Por Rafael Veloz García / @rafaelvelozg
Rafael Veloz García. Abogado constitucionalista. 1er vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, UIBA (Madrid, España). Expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, (Washington, EE.UU) y de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Diputado Nacional 2015. Pdte de la subcomisión de justicia de la Comisión Permanente de Política Interior. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC.
En la sede de Ceproaragua, en la avenida Las Delicias de Maracay, no quedaba una silla libre. Habíamos convocado a los abogados y llegó media ciudad: dirigentes vecinales, sindicalistas, estudiantes, familiares de presos políticos, gente que no vino a escuchar sino a preguntar. Maracay tiene esa virtud que le conozco desde hace años, una capacidad de resistencia y un espíritu unitario que debería servir de ejemplo al resto del país.
Esa fue la última parada de una semana larga. Empezamos con muchas reuniones en el área metropolitana de Caracas, seguimos por Carabobo y Aragua, y esta semana estuvimos en comunidades del estado Miranda, de lo cual les comentaré el próximo sábado. Fuimos a explicar lo que la Mesa de Diálogo decidió en materia de justicia. Volvimos con una propuesta.
Valencia: una elección anulada
En Carabobo nos topamos con un caso que retrata el problema entero. El Tribunal Supremo de Justicia anuló unas elecciones limpias del Colegio de Abogados de esa entidad, en las que resultó electo el joven abogado Carlos Pimentel, perseguido después hasta verse obligado a salir del país. Lo dije allí y lo repito aquí: si el máximo tribunal puede anular la elección de un colegio profesional, ningún gremio de Venezuela tiene garantía de autonomía. Ni los abogados, ni los médicos, ni los ingenieros, ni los profesores.
El encuentro con los juristas valencianos tuvo una participación excelente, y de allí salió una petición concreta que asumimos como propia: que el restablecimiento de los derechos civiles de Carlos Pimentel se incorpore a la negociación del nuevo ciclo que se inicia en los próximos días. No como un favor personal, sino como la reparación de un daño que se le hizo a un gremio entero.
Maracay: las preguntas difíciles
En la ciudad jardín me acompañaron los diputados a la Asamblea Nacional 2015 por Aragua, Arnoldo Benítez y José Gregorio Hernández, y estuvo presente la junta directiva del Colegio de Abogados del estado bajo la conducción de su presidente, Rosalino Medina. Él dijo algo que conviene subrayar porque no era lo cómodo: que el vicio de nombrar jueces por militancia partidista tampoco nació en 1999, que también se practicó en la Cuarta República, y que la abogacía no está aquí para defender a ningún funcionario señalado por corrupción o negligencia, venga de donde venga. Ese es el tono que necesita este proceso.
No todo fueron aplausos, y eso también hay que contarlo. Una periodista me preguntó de frente si esta selección del Tribunal Supremo no será una burla más para los presos políticos y sus familias, y cuáles son los mecanismos de presión. Le respondí lo que creo: que tiene razón en el reclamo y que la libertad tiene que llevar apellido. No es solo libertad, es libertad plena, sin regímenes de presentación que dejen la amenaza abierta. En la sala hubo testimonios duros sobre civiles juzgados por tribunales militares y sobre traslados a El Dorado. Uno se va de esos encuentros con la certeza de que la reforma judicial no es un debate académico.
De dónde sale la propuesta
De esas consultas nació la idea, planteada desde el Programa de Organización Ciudadana, CONFEPUV y el Frente Amplio Profesional Internacional junto a los abogados del programa y otros líderes sociales: crear un mecanismo permanente que incorpore a la comunidad jurídica al proceso, desde la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los colegios de todo el país. Se llamará Alianza Social para una Justicia Independiente.
Su fundamento está en el artículo 253 de la Constitución, que establece quiénes integran el sistema de justicia. Allí, junto al Tribunal Supremo y los demás tribunales, aparecen dos actores que rara vez se convocan: los abogados autorizados para el ejercicio y los ciudadanos que participan en la administración de justicia. Los abogados no somos observadores externos del sistema: somos parte de él por mandato constitucional. Y la participación ciudadana no es una concesión ni un gesto de cortesía: es una previsión constitucional que en veintisiete años nadie ha activado.
La Alianza convoca a las facultades de derecho, con sus profesores y estudiantes, que serán los abogados de mañana; a los operadores de justicia activos y jubilados; a los abogados e interesados que se vieron forzados a abandonar el país y hoy están en decenas de naciones; a jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y alguaciles, que conocen el funcionamiento diario de los tribunales y han sufrido en carne propia la provisionalidad; a los estudiosos de la ciencia jurídica; y a los ciudadanos, porque es a ellos a quienes sirve el sistema de justicia. El método serán reuniones, charlas y encuentros, presenciales o a distancia, para compartir las propuestas de la Mesa y recibir las suyas.
Cómo participa cualquier ciudadano
En Maracay las propuestas giraron alrededor de aspectos muy puntuales de la participación, así que dediqué buena parte de la exposición a explicar el procedimiento. Funciona así: una vez concluye el plazo para que los aspirantes a magistrados entreguen sus documentos, el Comité de Postulaciones Judiciales publica la lista de los preseleccionados. Desde esa publicación corre un lapso de quince días durante el cual cualquier persona puede presentar, por escrito y debidamente sustentadas, objeciones o impugnaciones contra un aspirante. El Comité debe procesarlas y el trámite culmina con una decisión.
Ese lapso es la puerta que la Constitución dejó abierta y que nunca hemos usado. Son cargos públicos, con una duración de doce años. De ello dependerá si a usted le devuelven su casa, si le pagan su prestación o si sale libre un preso político.
La Alianza acompaña lo acordado por la Mesa, reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, ampliar el Comité de Postulaciones, conformar el Consejo de Revisión de credenciales y renovar a la totalidad de los magistrados, con tres líneas de trabajo: orientación ciudadana en plazas, gremios y universidades; una oficina en cada colegio que explique requisitos, lapsos y baremo a quien desee postularse; y un observatorio que acompañe técnicamente las objeciones fundadas. La regla del observatorio es estricta: se documenta, no se difama. Ninguna objeción se hace pública sin pruebas ni sin dar al afectado oportunidad de responder. Eso es lo que separa una verificación seria de una lista negra, y en nuestro país esa distinción no es teórica.
Para seguir el proceso
Para mejorar la comunicación con los ciudadanos se abrió una cuenta en Instagram, @federacioncolegioabogadosvzla, donde se informará el desarrollo del programa: convocatorias, lapsos, cartillas y resultados de cada encuentro. Quien quiera participar y no sepa cómo, allí encontrará la información al día.
El resultado de todas estas consultas será presentado ante la abogacía organizada de Venezuela, a quien corresponde decidir cómo se ejecuta. Y esta semana habrá decisiones importantes.
Durante veintisiete años el artículo 255 de la Constitución, que ordena que los jueces ingresen por concurso público, ha sido letra muerta. El 253 corrió la misma suerte. Tenemos la oportunidad de activarlos y la responsabilidad de hacerlo bien. Caracas, Valencia, Maracay y Miranda ya dieron el primer paso. Falta el resto del país.
Fecha: 31/08/2026
