinculados al Comando con Venezuela y ante la sociedad profesional organizada, como una propuesta de justicia internacional en materia de inversión y comercial para la nueva Venezuela, que permitirá superar el vacío legal dejado tras su salida del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2012. Durante su intervención Veloz García, reconocido abogado constitucionalista, diputado de la Asamblea Nacional 2015 y figura clave en esta iniciativa, explicó las bondades del arbitraje internacional para dirimir controversias de manera expedita “evitando el pesado y costoso aparato de la justicia tradicional que hoy está colapsado”; cómo este órgano arbitral nació para la resolución de conflictos en Iberoamérica, y que ahora puede ser parte de la solución a la destrucción del sistema judicial venezolano. Por su parte, Aguilar Camero, destacado abogado especialista en Derecho Procesal, del Trabajo y en Arbitraje Internacional, destacó que la precaria situación de la justicia en Venezuela no brinda la seguridad jurídica suficiente para que vuelvan las inversiones al país, así que la reconstrucción del poder judicial tendría que venir apalancada por mecanismos que generen confianza. “El inversor internacional no teme al mercado venezolano, sino a la indefensión jurídica. El CIIAM sustituye la incertidumbre por reglas claras”, enfatizó Aguilar durante su intervención. Explicó que esta neutralidad es vital: “La erosión del Estado de Derecho ha politizado el Poder Judicial en Venezuela. Por ello, este centro moderno permitirá a las empresas resolver sus conflictos en un foro que comparte su cultura jurídica y corporativa, eliminando la incertidumbre que frena al inversor y al mismo fomentar desarrollo económico“. El diagnóstico presentado por ambos expertos fue contundente: Venezuela padece una “barrera invisible” de indefensión jurídica. Desde hace más de una década, la justicia local ha dejado de ser un árbitro imparcial para convertirse en un apéndice del poder político, generando un riesgo país inasumible. Y frente al colapso del sistema judicial tradicional, este sistema arbitral se posicionaría como la alternativa definitiva por varias razones estratégicas: Afinidad Cultural y Lingüística: A diferencia de los tribunales de Washington, París o La Haya, este opera en español y portugués, bajo la tradición del Civil Law (Derecho Continental), facilitando la participación de juristas locales. Eficiencia con “Dispute Boards”: Se destacó el uso de paneles de expertos que monitorean contratos en tiempo real para prevenir conflictos antes de que escalen a litigios costosos. Blindaje Institucional: Al ser administrado por entes internacionales de prestigio como la UIBA (Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados), garantiza neutralidad frente a un sistema judicial local que aún requiere depuración. Voces por la Reinstitucionalización En el acto también participaron líderes de internacionales vinculados al CIIAM. Entre ellos José María Alonso, presidente del CIIAM, que desde la organización que dirige estuvo dispuesto a apoyar a Venezuela para que vuelva al camino democrático brindando una opción segura para la resolución de conflictos. Dijo que “las compañías venezolanas podrán resolver arbitrajes sintiéndose en casa, con costes reducidos“. Juan Ramón Montero, miembro del CIAR en Madrid y representante de la Sociedad Española de Arbitraje, recalcó que resulta idóneo la creación de un marco uniforme para el tratamiento de conflictos con árbitros que conozcan nuestro Derecho y nuestra cultura. Por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) participó su actual presidente, el argentino Carlos Andreucci, y el candidato a la presidencia de la UIBA, el mexicano Alfonzo Pérez Cuellar. Y mientras Andreucci destacó que acompañaba a Venezuela desde el hermanamiento para reivindicar el Estado de Derecho, Pérez Cuellar se enfocó en el diálogo y en árbitros confiables para blindar los esfuerzos por la recuperación del Estado de Derecho. Pero el evento no fue solo una conferencia técnica, sino un respaldo político masivo a la visión de reconstrucción nacional que lideran figuras como María Corina Machado. En ese sentido, contó con la intervención de dos dirigentes políticos que respaldaron la urgencia de este instrumento para apalancar la modernización de Venezuela: Henry Alviarez, del Comando por Venezuela, y Pedro Urruchurtu, secretario internacional de Vente Venezuela, quienes expresaron su apoyo a esta iniciativa confiable e independiente para la reconstrucción institucional. Para Alviarez “este instrumento es fundamental para la estructura de la Venezuela que viene“, mientras que para Urruchurtu es una alternativa necesaria para “superar la opacidad absoluta para ser una nación libre y democrática“. Sirviendo de puente para la reconstrucción de Venezuela En el ámbito político la propuesta del CIAM-CIAR se alinea directamente con la visión energética presentada recientemente en el CERAWeek 2026, celebrado en Houston, EE UU entre el 23 y el 27 de marzo de 2026. Allí participó María Corina Machado, quien puso en primer plano la seguridad jurídica como elemento fundamental para que Venezuela se transformara en un socio energético confiable y en el centro de innovación del hemisferio que el mundo demanda. Y destacó que la “Nueva Venezuela” no puede limitarse a ofrecer vastas reservas de petróleo y gas: debe ofrecer reglas de juego predecibles. Este mecanismo no solo busca resolver disputas comerciales y de inversión, sino servir de plataforma para la visión de reconstrucción nacional y soberanía energética
Rafael Veloz: La señal jurídica que necesita la nueva Venezuela
La presentación al país del Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje (CIIAM), abre una ruta seria para atraer inversión, reducir riesgo y reconstruir confianza. Rafael Veloz Garcia. Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA; Diputado Nacional 2015; Abogado Constitucionalista. Este sábado 28 de marzo fue presentado al país, ante actores vinculados al Comando Con Vzla y a la sociedad profesional organizada, el Centro Internacional e Iberoamericano de Arbitraje, CIIAM, como propuesta de justicia internacional en materia de inversión y comercial para la nueva Venezuela. La iniciativa está impulsada por la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela, CONFEPUV, bajo la representación venezolana de los abogados Rafael Veloz García y Ramón Aguilar Camero. En el acto participaron Henry Alviarez y Pedro Urruchurtu, coordinadores de organización e internacional, en su orden, del Comando Con Vzla. Acompañan la propuesta de CONFEPUV, la Plataforma Social conformada por más de 25 organizaciones de dentro y fuera de Venezuela, con el liderazgo del Programa de Organización Ciudadana, POC y el Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI. No se trata de un anuncio ornamental. Se trata, en realidad, de una pieza estratégica para la reconstrucción nacional. Venezuela no solo necesita un cambio político; necesita también un sistema confiable para resolver controversias comerciales y de inversión con reglas claras, árbitros competentes, procedimientos modernos y respeto efectivo de los laudos. Sin esa base, no hay gran inversión posible. Puede haber visitas, reuniones, exploración de oportunidades o anuncios rimbombantes; pero capital estable, empleo sostenido y desarrollo productivo de largo plazo solo llegan cuando existe seguridad jurídica. El anuncio no puede ser más oportuno. Venezuela salió del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el año 2012. Desde entonces, el país arrastra un déficit estructural de confianza para los inversionistas, agravado por la destrucción del sistema de judicia, ocupado por el Cartel de los Soles y la delincuencia organizada internacional. Por eso el valor del CIIAM va mucho más allá del mundo jurídico. Su importancia es económica, política e institucional. En marzo de 2024, el CIAM y el CIAR (sistema arbitral europeo e iberoamericano, respectivamente, formalizaron una alianza estratégica para crear una institución arbitral de referencia en Iberoamérica, con sede en Madrid, San José de Costa Rica y Sao Paulo, Brasil, de proyección regional. En ese esquema, el CIAR integró su actividad arbitral a la nueva institución, hoy denominada CIIAM, con el propósito de ofrecer administración de arbitrajes internacionales con enfoque iberoamericano e internacional. Además, el componente iberoamericano no es retórico. El CIAR ha estado vinculado desde su nacimiento a la COMJIB y a la SEGIB, que son dos de los organismos más importantes del Sistema Iberoamericano. La primera es la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, que busca mejorar la justicia y favorecer la cooperación jurídica internacional, y la segunda es el órgano de apoyo de la Conferencia Iberoamericana que coordina las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno. La propia documentación de la COMJIB destaca que la creación del CIAR fue promovida por la COMJIB y la SEGIB, mientras la SEGIB ha seguido respaldando el proceso de alianza entre CIAR y CIAM. Esa arquitectura importa porque los inversores serios no observan únicamente la riqueza del subsuelo, el tamaño del mercado o el costo de entrada. Observan, sobre todo, el modo en que un país resuelve sus conflictos. Y allí Venezuela tiene las peores calificaciones del mundo. El país necesita volver a ofrecer algo elemental en cualquier economía moderna: que un contrato se cumpla, que una controversia pueda resolverse con imparcialidad y que el poder político no sea juez y parte. En ese sentido, la presentación del CIIAM al país conversa directamente con la visión de futuro expuesta por María Corina Machado en los últimos días. CERAWeek anunció oficialmente que la Premio Nobel de la Paz, llevaría a Houston una visión de Venezuela como socio energético confiable y “investment-grade” para el hemisferio occidental, fundada en certeza legal, gobernanza transparente y apertura de mercado. Reuters reportó luego que, en su intervención y entrevistas, Machado insistió en que la confianza del inversionista requiere Estado de Derecho, instituciones independientes, respeto a los contratos y acceso a arbitraje internacional, junto con una mayor apertura al sector privado. Allí está, precisamente, el punto de fondo. La nueva Venezuela no puede limitarse a ofrecer petróleo, gas, minerales o ubicación geográfica. Debe ofrecer reglas. Debe ofrecer garantías. Debe ofrecer una plataforma seria para que el capital internacional sepa que no entrará en una selva regulatoria ni en un terreno confiscable a capricho del poder. La inversión extranjera responsable no huye del riesgo económico; huye del riesgo arbitrario. El propio manifiesto político de María Corina Machado ya había adelantado esa dirección al reivindicar la propiedad, la libertad económica, el papel del sector privado y la aspiración de convertir a Venezuela en un centro energético y de innovación del hemisferio. Ese lenguaje no es accesorio. Es la traducción política de un principio económico básico: sin libertad económica protegida por instituciones confiables, la prosperidad es inviable. Por eso la propuesta presentada por CONFEPUV, en articulación con sectores de la abogacía organizada y con interlocución ante el Comando Con Vzla, merece ser vista como una contribución concreta a la transición. No es una tesis abstracta. Es una respuesta práctica a una pregunta urgente: ¿cómo ofrecer, desde el primer día de la reconstrucción, un mecanismo internacionalmente respetable para canalizar controversias comerciales y de inversión? El material de base de esta presentación sostiene justamente que Venezuela necesita un lugar confiable para resolver diferencias entre actores económicos de distintas nacionalidades, y que esa carencia hoy representa una inmensa desventaja competitiva. También hay aquí una dimensión continental. La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, (UIBA), organización fundada por las abogacías de 22 países iberoamericanos, representa una tradición gremial que entiende que la defensa del derecho no termina en las fronteras nacionales. Su presencia en esta discusión es coherente con una visión en la cual los colegios y agrupaciones de abogados no
La transición no se contempla: se construye con protesta, unidad y liderazgo social
Rafael Veloz Garcia. Los cambios realizados por la usurpadora Delcy Rodríguez no son una rectificación del sistema, sino una nueva operación de supervivencia. No estamos viendo una reforma del poder, sino una redistribución del poder entre los mismos factores que han sostenido la corrupción, la represión y la impunidad. El relevo de Vladimir Padrino por Gustavo González López —exjefe de inteligencia y funcionario sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, según Reuters y AP— y la amplitud de la reciente reestructuración ministerial muestran, más que una apertura, un esfuerzo por consolidar mandos leales y recomponer control interno. Por eso, los nombramientos recientes deben leerse como parte de una misma receta: mover fichas para proteger al régimen, comprar tiempo y proyectar una falsa imagen de renovación. La designación de Tarek William Saab como jefe de la Gran Misión Viva Venezuela y el paso del “magistrado” Carlos Alexis Castillo al Ministerio del Trabajo no hablan de cambio democrático, sino de reciclaje político y de colonización partidista de las instituciones. Cuando un operador del aparato represivo es “reubicado” y un “magistrado” salta al gabinete, lo que se confirma es la permanente erosión de la independencia institucional y la persistencia de un sistema que se protege a sí mismo. Ese diagnóstico coincide con el material que ya tenemos acumulado. El manifiesto urgente de la Plataforma Social de más de 25 organizaciones sociales bajo el liderazgo del Programa de Organización Ciudadana, POC y la Confederación de Profesionales de Venezuela, CONFEPUV, advierte que en Venezuela se ha instrumentado una “maquinaria represiva” mediante el uso abusivo de fuerzas armadas y policiales y la instrumentalización del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública; además, identifica a varios de estos actores como funcionarios sancionados por la comunidad internacional. A ello se suma el análisis del Decreto 5.200, que describió con claridad el riesgo de suspensión del derecho a la protesta, militarización de la vida civil y criminalización generalizada de la disidencia. Si ese es el cuadro, el país no puede esperar que el cambio venga desde dentro de la dictadura. La experiencia demuestra lo contrario. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y restricciones al espacio cívico, y recordó en marzo de 2026 que la represión y los crímenes de lesa humanidad continuaban en Venezuela. De allí que el error político más peligroso hoy sea suponer que basta con observar el reacomodo interno del régimen y aguardar que produzca una transición por inercia. Ahora bien, tampoco puede ignorarse que existe un marco internacional en movimiento. El secretario de Estado Marco Rubio ha descrito la estrategia de Estados Unidos para Venezuela en tres fases: estabilización, recuperación y transición, con el objetivo final de llegar a una Venezuela “amigable, estable y próspera” que elija a sus autoridades mediante elecciones libres y justas. Ese esquema, guste o no, ya forma parte de la realidad política. Pero precisamente por eso surge la pregunta central: ¿cuál es el punto de equilibrio entre esas fases externas y la acción interna de la sociedad venezolana? A mi juicio, el punto de equilibrio no está en escoger entre transición o protesta. Está en entender que la protesta social justa, organizada y pacífica es una fuerza que empuja, corrige y nacionaliza la transición. Si la sociedad se calla, la transición corre el riesgo de convertirse en un proceso tecnocrático, tutelado y distante del dolor real del país. Si, por el contrario, la protesta se articula con una agenda institucional, social y democrática, entonces deja de ser un estallido aislado y se convierte en el motor cívico que impide que la transición derive en simple administración del posmadurismo. Las señales ya están en la calle. El 12 de marzo trabajadores universitarios marcharon hacia el Parlamento reclamando aumentos salariales; uno de los voceros resumió la tragedia diciendo que el salario de un trabajador equivale a unos centavos de dólar al mes, mientras dirigentes docentes denunciaron sueldos de entre uno y cuatro dólares mensuales. Reuters también reportó el resurgir del movimiento estudiantil, que hoy exige libertad para los presos políticos, derogación de leyes usadas para reprimir, elecciones libres y reinstitucionalización del Estado. Y para este lunes 23 de marzo de 2026 trabajadores y jubilados convocaron una nueva jornada nacional por salarios y pensiones dignas. Eso significa que la calle no debe verse como una amenaza al proceso de transición, sino como su ancla moral y social. La pobreza, el colapso salarial, la inseguridad, la falta de servicios y la existencia de presos políticos no son asuntos secundarios que deban posponerse hasta una hipotética elección futura. Son el contenido mismo de la lucha democrática. En eso el Manifiesto de Libertad acierta al recolocar la dignidad, la libertad de expresión, el derecho al voto, la libertad de reunión y la seguridad como ejes rectores de una nueva república; también al recordar que el gobierno debe servir a los ciudadanos, no servirse de ellos. Por eso, desde el liderazgo social no podemos actuar como espectadores de una negociación entre factores de poder ni como simples comentaristas de los movimientos de Washington o de Miraflores. Lo que corresponde es construir transición desde abajo: organizar a trabajadores, estudiantes, gremios, iglesias, profesionales, familiares de presos políticos y comunidades; documentar cada abuso; sostener una exigencia unificada de salarios y pensiones dignas; reclamar la liberación inmediata de todos los presos políticos; defender la independencia judicial; y exigir que cualquier cronograma de renovación de poderes públicos desemboque en elecciones auténticas, verificables y con garantías. La Plataforma Social, el POC, CONFEPUV y FAPI tienen allí una responsabilidad histórica. No solo deben denunciar: deben convertirse en articuladores de ciudadanía. La transición necesita aliados internacionales, sí; pero también necesita un sujeto nacional activo, consciente y organizado. Venezuela no puede limitarse a esperar que otros hagan la tarea. La protesta social, lejos de estorbar, debe acompañar el proceso, ponerle contenido venezolano, urgencia moral y dirección republicana. En definitiva, el equilibrio es éste: apoyar toda fase que conduzca a la
¿Periodismo o propaganda? La grave denuncia de la Confepuv sobre los nuevos “títulos” del Gobierno
El periodista Alfredo Conde, Coordinador Nacional de la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (Confepuv), alertó que el régimen de Delcy Rodríguez impulsa un “plan de formación” para sustituir profesionales por propagandistas, con el fin de ocultar la crisis institucional y el empobrecimiento del país. La Confederación de Profesionales y Técnicos (Confepuv) advierte que el régimen busca institucionalizar este silencio con “títulos piratas” para propagandistas. Caracas, 21 de marzo de 2026.- La Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela (Confepuv) rechazó de manera categórica la nueva arremetida del gobierno de Delcy Rodríguez contra el gremio periodístico nacional. La denuncia fue encabezada por el periodista Alfredo Conde, Coordinador Nacional de la organización, quien advirtió que el denominado “plan de formación nacional” es una fachada para desprofesionalizar la carrera y derogar la Ley del Ejercicio del Periodismo, vigente desde 1972. Durante una reunión de la Confepuv celebrada vía Zoom, Conde —quien cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el periodismo venezolano— fue enfático al señalar el peligro de esta medida. “El objetivo está claro: como parte de la hegemonía comunicacional que han impuesto, buscan entregar títulos piratas a personas alineadas políticamente con Miraflores para emplearlos con fines propagandísticos“, sentenció Conde ante la directiva y los agremiados. Ocultar la crisis y silenciar el pensamiento plural De acuerdo con el vocero de la Confepuv, la intención de formar seudoperiodistas responde a una estrategia del régimen para fabricar “informaciones falsas” que engañen a la colectividad sobre supuestos avances económicos y democráticos. “La Confepuv se suma así a la denuncia que hizo en días pasados el secretario general de la seccional de Caracas del Colegio Nacional de Periodistas, Édgar Cárdenas“, precisó. La confederación advierte que esta maniobra busca tender una cortina de humo sobre realidades inocultables: El empobrecimiento extremo que padece la familia venezolana. La destrucción institucional del país. La represión política, evidenciada en los centenares de ciudadanos que continúan tras las rejas por pensar distinto, lo que, según Conde, demuestra que “la llamada ley de amnistía es otro fraude más”. “Al régimen le incomodan los recientes resultados de las encuestas confiables que muestran un 80% de rechazo al gobierno tutelado de Delcy Rodríguez. Nos toca enfrentar esta situación que también se observa en sectores vitales como educación y salud, donde personas incapaces han asumido roles que no les corresponden“, subrayó el Coordinador Nacional. Propuestas de la Confepuv frente a la crisis institucional Frente a esta coyuntura que amenaza el futuro de las profesiones en Venezuela, Conde presentó una hoja de ruta clara, alineada con los objetivos de la Confepuv para la reconstrucción del país en este 2026: Unidad gremial estructurada: Un llamado a todos los sectores profesionales y técnicos para organizarse y plantarse firmes contra los ataques a la profesionalización. Alianza con la academia: Solicitó a las autoridades y estudiantes de las universidades autónomas y privadas sumarse a esta “cruzada” para defender el futuro de quienes hoy se forman en las máximas casas de estudio. Cero tolerancia a la piratería: Frenar la intromisión de personal no capacitado en áreas fundamentales para el desarrollo de la nación. “La Venezuela de ahora nos necesita fortalecidos y unidos cuando entremos de lleno en la cercana etapa de la transición. No podemos permitir un país lleno de falsos profesionales. Unidos los derrotaremos una vez más“, concluyó. Fecha: 21/03/2026
El médico, la pistola y el Estado
Un médico venezolano, cuyo nombre reservamos para protegerlo de nuevas represalias, salió del Hospital Ortopédico Infantil de Caracas después de una larga jornada de trabajo. Iba camino a su casa, como cualquier ciudadano decente que cumple con su deber, cuando fue interceptado por cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en motocicletas. Lo obligaron a detenerse, a bajar del vehículo, y bajo amenaza de armas le dijeron que, por existir un supuesto estado de excepción, sus derechos civiles estaban prácticamente abolidos. La extorsión fue brutal: para no ser llevado al Helicoide debía pagar 30.000 dólares. Como no podía hacerlo, lo despojaron de dinero, documentos, reloj y cadena, siempre con una pistola apuntándole. Después lo soltaron con una orden seca: váyase rápido. Lo más grave de este testimonio no es solo el robo. Es la naturaleza del robo. No estamos ante la delincuencia común que asalta desde la marginalidad; estamos ante la delincuencia uniformada que actúa desde la apariencia de legalidad. Cuando un ciudadano teme más a una alcabala que a un ladrón de esquina, la sociedad ha cruzado una línea muy peligrosa: la de la sustitución del Estado de derecho por el Estado delincuente. Ese hecho, por doloroso que sea, no puede verse como un episodio aislado. Encaja en un patrón más amplio de degradación institucional. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió hace apenas tres días, el 12 de marzo de 2026, que desde el 3 de enero ha recibido reportes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, y que entre septiembre y diciembre de 2025 documentó 135 arrestos arbitrarios, junto con un patrón continuado de torturas y malos tratos en cárceles, centros de detención y “casas seguras”. La misma Misión ha insistido en que persiste la práctica de silenciar la disidencia y ha reclamado la liberación inmediata de los detenidos políticos que siguen presos. Es decir, el médico asaltado por policías no es una anécdota: es la expresión cotidiana de un sistema. El mismo aparato que persigue al disidente, amedrenta a la familia del preso político y convierte la prisión en instrumento de castigo político, también convierte el uniforme en franquicia de extorsión. Todo está conectado. La inseguridad ciudadana, la prisión política, la impunidad judicial y la crisis económica no son problemas separados: son distintas caras de una misma estructura de dominación. De allí que hablar de transición no pueda limitarse a la economía o a las elecciones. Una transición seria debe comenzar por una fase de estabilización que restablezca el monopolio legítimo de la fuerza bajo control civil, profesional y constitucional. No puede haber recuperación económica donde el comerciante, el médico, el transportista o el productor estén expuestos a funcionarios que usan un decreto, un arma o una credencial para robar. La libertad económica necesita seguridad jurídica, pero también seguridad física. Nadie invierte, nadie produce y nadie regresa a su país si el uniforme sigue siendo una amenaza. El propio Manifiesto de Libertad subraya que una Venezuela renovada debe garantizar simultáneamente el derecho a la propiedad, a la seguridad y a una economía libre, y que las fuerzas armadas y policiales deben reformarse para defender al pueblo, no para someterlo. Por eso la lucha contra la delincuencia de Estado debe ser una política prioritaria de las primeras horas de la transición. No como consigna, sino como programa concreto. Primero, hace falta una intervención institucional inmediata de los cuerpos policiales y de inteligencia más comprometidos con violaciones de derechos humanos, acompañada de depuración, suspensión de mandos, control externo y auditorías patrimoniales. Segundo, debe activarse una unidad especial contra la extorsión policial y militar, con apoyo internacional, canales seguros de denuncia y protección real para víctimas y denunciantes. Tercero, la transición debe emprender una reforma urgente del Ministerio Público y del sistema judicial, porque mientras los victimarios estén conectados con quienes reciben la denuncia, el ciudadano seguirá callando por causa de la intimidación. El problema, además, se agrava cuando el poder utiliza el estado de excepción como coartada para criminalizar a la sociedad. El análisis crítico del Decreto N.º 5.200 advierte que ese instrumento abre la puerta a la suspensión de reuniones y manifestaciones, restringe el tránsito, militariza servicios esenciales, permite “búsqueda y captura inmediata” con categorías ambiguas y vulnera incluso la propiedad privada y la libertad económica. En lugar de proteger a la población, concentra más poder y amplía la discrecionalidad represiva. En paralelo, la libertad de los presos políticos no puede verse como un tema aparte de la seguridad ciudadana. Es parte de la misma urgencia nacional. Foro Penal reportó al 9 de marzo de 2026 que aún había 508 presos políticos en Venezuela, y el 13 de marzo informó que se habían verificado 690 excarcelaciones desde el 8 de enero, al tiempo que alertó que tribunales seguían negando beneficios de amnistía a algunos beneficiarios. La Misión de la ONU también expresó preocupación por la falta de transparencia en ese proceso y por las limitaciones de la nueva ley de amnistía. http://confepuv.org/wp-content/uploads/2026/03/Video-denuncia-medico-17-03-26.mp4 Esto obliga a una conclusión moral y política: no habrá pacificación real mientras existan presos políticos y no habrá confianza ciudadana mientras exista delincuencia uniformada. Liberar a los presos políticos y desmontar el aparato represivo no son medidas distintas; son dos partes del mismo proceso de saneamiento republicano. El manifiesto urgente en defensa del Estado de derecho impulsado por POC, CONFEPUV y FAPI lo expresa con claridad al denunciar el uso abusivo de las fuerzas militares y policiales, la instrumentalización del Poder Judicial y la necesidad de exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. La transición venezolana, por tanto, debe caminar sobre dos piernas al mismo tiempo: seguridad y economía. La estabilización requiere desmontar redes de extorsión, desarmar estructuras parapoliciales, recuperar las calles y devolver garantías mínimas al ciudadano. El fomento económico exige devolver la propiedad, proteger la empresa, asegurar contratos y acabar con la arbitrariedad. Y solo sobre esa base podrá abrirse una fase electoral limpia, competitiva y confiable. Pretender elecciones
