CARACAS, 12 de marzo de 2026 – En una jornada marcada por la indignación y la precariedad extrema, la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (CONFEPUV) acompañó a miles de trabajadores, jubilados y pensionados que se movilizaron en todos los estados del país para exigir un incremento del salario. La protesta se llevó a cabo a propósito de que ese día se cumplieran cuatro años desde que el salario mínimo fuera fijado en 130 bolívares, un monto que hoy, debido a la imparable subida del dólar, se ha vuelto prácticamente inexistente. Cientos de personas se concentraron en Caracas, Mérida, Lara, Bolívar, Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy, Cojedes, Falcón, Amazonas y Zulia, para reclamar mejoras en sus ingresos. En algunos estados se realizaron marchas y en otros, concentraciones. En la ciudad capital los manifestantes partieron de la plaza Morelos con la intención de llegar a la sede de la Asamblea Nacional (AN), debiendo modificar la ruta para evitar coincidir con una concentración convocada a última hora por sectores del chavismo. Además, en varios tramos del trayecto tuvieron que atravesar barreras de seguridad instaladas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que intentaban restringir su avance. Pero finalmente, la movilización llegó a las inmediaciones del Parlamento, donde cinco representantes sindicales entregaron un documento a una delegación de legisladores en el que plasmaron los reclamos por salarios dignos y el cumplimiento de garantías constitucionales relacionadas con las condiciones laborales. Esta movilización marcó el reinicio de las manifestaciones laborales masivas en Venezuela, que no habían ocurrido desde 2024, por prevención a la represión desatada durante la ola de detenciones registradas durante la crisis poselectoral. Dirigentes sindicales advirtieron que las protestas continuarán si el gobierno no anuncia medidas concretas para mejorar los ingresos de los trabajadores, siendo la política de “bonificación del salario” —implementada para evitar pagos de prestaciones sociales y antigüedad— el principal blanco de las críticas y exigencias para su eliminación. El papel de CONFEPUV frente a los trabajadores En este contexto, CONFEPUV tuvo participación a través de los gremios profesionales, que unificaron su reclamo en pro de mejores condiciones laborales. En Caracas, los profesionales universitarios marcharon junto a los sindicatos, destacando, entre otras cosas que, que un profesional postdoctorado en la administración pública hoy percibe ingresos que no cubren ni el 5% de la canasta alimentaria; en Carabobo y Zulia, los núcleos regionales de CONFEPUV lideraron asambleas de calle, denunciando la fuga de talentos masiva debido a sueldos que no permiten el mantenimiento básico de un hogar profesional; y en el Oriente del país, ingenieros de las industrias básicas se sumaron a las concentraciones para exigir que el conocimiento técnico sea remunerado según estándares internacionales y no bajo “bonos de supervivencia”. La responsabilidad de la actual asfixia económica fue atribuida directamente a la gestión de Delcy Rodríguez, en su doble rol como encargada del gobierno interino y titular de la cartera económica. Los gremios y CONFEPUV la acusan de mantener un “déficit cero” y el control del gasto público a costa de congelar el ingreso de los trabajadores y de continuar las medidas artificiosas de Maduro que violan el artículo 91 de la Constitución[1], el cual ordena que todo trabajador debe ganar lo suficiente para vivir con dignidad. Además, exigieron a Rodríguez transparencia en el manejo de los ingresos petroleros que, según el propio gobierno han aumentado, pero no se han reflejado en el presupuesto familiar del trabajador. La situación en 2026 resulta considerablemente más crítica que en años anteriores, pues la brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo ha pulverizado el poder adquisitivo del venezolano. Mientras que en marzo de 2022 devengar 130 bolívares equivalía a unos $30, la devaluación crónica los ha reducido en la actualidad a menos de 30 centavos de dólar mensuales. [1] Artículo 91 CRBV. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento. FUENTES: CT Insider (12 de marzo de 2026). Trabajadores marchan para exigir aumento de salarios y pensiones en Venezuela. El Nacional (12 de marzo de 2026). Trabajadores protestan para exigir aumento salarial tras cuatro años sin ajuste. Efe (12 de marzo de 2026) Los sindicalistas retoman las calles de Venezuela por mejoras salariales tras la captura de Maduro. TVV Noticias Venezuela (04 de marzo de 2026) Salario mínimo: 1.449 días congelado y sin salida (video). AMS Abogados (1° de mayo de 2025). Bonificación del salario en Venezuela: el perverso proceso de “des-salarización”. Fecha: 12/03/2026
Confepuv impulsa ideas para el futuro del arbitraje venezolano en la Asamblea Anual del CIAM-CIAR
CIUDAD DE PANAMÁ – En un encuentro clave para el fortalecimiento de la justicia alternativa en Iberoamérica, la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (Confepuv) participó en la Asamblea Anual Ordinaria del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) celebrada este 4 de marzo de 2026 en la ciudad de Panamá. El CIAR junto con el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) conforman el CIIAM (antes denominado CIAM-CIAR), un referente para la resolución de conflictos internacionales que fusiona la experiencia en el ámbito iberoamericano y europeo; por lo que este evento, desarrollado bajo una modalidad híbrida (presencial y virtual), permitió reunir a los principales actores del derecho y el arbitraje de la región para definir las líneas estratégicas del sector, presentar cuentas y elegir autoridades, lo que fue aprovechado por Confepuv, como asociación venezolana, para incentivar al organismo arbitral a unirse a los esfuerzos en pro de lograr la reconstrucción de la confianza de los inversores en Venezuela y el incremento de las relaciones comerciales con el país. Innovación y propuestas para Venezuela Durante la jornada, la delegación de Confepuv, representada por los abogados Rafael Veloz García y Ramón Alfredo Aguilar, presentó una hoja de ruta centrada en la modernización y expansión del arbitraje en Venezuela y sus socios naturales en Latinoamérica, España, Portugal e Italia. Iniciaron destacando que debido al colapso institucional generado por casi tres décadas de un modelo político que erosionó sistemáticamente la separación de poderes y desmanteló la independencia judicial en Venezuela, su sistema de justicia atraviesa su “hora más oscura”. Participación de COFEPUV en la asamblea CIAM-CIAR Los inversionistas y socios extranjeros requieren de un entorno donde las reglas de juego sean claras, estables y protegidas por jueces independientes. Pero el sistema venezolano no ofrece estas condiciones idóneas y, por el contrario, ha destruido la confianza legítima, requisito indispensable para cualquier flujo de inversión extranjera ya que, sin tribunales imparciales, el riesgo país se vuelve inasumible, alejando los capitales que la nación requiere para su reconstrucción. Durante estos años la experiencia con mecanismos de arbitraje de “vieja guardia”, como el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIADI), la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), han demostrado que, en contextos de ruptura institucional, pueden resultar distantes, costosos y lentos para la dinámica de reconstrucción urgente que el país necesita. Además, estos mecanismos arbitrales tradicionales han resultado insuficientes o inefectivos para proteger las inversiones y producir decisiones equitativas en el contexto venezolano reciente, incluso reconociendo al régimen de Maduro. Además, parecen alejados de la cultura jurídica del civil law propio del derecho iberoamericano. Ante este panorama, el cambio que propone Confepuv es la creación de un entorno de confianza para el capital extranjero y las relaciones entre países amigos latinoamericanos y europeos, donde el arbitraje internacional tendrá un papel fundamental para sustituir la incertidumbre política y judicial por un sistema de reglas claras y mecanismos de protección efectivos, ofreciendo un foro neutral y técnico para la resolución de disputas, en idioma español, más rápido y accesible, apalancado en el moderno reglamento del CIAR-CIAM que recoge y corrige las experiencias forenses de otros centros internacionales. Por ello, hacen una invitación a los socios del CIIAM para que sirvan de voceros en la oferta de estos mecanismos que incentiven al capital extranjero a recobrar la confianza en que habrá seguridad jurídica para invertir y negociar con Venezuela, mediante un entorno de resolución de conflictos moderno, transparente y despolitizado. Esto, no solo serviría para proteger contratos individuales, sino que enviaría una señal global de que el país ha vuelto a ser un destino seguro para los negocios, permitiendo que sus potencialidades económicas se traduzcan en beneficios reales para la nación, atrayendo capitales y protegiendo las transacciones comerciales en el país. Un compromiso con el futuro La participación de Confepuv en este evento reafirma su compromiso de posicionar a Venezuela en el mapa del arbitraje moderno. Al colaborar con organismos como el CIIAM, Confepuv busca no solo representar al gremio profesional de abogados, sino también ofrecer soluciones tangibles que dinamicen el entorno legal y económico del país. “Nuestra presencia aquí busca integrar a los profesionales venezolanos en las mejores prácticas globales, asegurando que el arbitraje sea el catalizador que permita transformar nuestros recursos y potencialidades en beneficios reales para la nación”, destacaron representantes de la institución. Venezuela sigue siendo una tierra de oportunidades inigualables. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, un potencial gasífero de primer orden, riqueza mineral (oro, coltán, hierro, aluminio, rodio), atractivos turísticos únicos y amplias necesidades de vialidad e infraestructura, que esperan por una explotación profesional y ética. En un momento en que se vislumbra la posibilidad de restaurar la democracia y recuperar el sistema de justicia en el país, es muy importante crear un marco sólido y funcional que sirva como el “catalizador” necesario para explotar sus vastas riquezas naturales y su reconstrucción con socios internacionales. La consideración de compromisos arbitrales bajo la administración del CIIAM en una Venezuela democrática y en los países socios significará decirle al mundo que el país ha dejado atrás la era de la arbitrariedad para abrazar la era de la certidumbre. Fecha: 09/03/2026
La amnistía al revés: el régimen exige a sus víctimas que pidan perdón
En Venezuela no estamos ante un proceso de justicia, sino ante una nueva maniobra de humillación institucional. La tragedia no consiste solamente en que aún permanezcan centenares de presos políticos tras las rejas; la tragedia mayor es que quienes destruyeron el debido proceso, fabricaron expedientes, impusieron defensores públicos sin confianza, toleraron incomunicación y convirtieron los tribunales en anexos de la represión, ahora pretendan presentarse como administradores de una supuesta “amnistía”. Esa es la inversión moral más perversa: el victimario quiere aparecer como benefactor, y la víctima como peticionaria de perdón. Los hechos siguen siendo demoledores. Foro Penal informó esta semana que, al 2 de marzo de 2026, en Venezuela permanecían 526 presos políticos, de los cuales 353 son civiles y 173 militares; además, reportó 11 personas en paradero desconocido. En paralelo, la organización verificó nuevas liberaciones parciales en los últimos días, pero advirtió que la cifra de detenidos sigue siendo muy alta y que la situación está lejos de resolverse. Por eso resulta inaceptable que algunos jueces sigan exigiendo que los presos políticos firmen la designación de sus abogados cuando esos detenidos permanecen incomunicados, aislados o sin contacto real con sus familiares. ¿Cómo puede firmar libremente quien está bajo coerción, sin acceso regular a sus seres queridos, sin posibilidad de recibir comida, ropa o asistencia oportuna? ¿Qué clase de “consentimiento” jurídico puede surgir de una celda controlada por los mismos órganos que violaron el derecho a la defensa desde el primer día? Eso no es garantía procesal; es una parodia del derecho. A esa parodia se suma otra falsedad: la interpretación torcida de los llamados “15 días” en materia de amnistía. Se ha querido instalar la idea de que el preso o su familia tienen apenas quince días para interponer la solicitud. Eso es falso. El lapso de quince días corresponde, en esencia, al tiempo que tiene el funcionario para decidir la petición, no para convertir a la víctima en responsable de activar a contrarreloj un beneficio que, por su propia naturaleza, debería examinarse con criterio garantista y no como carrera de obstáculos. La distorsión no es inocente. Es funcional al caos, a la discrecionalidad y a la arbitrariedad. Y allí aparece el problema de fondo: no existe criterio unificado. En unos expedientes se niega la amnistía, como ha ocurrido con casos emblemáticos vinculados a Paramacay, mientras en otros procesos con imputaciones tan graves y políticamente manipulables como rebelión o terrorismo sí se conceden beneficios. Esa disparidad no demuestra prudencia judicial; demuestra la ausencia de justicia independiente. Lo que prevalece no es la ley, sino la conveniencia política del poder. Cuando el mismo sistema que encarceló arbitrariamente es el que decide quién merece salir y quién debe seguir secuestrado por el Estado, la “amnistía” deja de ser un instrumento de reconciliación y se convierte en otro mecanismo de control. La contradicción ética es todavía más grave. La amnistía, en una sociedad que aspira a reconstruirse, está asociada a la superación de una fractura política, al reconocimiento del abuso y a la búsqueda de paz con verdad. Aquí, en cambio, se pretende que las víctimas pidan perdón al aparato que las persiguió. El régimen ha invertido la lógica moral y jurídica: no pide excusas por la tortura, la incomunicación, la desaparición temporal, la negación del abogado de confianza o la fabricación de cargos; exige sumisión. Quiere que el preso político se comporte como culpable para merecer el alivio de una maquinaria que jamás debió triturarlo. Eso explica por qué el país no percibe este proceso como justicia. Según resultados de la encuesta “Cati Meganálisis Verdad Venezuela”, levantada entre el 18 y el 25 de febrero, alrededor de 86% de los consultados asocia el socialismo con mal vivir, retroceso y pobreza; además, casi 70% califica el proceso de amnistía como una estafa. En la misma medición se reporta un respaldo mayoritario a la idea de que María Corina Machado debe volver a Venezuela, en un contexto en el que Reuters informó el 1 de marzo que la dirigente anunció su intención de regresar al país en las próximas semanas. Ese dato político importa porque revela algo esencial: la sociedad venezolana no está comprando el relato oficial. No cree que exista una normalización institucional. No percibe que haya reparación. No observa justicia. Lo que ve, con razón, es la continuidad del mismo sistema de persecución bajo un ropaje discursivo distinto. Y esa percepción no nace de propaganda opositora, sino de la experiencia acumulada de miles de familias que conocen el expediente, la audiencia diferida, la visita negada, el defensor impuesto, la amenaza velada y el silencio judicial. Los últimos cinco días lo han confirmado. Mientras continúan anuncios de liberaciones parciales, las organizaciones de derechos humanos siguen documentando detenciones pendientes, desaparecidos y obstáculos burocráticos. El contraste entre el discurso oficial y la realidad es brutal: se anuncian excarcelaciones, pero continúan centenares de presos; se habla de convivencia democrática, pero persiste la discrecionalidad; se invoca la ley, pero el procedimiento sigue secuestrado por quienes demolieron la independencia judicial. La conclusión es dolorosa, pero necesaria: en Venezuela no existe hoy un poder judicial independiente, ni una fiscalía al servicio del ciudadano, ni una defensoría del pueblo que merezca ese nombre, ni un sistema penitenciario compatible con un Estado de Derecho. Lo poco de justicia que sobrevivía fue arrasado por un modelo de persecución. Por eso, jueces y funcionarios que han servido conscientemente a esta estructura represiva no deberían seguir administrando la libertad ajena. Quien aceptó ser pieza del engranaje de la arbitrariedad perdió autoridad moral y jurídica. Muchos deberían renunciar; otros deberán responder, en su momento, ante una justicia de verdad. Seguiremos repitiendo esta verdad todas las veces que haga falta: en Venezuela no hay presos comunes en estos casos, hay presos políticos; no hay benevolencia institucional, hay administración calculada del dolor; no hay transición judicial, hay simulación. Y mientras exista un solo preso político injustamente secuestrado por el Estado, la tarea de denunciar no termina. Pero denunciar no basta. También hay que construir. Venezuela
Encuentro POC, FAPI y Confepuv: Una propuesta para abordar el trauma de los presos políticos y de sus familiares
Entre los temas expuestos en el más reciente de los foros digitales que adelanta el Programa de Organización Ciudadana, destacó la propuesta de la doctora en psicología y psicoterapeuta, María Begoña Tortolero, sobre la salud mental de los que fueron privados de la libertad ilegalmente, así como las de sus parientes, que también fueron víctimas de la injusticia. El Programa de Organización Ciudadana (POC), conjuntamente con sus aliados, el Frente Amplio de Profesionales Internacional (FAPI) y la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (Confepuv), en la marco de su ciclo de foros digitales, presentaron un detallado informe como aporte de cara a la transición política en Venezuela. Cabe resaltar la proyección de un video sobre la polarización política en Venezuela, presentado por el consultor político José Vicente Carrasquero; las propuestas de Salud Mental Venezuela Digital y cómo abordar el trauma de los presos políticos y sus familias, expuestas por la PHD en psicología, y psicoterapeuta, la doctora María Begoña Tortolero, así como también las destacadas intervenciones de la presidente del partido Fuerza Liberal y experta en materia sindical, Haydée Deutsch, y del analista político, Manuel Mirelles, entre otras. Desafíos de la salud mental venezolana La Dra. Tortolero presentó una propuesta para abordar la crisis de salud mental en Venezuela utilizando redes sociales y aplicaciones móviles, para quienes no tienen acceso. Explicó que según estudios, el 80% de la población venezolana sufre de desconfianza y ansiedad, y enfatizó la importancia de reconstruir la confianza a nivel personal antes de poder construirla a nivel social. La doctora destacó que la salud mental es un problema nacional que requiere atención inmediata y propuso que todos los venezolanos, incluida la diáspora, contribuyan a proporcionar contención psicológica a través de plataformas digitales. Tortolero habló sobre la resiliencia de los venezolanos y los desafíos de la salud mental, explicando que el 89% de la población tiene desconfianza e hipervigilancia, y que se necesita acompañamiento para transformar el dolor en fortaleza democrática. Ante una pregunta sobre las estrategias de salud mental de los venezolanos, la psicoterapeuta respondió que “ya hay una propuesta aprobada que incluye un equipo de psicólogos y la incorporación de la salud mental en la ley educativa”. La polarización e informe político El foro digital semanal del POC, FAPI y la Confepuv se inició con la proyección de un video en el que se analiza la polarización política en Venezuela y que fue presentado por el consultor político José Vicente Carrasquero. El video explicó cómo 26 años de conflicto llevaron a la polarización artificial, la demolición de instituciones y la emergencia de una nueva mentalidad ciudadana que exige profesionalismo y acción concreta en lugar de retórica. Mírelles, por su parte, presentó un informe político sobre la situación actual en Venezuela, explicando que Estados Unidos intervino militarmente el 3 de enero por razones geopolíticas y estableció una relación a largo plazo con el país. Mírelles señaló que el desmontaje del régimen chavista continúa, pero la oposición debe esperar cambios verdaderos en la Fuerza Armada Nacional antes de considerar que la transición es real. “El objetivo principal es tener un CNE correctamente blindado con una dirección creíble. Recomendamos que la oposición continúe con su trabajo político y con el liderazgo de María Corina Machado”, sostuvo. Posteriormente, Haydée Deutsch, máxima dirigente de Fuerza Liberal y de gran experiencia en el mundo sindical del país, habló sobre el cansancio y la impotencia como problemas psicológicos culturales, enfatizando que “no se trata de una situación de desesperanza real ya que muchos ciudadanos continúan luchando”. Y destacó el apoyo en regiones del hemisferio, mencionando los recientes triunfos en Argentina, Ecuador y especialmente Honduras, donde el ente electoral del país se enfrentó al gobierno. Concluyó llamando a la unidad del pueblo venezolano y a no caer en trampas ideológicas. Deutsch, para concluir, enfatizó la necesidad de un sindicalismo más auténtico y autónomo. El tema cultural también saltó a la palestra con las palabras de Fernando Aranguren del sector cultura, quien razonó sobre las políticas culturales desarrolladas por el grupo que lo acompaña para rescatar el valor de la pluralidad y desmontar la línea del pensamiento único del régimen, destacando la importancia de la conciencia ciudadana a través de la acción colectiva. La misión del liderazgo social El doctor, Rafael Veloz, pilar fundamental del POC, moderó el foro y presentó a los que participaron en el coloquio, entre los cuales se encontraban representantes de diferentes sectores en la transición política de Venezuela, incluyendo trabajadores, transporte, jubilados y militares presos políticos. Veloz explicó que “la misión del liderazgo social es acompañar el proceso político y llevar el mensaje a sectores de la sociedad civil”, mencionando que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional electa en 2015 tiene responsabilidad en este tema. Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA; Diputado Nacional 2015; Abogado Constitucionalista. El dirigente concluyó el foro destacando la importancia del proceso de liberación de presos políticos y la necesidad de continuar las reuniones sectoriales para avanzar en la transición democrática. Una propuesta para la transición Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, en días pasados, propuso cinco puntos clave para avanzar hacia la democracia: liberar a todos los presos políticos, desmantelar el aparato represivo, permitir el regreso de exiliados, abrir el espacio cívico y nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, aspectos que fueron analizados por el POC, FAPI y Confepuv. López se refirió a la transición política en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, destacando la creciente influencia de Estados Unidos en el proceso a través de visitas de altos funcionarios estadounidenses y la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos. Explicó que Voluntad Popular propone un camino hacia la democracia que incluye elecciones libres y amplia participación ciudadana en todos los niveles de gobierno, sugiriendo que este proceso debe iniciarse por los venezolanos democráticos y no ser impuesto por la dictadura interina o Estados Unidos. Para ello, considera importante la unificación política alrededor de una agenda
La reserva moral uniformada: libertad para los militares presos, condición para la nueva Venezuela
En Venezuela existe hoy una tragedia silenciosa que se desarrolla tras los muros de cuarteles, cárceles militares y tribunales especiales. No es una tragedia aislada ni producto de excesos individuales. Es una política sistemática de persecución contra quienes, vistiendo uniforme, decidieron no someter su conciencia al poder. La periodista de investigación Sebastiana Barráez, con años dedicada a la fuente militar, ha documentado con rigor cómo el régimen ha fabricado expedientes, montado operaciones ficticias y construido narrativas de “golpes” inexistentes para neutralizar a oficiales que no acompañan el proyecto autoritario. Uno de los casos más estremecedores fue el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido bajo una trama vinculada a la llamada “Operación Armagedón”. Fue torturado de tal manera que murió prácticamente frente al juez del tribunal militar. Su asesinato no fue un error: fue un mensaje. Un mensaje dirigido a todos los oficiales que aún creen en la Constitución y no en la obediencia ciega. Lo mismo ocurrió con la llamada “Operación Brazalete Blanco”: no demostraron nada, porque no había nada. No existía coordinación, ni plan, ni conspiración real. Existía, sí, la necesidad política de sembrar terror interno, de justificar detenciones y destruir reputaciones. En ese contexto también se inscribe la persecución contra la abogada Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, y el silenciamiento forzado de periodistas que investigan el mundo castrense. El mensaje es claro: quien estudie, denuncie o cuestione la estructura militar bajo control político será neutralizado. Una purga institucional Hoy hay más de 200 militares presos por razones políticas. Más de 1.000 enfrentan procesos abiertos, medidas cautelares, restricciones de movilidad, prohibición de declarar, limitaciones laborales. Están libres en apariencia, pero bajo custodia del miedo. Foto por @versionfinalnews Desde la Asamblea Nacional ilegítima se habla de amnistía. El propio Jorge Arreaza ha reconocido que el régimen no libera a los militares presos porque “ellos tienen sus códigos y juramento”. Es decir, el problema no es jurídico, es político: temen que, una vez libres, pidan reincorporarse y se conviertan en referencia moral dentro de la institución. La perversidad es evidente: anuncian posibles medidas mientras sacrifican a cientos de oficiales que no han cometido delito alguno. Muchos ni siquiera están siendo procesados por su juez natural. Ante la resistencia de jueces y fiscales militares a seguir con montajes insostenibles, trasladaron causas a tribunales de terrorismo. Se criminalizó la conciencia. En las sesiones de la Comisión Permanente de Política Interior de la legítima Asamblea Nacional 2015, hemos escuchado a familiares de presos políticos militares. Lo que narran es dantesco: torturas entre compañeros de armas, incomunicación prolongada, fabricación de pruebas, aislamiento psicológico. Se ha instrumentalizado la jurisdicción militar como mecanismo de escarmiento. El temor del poder: la reserva moral uniformada El régimen teme a los militares que no acompañan al llamado “Cartel de los Soles”. No por su capacidad de fuego, sino por su autoridad moral. Porque representan una alternativa interna de liderazgo. Porque encarnan la posibilidad de unas Fuerzas Armadas subordinadas a la Constitución y no a un proyecto criminal. La información que circula en pasillos militares y policiales habla de descontento creciente. El liderazgo de Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello está visiblemente erosionado. Se comenta incluso la intención de relevo en fechas de ascensos militares. La estabilidad que exhibe el régimen es más frágil de lo que aparenta. Durante años, incluso asesores cubanos participaron activamente en la estructura de inteligencia y represión. Hoy esa presencia ya no existe. El escenario ha cambiado. En los centros de votación militar, el 28 de julio de 2024, el respaldo al candidato democrático fue evidente. Esa es una señal inequívoca: existe una reserva moral dentro de la Fuerza Armada. Esa reserva hoy está presa o amenazada. Presión internacional: condición indispensable El mundo no puede seguir viendo el caso venezolano solo como un conflicto político. Es también un caso de captura criminal de la institución armada. Estados Unidos ha utilizado como argumento central, en sus acciones y sanciones, el señalamiento del control de las Fuerzas Armadas por redes vinculadas al narcotráfico. La comunidad internacional debe reforzar la presión específica para: Liberación inmediata e incondicional de los militares presos políticos. Libertad plena para quienes enfrentan procesos abiertos sin debido proceso. Restablecimiento de la competencia natural de la jurisdicción militar conforme a estándares constitucionales e internacionales. Supervisión internacional sobre condiciones de reclusión y garantías judiciales. No se trata de desmantelar la institución armada. Se trata de rescatarla. La transición pasa por los cuarteles La estabilidad real de Venezuela dependerá de unas Fuerzas Armadas institucionales, profesionales y constitucionales. Son las únicas con presencia territorial completa: fronteras, zonas mineras, costas, espacios urbanos y rurales. Son esenciales para combatir estructuras criminales como el Tren de Aragua y otros grupos irregulares. Pero esa tarea no puede realizarla una institución sometida al miedo y la purga interna. Los militares presos y perseguidos no son una amenaza para la democracia futura. Son parte de su garantía. En ellos se encuentra una porción significativa de la reserva moral necesaria para sustituir el liderazgo actual y reconstruir la confianza institucional. Una causa nacional La lucha por la libertad de los militares presos no es corporativa. Es nacional. Así como hemos acompañado al Comité por la Libertad de los Presos Políticos en la defensa de civiles injustamente encarcelados, seguimos asumiendo con igual firmeza la defensa de quienes, vistiendo uniforme, decidieron no traicionar su juramento constitucional. Liberarlos es un acto de justicia. Liberarlos es un paso hacia la limpieza interna de los cuarteles. Liberarlos es preparar el terreno para una transición pacífica y ordenada. La nueva Venezuela no se construirá sobre el miedo, sino sobre la dignidad. Y en muchos calabozos militares hoy hay hombres que, pese a la tortura y la prisión, siguen sosteniendo esa dignidad. El país y el mundo deben actuar. Porque allí, tras esos muros, late parte del futuro democrático de Venezuela. Rafael Veloz Garcia. Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA; Diputado Nacional 2015; Abogado Constitucionalista. Fecha: 02/03/2026
Amnistía o simulacro: la encrucijada moral y jurídica de Venezuela.
La discusión sobre una ley de amnistía promovida por la llamada Asamblea Nacional de 2026 no puede analizarse como un trámite legislativo más. Está en juego algo mucho más profundo: la posibilidad real de cerrar un ciclo de persecución política de más de veintisiete años o, por el contrario, consolidar un nuevo capítulo de simulación institucional. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entrega un proyecto de ley de amnistía a su hermana, Delcy Rodríguez, en Caracas, el jueves 19 de febrero de 2026. Foto por AP La discusión sobre una ley de amnistía promovida por la llamada Asamblea Nacional de 2026 no puede analizarse como un trámite legislativo más. Está en juego algo mucho más profundo: la posibilidad real de cerrar un ciclo de persecución política de más de veintisiete años o, por el contrario, consolidar un nuevo capítulo de simulación institucional. 1. El problema de origen: procesos nulos desde el inicio. La mayoría de los procesos seguidos contra presos políticos en Venezuela presentan vicios estructurales: detenciones sin orden judicial, negación del derecho a elegir abogado, aplicación extensiva de leyes penales ambiguas, utilización de tipos como terrorismo o traición a la patria para criminalizar la disidencia. El propio Informe Preliminar de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional 2015 que preside el diputado Sergio Vergara, advierte que una amnistía auténtica no puede condicionarse a la sumisión al mismo sistema que produjo la violación. Allí se cuestiona expresamente el requisito de “estar a derecho”, señalando que obligar a los perseguidos a comparecer ante los mismos órganos judiciales que ejecutaron la persecución desnaturaliza la institución. Exigir que quienes fueron indebidamente encarcelados “se pongan a derecho” ante jueces que actuaron como ejecutores del terrorismo de Estado no es un requisito jurídico neutral; es una reafirmación simbólica del poder que los persiguió. Supone forzar a víctimas, exiliados y perseguidos a reconocer una autoridad judicial que jamás garantizó imparcialidad. Si los procesos fueron iniciados sobre bases inconstitucionales o contrarias a tratados internacionales de derechos humanos —que conforme a los artículos 23 y 29 constitucionales tienen jerarquía constitucional— la consecuencia jurídica no es el “perdón”, sino la nulidad absoluta. 2. La táctica del tiempo: la amnistía como estrategia política. No hay sorpresas en el debate actual. Desde hace meses advertimos que la amnistía sería utilizada como mecanismo para ganar tiempo frente a la presión internacional. La experiencia comparada demuestra que los regímenes autoritarios suelen promover fórmulas parciales para aliviar tensiones externas, liberando selectivamente a algunos detenidos mientras mantienen intacto el aparato represivo. El riesgo es que la amnistía termine convertida en un acto administrativo administrado por el mismo sistema que criminalizó la disidencia. El informe técnico citado señala la necesidad de automaticidad plena, nulidad absoluta de las actuaciones y eliminación de toda discrecionalidad judicial. Si la aplicación queda sujeta a revisión caso por caso por los mismos tribunales que sostuvieron los procesos cuestionados, la libertad seguirá dependiendo del arbitrio político. 3. Una amnistía no puede ser restrictiva ni excluyente. La amnistía no se personaliza; se refiere a hechos. Limitar su alcance a fechas específicas de protestas o a categorías restringidas constituye un error conceptual. La persecución política en Venezuela ha sido estructural y continuada, no episódica. Excluir a sectores como militares procesados por razones políticas contraría los principios universales de la institución. La mayoría de las propuestas comparadas contemplan cláusulas amplias de conexidad política, justamente para evitar dejar fuera a víctimas por tecnicismos. Asimismo, una regulación que exija comparecencia física excluye de facto a quienes están en el exilio, lo que obliga a aplicar el principio de interpretación más favorable a la persona —in dubio mitius— privilegiando la libertad y la desjudicialización inmediata. La regla debe ser clara: la libertad es el punto de partida, no el resultado de un trámite prolongado. 4. No puede haber “auto-perdón” para crímenes de lesa humanidad. La amnistía política no puede convertirse en un escudo de impunidad para graves violaciones de derechos humanos. El derecho internacional es categórico: delitos como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o crímenes de lesa humanidad están sometidos a una obligación erga omnes de investigar y sancionar. La experiencia de Argentina tras la dictadura militar es ilustrativa: las leyes de autoamnistía fueron posteriormente anuladas, y los juicios reabiertos. Más de mil condenas demuestran que la justicia puede tardar, pero no desaparece. La reconciliación verdadera no se construye sobre el olvido impuesto, sino sobre verdad, reparación y garantías de no repetición. 5. Reparación integral: más allá de la excarcelación Una amnistía auténtica no puede limitarse a ordenar excarcelaciones. La persecución ha producido exilio forzado (casi 8 millones de compatriotas), despidos masivos —como los más de 20.000 trabajadores de PDVSA—, confiscaciones, inhabilitaciones políticas y daños psicológicos profundos. El propio informe técnico enfatiza la necesidad de incorporar un régimen de reparación integral. Ello incluye restitución de derechos, eliminación de antecedentes penales, levantamiento automático de inhabilitaciones y, en la medida de lo posible, mecanismos de compensación. Casos emblemáticos, como el del teniente coronel Igbert Marín Chaparro, muestran cómo incluso el cumplimiento de penas no garantiza la libertad cuando el sistema mantiene causas sucesivas abiertas. Sin nulidad estructural, la amnistía será apenas una formalidad. 6. Desmontar el andamiaje represivo. No puede hablarse de reconciliación si permanecen vigentes normas que han servido para criminalizar la disidencia. El marco legal construido en los últimos años —leyes especiales, estados de excepción prolongados y decretos como el N° 5.200— ha ampliado facultades discrecionales del Ejecutivo y debilitado garantías básicas. Sin desmontaje normativo no hay garantía de no repetición. 7. Seguimiento independiente y control internacional. En un contexto de profunda desconfianza institucional, la promulgación formal no basta. Se requieren mecanismos independientes de verificación, participación de instancias académicas y acompañamiento internacional. Los tratados de derechos humanos siguen siendo vinculantes. Los jueces están obligados a ejercer control de convencionalidad. La amnistía debe reconocer expresamente la obligatoriedad de decisiones emanadas del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas. 8. ¿Qué hacer si la ley es insuficiente? Una ley imperfecta no clausura el horizonte de
Independencia judicial y transición pacífica: El compromiso internacional con Venezuela
En días recientes se celebró en Madrid, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, CGAE, máxima instancia de juristas del Reino de España que agrupa a 83 Colegios de Abogados, una sesión histórica que marca un antes y un después en la articulación del respaldo internacional a la abogacía venezolana y a la causa del Estado de derecho en nuestro país. Allí, junto al presidente del Consejo, Dr. Salvador González, y a las máximas autoridades de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA), presidida por el jurista argentino Dr. Carlos Andreucci y con la presencia de su vicepresidente, el Dr. Alfonso Pérez Cuéllar, quien ha sido un gran aliado a la causa venezolana y a la defensa de la democracia y justicia independiente en Iberoamérica, se produjo un pronunciamiento claro, firme y valiente: la Abogacía Española, de América y Europa, reclama una transición pacífica en Venezuela y respalda a los abogados venezolanos que ejercen en un entorno marcado por limitaciones al libre ejercicio profesional, riesgos a su independencia y amenazas a su seguridad personal. Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA) No se trata de una declaración retórica. Se trata del pronunciamiento del máximo órgano de España, y de una organización iberoamericana que agrupa a más de cuatro millones de juristas. Es, sin duda, uno de los respaldos institucionales más relevantes que ha recibido la abogacía organizada venezolana en las últimas décadas. LA FUERZA DE LA ABOGACIA ORGANIZADA VENEZOLANA. Este logro no es casual. Es el resultado de más de veinte años de trabajo sostenido en instancias internacionales, de la perseverancia de la abogacía venezolana democrática y de la articulación de plataformas como el Programa de Organización Ciudadana (POC), la Confederación de Profesionales de Venezuela (CONFEPUV) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI). Estas instancias han entendido que la defensa del Estado de derecho no puede limitarse a lo interno, cuando precisamente el sistema de justicia ha sido instrumentalizado como mecanismo de persecución política. La sesión en Madrid permitió exponer con detalle la situación venezolana: la existencia de abogados encarcelados, la criminalización del ejercicio profesional y la utilización del aparato judicial como herramienta de terrorismo de Estado. El propio Consejo General de la Abogacía Española expresó su profunda preocupación por la situación institucional, social y jurídica que atraviesa Venezuela, reiterando su compromiso con la defensa de las libertades fundamentales y la dignidad humana. Ese compromiso no quedó en palabras. Se acordó fortalecer la cooperación a través de la UIBA y del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), en la próxima reunión de Viena, llevar el caso de Venezuela, con el objetivo de proteger a los profesionales del derecho y garantizar que puedan ejercer su función esencial en la defensa de los derechos y libertades. EL COLAPSO DE LA DEFENSA PUBLICA Y LA URGENCIA DE UN MODELO INDEPENDIENTE. En las mesas de trabajo abordamos un punto medular: la necesidad de preservar y reconstruir la independencia del sistema de justicia. En Venezuela, la defensa pública ha sido desnaturalizada. Lejos de actuar como garantía constitucional del derecho a la defensa, ha sido utilizada para bloquear la labor de la defensa privada. En numerosos casos, los tribunales y fiscales impiden que el ciudadano designe a su abogado de confianza. Se impone un defensor público que, en la práctica, sigue instrucciones del operador judicial del régimen. Paradójicamente, más del 68% de los sometidos a juicio son personas de escasos recursos. Pero la respuesta no puede ser una defensa pública subordinada al Ejecutivo. La respuesta debe ser un sistema garantista, profesional y autónomo. En este sentido, analizamos el modelo español del turno de oficio. En España, el acceso a la justicia gratuita es gestionado por los Colegios de Abogados a través del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), mientras que el financiamiento corresponde a la Administración Pública. El abogado es designado provisionalmente por el Colegio, garantizando independencia técnica, y posteriormente se determina la gratuidad del servicio. Este esquema combina tres elementos esenciales: independencia profesional, organización colegial y financiamiento público transparente. Es una referencia valiosa para la futura reconstrucción institucional venezolana. TRANSICIÓN PACÍFICA Y RESCATE DE LOS DERECHOS POLÍTICOS. Durante el encuentro se reiteró que cualquier proceso de transición en Venezuela debe ser pacífico, democrático y respetuoso de los derechos humanos. La Abogacía Española subrayó que la transición debe sustentarse en la participación libre y plural del pueblo venezolano, mediante el diálogo, el consenso social y la reconciliación nacional. Se destacó la importancia de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos sin intimidaciones ni restricciones. Sin libertad de expresión, sin derecho de reunión y sin garantías judiciales, no hay democracia posible. La presencia de representantes de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y de la Presidenta de la Asamblea Nacional legítima, Dra. Dinorah Figuera, evidenció que este respaldo no es individual sino institucional. Es un respaldo a la Venezuela democrática. EL MAYOR RESPALDO INTERNACIONAL EN DEFENSA DE LA JUSTICIA VENEZOLANA. En mi gira por América (México, Colombia, Panamá), y ahora Europa, particularmente en Madrid, he recibido un respaldo pleno a la lucha libertaria venezolana y a la causa de los abogados perseguidos. Puedo afirmar, con la experiencia de más de dos décadas en organismos internacionales, que estamos ante el más importante respaldo jurídico-institucional logrado en favor de los abogados venezolanos y de la reconstrucción del sistema de justicia. Este apoyo no significa injerencia; significa solidaridad profesional y defensa de principios universales: Estado de derecho, separación de poderes y respeto a la dignidad humana. Hoy la abogacía organizada venezolana no está sola. POC, CONFEPUV y FAPI han logrado tender puentes sólidos con las más altas instancias jurídicas de América y Europa. Se ha sembrado una red de apoyo técnico y político que será determinante para el proceso de reconstrucción institucional que vendrá. Porque la justicia no es patrimonio de un régimen, sino columna vertebral de la República. Y cuando la justicia se pervierte, la abogacía tiene el deber histórico de alzarse. Venezuela atraviesa horas complejas, pero la comunidad jurídica
El dólar en la transición, legitimación y cambio
Venezuela está devastada, necesita una recomposición estructural de la producción nacional; es decir, tanto la Industria petroleras como las CVGS, las industrias del sector no petroleros: la agroindustria, textil, automotriz, etc. Los que vayan a dirigir al país incluyendo este proceso ilegítimo dirigido por Delcy Rodríguez debe considerar la ventaja de la Competitividad que Venezuela tiene, que son muchas y van más allá de las simples actividades extractivas. Somos un crisol de oportunidades y por políticas de extrañas intenciones en estas dos décadas hemos quedado postrados. ¿Por qué?, Si históricamente los EEUU ha sido nuestro primer socio comercial, luego Colombia y Brasil, no era conveniente darle la espalda a los EEUU y a la Comunidad Andina, esto fue una puñalada al corazón económico de Venezuela. En ese orden de ideas se debe crear una política de exportaciones sobre nuestras ventajas competitivas y las necesidades comerciales de nuestros socios naturales: EEUU, Comunidad Andina y Brasil. Nuestra producción no está acorde a la producción de esos países por lo tanto es incompatible con una economía destruida como la nuestra, adoptar el DÓLAR como moneda de circulación nacional, no tiene nada que ver con la capacidad competitiva de nuestra producción o nuestra economía y nos quita la herramienta de la política monetaria como palanca para el desarrollo. Transferimos nuestra política monetaria a la FED que actúa conforme a las necesidades de los EEUU, no a la nuestra, es decir, nuestra capacidad productiva esta comprometida con MAQUINARIAS CHATARRAS y no estamos al nivel de la producción Norteamericana, que es muy sofisticado, que desarrollan e utilizan la INTELIGENCIA ARTIFICIAL, según los reportes; no se tiene la misma productividad de USA, Colombia y Brasil, que además no tienen una economía desmantelada. Más de dos décadas de destrucción nacional nos ha dejado muy atrás entre las economías latinoamericanas. Hay que sumarle a eso la cantidad de capital humano que esos países tienen, están más tecnificados que los nuestros lo que hace que sus monedas ayuden a ser sus economías más competitivas en los mercados internacionales. Por tanto una posible medida de la dolarización debe ser enfocada a corto plazo para aliviar de inmediato la inflación y que se dolaricen los salarios o ingresos de los ciudadanos. Hay que entender que si se planifica económicamente y productivamente a mediano y a largo plazo, el crecimiento económico del país va ser efectivo y eficiente para atender a una población de 30 millones de habitantes. Venezuela es un país de oportunidades y de mayor potencial en la región. Entonces si se logra después de la dolarización vencer la inflación y que vaya creciendo progresivamente la producción en todas en las áreas ante descritas, como también resolver el problema de NO seguir financiando los gastos del gobierno por la vía BCV, Reforzar las Reservas Internacionales a través de las exportaciones y créditos en la entidades financieras multilaterales para que se invierta en la producción, en la restauración de las infraestructuras de los hospitales, escuelas, autopistas, vías internas, programas de salud, educativos y seguridad, Viviendas, proyectos eléctricos, planes de hidrología para que haya agua potable y luz de manera permanente. Si se logra el ingreso de esos DÓLARES al país, que es lo que se necesita para cubrir los gastos de la nación y que la economía se logre diversificar, no habrá necesidad de Dolarizar, porque esos sectores productivos activos de manera eficiente van a generar empleos masivos con salarios más justos. Por lo tanto hay que conservar la COMPETITIVIDAD para que se pueda exportar a precio accesible y no perder mercados para que puedan ingresar dólares por esa vía de manera permanente para atender de inmediato a las necesidades del país. En Conclusión: Tener un sistema bimonetario como Perú que ha crecido de manera significativa o indexar la moneda como lo hizo Chile, convirtiéndose en una economía que están estable. Aunque en ambos caso destacan sobre todo la autonomía de sus bancos centrales. Negociar con la entidades financieras Internacionales; BM, FMI, BID, etc. para potenciar las Industria petrolera y las demás industrias al rededor de la de CVG. Que no haya más financiamiento por parte del BCV al gasto del Gobierno. Se requiere una férrea autonomía del banco central, recordemos el Banco Central de Alemania y el de Perú. Refinanciamiento de la deuda externa. Que haya Reconocimiento Internacional por parte de los Gobiernos a Venezuela. Cambiar todas las leyes para que se genere la confianza económica y jurídica. Hacer acciones para minimizar el riesgo país. Programar la amortización de pagos de deuda a ACREEDORES y PROVEEDORES que por muchos años no se pagaban esos compromisos porque solo cumplían con China y Rusia, que no ayudaron a modernizar las industria básicas. Compromiso de pagos con la Bancas Multinacionales para que haya la confianza y nos puedan apoyar con los créditos en condiciones favorables para Venezuela. Abrir la inversión privada al país, en particular en el área petroquímica. Devolver las industrias expropiadas para genera confianza. Privatizar empresas básicas por que el país no está en condiciones financieras para rescatarlas, recuperarlas y activarlas en los procesos productivos. Traer capital humano de mano de obra tecnificadas para que atienda no solo la parte productiva sino que también formen a los venezolanos a trabajar con los equipos y maquinarias modernas. Eso puede ser de a dos o tres años si hay la planificación adecuada para poner en marcha el crecimiento del país. Eco. José Gregorio González. Vice Presidente de la Cámara Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda. Prof. de Desarrollo Económico en la USM, periodo 2016-2020.* Fecha: 17/02/2026
“Plan de Acción Ciudadana”: La ruta para que la caída de Maduro sea una transición irreversible
Tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero de 2026, y el inicio de un escenario político sin precedentes, desde el Programa de Organización Ciudadana (POC), el Frente Amplio de Profesionales Internacionales (FAPI) y la Confederación de Profesionales de Venezuela (CONFEPUV), anunciamos el “Plan de Acción Ciudadana para la Transición y Democratización de Venezuela”. Este plan, basado en la propuesta técnica del politólogo John Magdaleno, busca transformar la esperanza ciudadana en una organización social efectiva que garantice un cambio de gobierno definitivo hacia la libertad y la dignidad. Más allá de la captura, aunque la extracción de Maduro representa un hito existe un riesgo de reversión al sistema político anterior, pues la historia demuestra que el camino a la democracia es complejo. Según el estudio en el que se evaluaron 383 casos de transiciones ocurridas entre 1900 y 2019, casi el 60% de los intentos fallaron y regresaron al autoritarismo. Que se vaya un líder no garantiza el fin del sistema; necesitamos una transición que “no tenga vuelta atrás”, tal como lo anuncia la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. La dignidad humana debe ser el principio rector de esa nueva República. María Corina Machado en una rueda de prensa en Oslo, Noruega vía Reuters La coyuntura actual está marcada por una estrategia de Estados Unidos -expresada por el Secretario de Estado Marco Rubio- que se divide en tres fases: Estabilización (control de recursos y orden), Recuperación (reintegración económica y amnistías) y Transición (transformación política interna). Sin embargo, la presión internacional, aunque fundamental, solo explica el 13% de los casos exitosos; el 51% de las transiciones exitosas son promovidas desde adentro mediante la movilización y articulación interna. La “Sinfonía del Cambio”: El rol de cada sector El Plan de Acción Ciudadana propone que la transición no sea la obra de un “héroe solitario”, sino una orquesta donde cada sector social toque su nota para alcanzar el umbral del 3.5% de activación ciudadana necesaria para forzar un cambio real. Cada sector debe cumplir su rol. Señalo algunos ejemplos en el marco de la labor que han venido haciendo 22 sectores desde hace más de 2 años: Sector Justicia (abogados, académicos, ex-funcionarios judiciales): Deben liderar la fase de liberalización, haciendo las exigencias hacia una amnistía real, documentando sistemáticamente las detenciones arbitrarias, exigiendo la restitución de derechos y libertades y creando registros independientes de todos los presos políticos para forzar hechos que desmonten la represión. Ya hemos identificado las 29 “leyes” que el Parlamento usurpado ha dictado para construir el terrorismo de Estado, y que deben ser anuladas. Sector Educación: Los docentes y estudiantes pudieran tener la misión de preparar la socialización democrática, integrando lecciones sobre libertades civiles y usando las universidades para denunciar violaciones a la libertad académica. Sector Salud: los médicos y enfermeras deben documentar de forma independiente el impacto de la crisis en la población y organizar la vigilancia de la transparencia en la llegada de ayuda humanitaria. Sector Servicios e Infraestructura: Los gremios de Ingenieros, Arquitectos y Afines, deben impulsar a que el talento profesional venezolano sea incorporado al desarrollo de las obras en las distintas áreas técnicas del país en pro del impulso económico que se requiere en las distintas etapas guiadas hacia la democratización. Hacia una Venezuela “Tierra de Gracia” Esta ruta está alineada con el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, quienes han trazado la visión de una “Tierra de Gracia”. Además, se busca romper el “estancamiento” generado por el Decreto de Conmoción y la persecución real y digital del régimen post-Maduro, proponiendo validar garantías reales a través de una Mesa Tripartita de Acuerdos que incluya no solo a los factores del oficialismo y la mediación de EE. UU. Es vital la incorporación de las fuerzas democráticas legitimadas el pasado 28 de julio de 2024. La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, sino un derecho inherente”, conforme lo establece el Manifiesto de Libertad. María Corina Machado y Edmundo González Créditos: @RAUL ARBOLEDA La invitación es a todos los sectores sociales, gremios, sindicatos y ONGs, a organizarse bajo esta hoja de ruta para asegurar que esta vez la transición sea irreversible y permita a los 9 millones de venezolanos en el exterior regresar a una nación de prosperidad y justicia. La captura de Maduro removió la piedra angular, pero el edificio del autoritarismo no caerá solo. La democracia requiere un encadenamiento inteligente de acciones ciudadanas que transformen el silencio de las calles en un nuevo pacto social para la libertad definitiva. Si quieres conocer más sobre el Programa de Organización Ciudadana puedes ver el boletín Contacto Ciudadano Boletín Contacto Ciudadano Dr. Rafael Veloz Garcia. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA. Diputado 2015. Fundador de la Confederación de Profesionales de Venezuela, CONFEPUV. Fecha: 09/02/2026
Excarcelados sin libertad: la trampa de la amnistía y el desafío de la transición.
En Venezuela se ha instalado una peligrosa narrativa: la de las supuestas “liberaciones” de presos políticos como gesto de distensión. Sin embargo, quienes han salido de los calabozos no han recuperado la libertad. Solo han cambiado de jaula. El régimen ha perfeccionado una modalidad perversa: excarcelar sin liberar, sacar a la calle sin devolver derechos, permitir respirar sin permitir vivir. La mayoría de los presos políticos excarcelados permanecen bajo medidas cautelares arbitrarias: prohibición de salida del país, prohibición de declarar, limitaciones para ejercer actividades laborales o profesionales, obligación de presentación periódica ante organismos de seguridad. Estas condiciones los convierten en rehenes administrativos, en ciudadanos bajo custodia permanente del Estado represor. Son, literalmente, carne de cañón para nuevas extorsiones, nuevas detenciones, nuevas venganzas, si en algún punto de control policial alguien decide “reactivar” su expediente. No hay reinserción social posible cuando el Estado mantiene el control total sobre la vida del excarcelado. No hay libertad cuando el miedo sigue siendo el marco de existencia. En este contexto, Delcy Rodríguez —la usurpadora— ha anunciado la posibilidad de una “ley de amnistía” desde una Asamblea Nacional igualmente usurpada. El anuncio no es inocente. Forma parte del manual histórico del régimen: enredar, dilatar, ganar tiempo, simular concesiones para recomponer fuerzas. Ya conocemos el libreto. Fotografía X: @usembassyve Conviene entonces aclarar, con rigor jurídico, la diferencia entre los dos mecanismos que hoy se colocan sobre la mesa: el indulto y la amnistía. El indulto, previsto en el artículo 236 numeral 19 de la Constitución, es una atribución del Ejecutivo. Puede perdonar la pena o su ejecución, pero no borra el delito. El indultado sigue siendo culpable ante el sistema, conserva antecedentes penales y queda jurídicamente marcado. Es una gracia, no una restitución de derechos. La amnistía, en cambio, regulada en el artículo 236 ordinal 5°, tiene un efecto radicalmente distinto: extingue la acción penal y el delito mismo. Jurídicamente, es como si el hecho nunca hubiera existido. Elimina antecedentes, se aplica incluso a personas no sentenciadas y está diseñada para delitos políticos o conexos. La amnistía no es una concesión: es un acto de reparación institucional. Por eso resulta profundamente revelador —y alarmante— que uno de los “venenos” adelantados por Delcy Rodríguez sea la exclusión de los delitos de homicidio y crímenes de lesa humanidad. El régimen sabe exactamente lo que hace: más del 80 % de los presos políticos han sido inculpados falsamente por magnicidio o terrorismo, figuras fabricadas para cerrar cualquier salida jurídica real. No se trata de justicia, sino de ingeniería represiva. Pudieron anular juicios viciados, reconocer nulidades absolutas, restituir derechos de manera inmediata. No lo hicieron. Prefieren la táctica de siempre: administrar el conflicto, no resolverlo. Desde el Programa de Organización Ciudadana (POC) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI) insistimos en que el desmontaje del terrorismo de Estado no puede hacerse por partes ni con medidas cosméticas. Se requiere un programa sistémico, integral, coherente y sostenido en el tiempo. Protesta para la liberación de los presos políticos en Caracas Delcy Rodríguez anuncia el cierre del Helicoide, pero guarda silencio sobre la realidad más brutal: más de 100 centros de tortura en todo el país, muchos de ellos clandestinos. Solo por citar algunos datos: Zulia (9), Caracas (11), Miranda (14), Bolívar (8), Táchira y Yaracuy (6), entre otros. Hay decenas más que aún desconocemos. El terrorismo de Estado no se reduce a un edificio emblemático; es una red nacional de represión. El sector justicia del POC ya tiene adelantado el trabajo técnico para abrogar las leyes que sostienen el andamiaje represivo, así como para actuar contra las inhabilitaciones políticas que han sido usadas como arma de exclusión masiva. Pero somos conscientes de una verdad incómoda: este proceso tomará años. Y precisamente eso es lo que desea Delcy la “U”: cansar, desgastar, diluir la presión. La presión internacional y la movilización interna han obligado al régimen a confesar verdades que antes ocultaba. Una de ellas es devastadora: el 68,8 % de los presos políticos son personas pobres. La represión no es solo política; es clasista. Y aunque gran parte de esta maquinaria fue diseñada por el Cartel de los Soles, no puede olvidarse que desde 2018 Delcy Rodríguez ha sido responsable directa de organismos de tortura como el SEBIN y la DGCIM. Frente a este panorama, desde hace más de dos años se ha venido construyendo una plataforma social amplia, con el objetivo del restablecimiento de la Constitución de 1999, bajo el liderazgo de María Corina Machado. En ese espacio hemos trabajado con especialistas venezolanos y extranjeros para comprender con claridad el tipo de transición que estamos atravesando y, sobre todo, para formar cientos de facilitadores ciudadanos que hoy orientan, explican y organizan a la población mediante conversatorios presenciales y virtuales, dentro y fuera del país. Hoy observamos cómo la sucesora del Cartel de los Soles comienza, de forma aislada y controlada, a restituir algunos derechos. No por convicción, sino por presión. Nuestra tarea es lograr que los aliados internacionales y los actores internos comprendan que no basta con gestos parciales: se requiere la restitución plena de los derechos básicos para que la organización social pueda existir sin persecución. El instrumento por excelencia sigue siendo la movilización social, entendida en todas sus formas: conversatorios, denuncias, oración, protestas, acompañamiento ciudadano. Solo podremos avanzar hacia una rápida liberación política y civil si contamos con una dirección colegiada político-social, con metas claras de corto y mediano plazo. La amnistía verdadera —no la simulada— y el protagonismo de los líderes sociales son hoy los dos pilares de una transición real. Todo lo demás es dilación. Y Venezuela ya ha perdido demasiado tiempo. Rafael Veloz Garcia. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados. Diputado 2015. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC. Fecha: 03/02/2026
