Por Rafael Veloz / @rafaelvelozg
Rafael Veloz García. Abogado constitucionalista. Primer vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, UIBA, Madrid, España. Expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, FIA, Washington, EE.UU y de la Federación de Abogados de Venezuela. Diputado Nacional 2015. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC.
El viernes 9 de octubre concluyó el lapso para que la sociedad civil inscribiera a sus aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales. La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela presentó la suya, como se había comprometido en el Consejo Superior de septiembre. Y este lunes 12 comenzaron las entrevistas a los ciento veintisiete candidatos postulados.
Conviene repetirlo porque todavía hay quien cree que esto es un trámite de abogados: de esos ciento veintisiete saldrán doce de los veintitrés integrantes del Comité, el órgano que recibirá las postulaciones a magistrado, aprobará el baremo con el que serán evaluadas y preseleccionará a quienes lleguen al final. No se está escogiendo a los magistrados. Se está escogiendo a quienes van a escogerlos. Por primera vez la sociedad tiene mayoría en ese filtro, y por eso el Programa de Organización Ciudadana, POC, en su sector justicia, junto a CONFEPUV y al Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI, ha intensificado la campaña de divulgación: lo que no se explique a tiempo, no se podrá reclamar después.
Figuera desde Washington: primero las instituciones
El ciclo de foros llegó el sábado al estado Táchira, y lo abrió la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, doctora Dinorah Figuera, con un mensaje enviado desde Washington, donde acababa de reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio.
Su planteamiento fijó la secuencia completa del proceso: Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, garantías políticas y civiles, libertad de expresión y, al final de ese camino y no antes, elecciones con instituciones capaces de sostenerlas. “Hoy cobra protagonismo el Tribunal Supremo de Justicia”, dijo, y agregó una frase que vale como advertencia para todos nosotros: el imperio de la ley no puede ser letra muerta; son hombres y mujeres quienes generan la confianza para que el pueblo crea en sus instituciones. Saludó el trabajo que la abogacía tachirense está haciendo para que el país tenga un Tribunal Supremo vigoroso y con credibilidad.
De esa misma reunión salió una definición del secretario Rubio que resume mejor que ninguna otra la tesis de este ciclo de foros: el deseo no es simplemente que Venezuela tenga una elección, sino que tenga una elección y además una democracia duradera. Es exactamente la diferencia entre un evento y un sistema. Una elección se organiza en meses; una democracia que dure necesita instituciones que la protejan cuando el resultado incomode a alguien.
Táchira: la justicia contada por quienes la sufren
El foro se celebró en la sede del Colegio de Abogados del estado, con los medios regionales presentes, y tuvo una virtud que quiero destacar por encima de las ponencias jurídicas: por primera vez en esta gira fueron los sectores no jurídicos quienes explicaron qué significa la justicia en su vida diaria.
El representante del sector salud, Roberto Duque, lo formuló en una línea: sin tribunales independientes no hay derecho a la salud efectivo, porque nadie puede actuar contra la corrupción, la negligencia o el abuso si no hay ante quién acudir. Desde el sector educativo, Carlos Cardozo sostuvo que la reforma judicial solo será sostenible si se forma ciudadanía democrática desde las aulas. El sindicalista Carlos Ovalles denunció años de decisiones judiciales que vulneraron los derechos laborales, la contratación colectiva y el salario real. Y la abogada Natacha Duque, desde las organizaciones sociales y humanitarias, insistió en que ninguna reconstrucción será legítima sin participación activa de la sociedad civil, con atención especial a las realidades de frontera, a los migrantes y a los retornados, que en el Táchira no son una abstracción.
El abogado José Guerrero puso sobre la mesa lo más duro: detenciones arbitrarias, prisión preventiva abusiva, criminalización de la disidencia, y la exigencia de que la renovación del Tribunal se base en mérito profesional y no en lealtades partidistas.
El magistrado designado por la AN 2015 Ángel Zerpa Aponte, hizo un recorrido histórico desde el siglo XIX para demostrar algo que a veces olvidamos: en Venezuela las grandes transformaciones republicanas siempre han venido acompañadas de reformas profundas del sistema de justicia. Su advertencia fue precisa: esta designación de magistrados no puede convertirse en otra oportunidad perdida. Y el analista Jesús Israel Fernández Granados vinculó los tres pilares del momento: estabilización política, recuperación económica y transición institucional, recordando que la democracia no nace sólo de un proceso electoral, sino de instituciones capaces de garantizar libertades y derechos.
La diputada Karim Vera, representante del Táchira en la Asamblea Nacional 2015, destacó el protagonismo de su estado en la elaboración de diagnósticos y propuestas para la reforma judicial, y subrayó algo que asumo como tarea propia: hace falta una labor permanente de explicación al país sobre lo que la Mesa de Diálogo está haciendo. La desconfianza ciudadana no se vence con comunicados; se vence contando, paso a paso y en lenguaje llano, qué se acordó, qué se cumplió y qué falta.
La diáspora también se postula
El otro aporte de la semana vino de afuera. La abogada Oly Castiglia, desde el Frente Amplio Profesional Internacional, FAPI, invitó formalmente a la diáspora venezolana en países de Europa y América a participar en este proceso, y presentó una propuesta técnica que merece ser considerada por el nuevo Comité.
Su planteamiento no pide privilegios ni cuotas ni rebaja de requisitos. Pide exactamente lo contrario: que la distancia geográfica no opere como una exclusión anticipada durante las etapas iniciales del procedimiento. Propone convocatoria única con los mismos plazos y el mismo baremo para todos, preinscripción electrónica con constancia verificable, expediente digital de credenciales, verificación estricta de identidad y nacionalidad, documentos apostillados y legalizados, apoyo consular cuando sea viable, entrevistas telemáticas iniciales con identificación previa, y comparecencia presencial cuando resulte indispensable. Quien sea designado, naturalmente, deberá cumplir todas las obligaciones territoriales del cargo.
La formulación que mejor resume el argumento es esta: residir en el exterior no constituye mérito y por tanto no puede generar un privilegio, pero tampoco constituye falta de mérito y no debería producir una exclusión automática. Casi una tercera parte de los venezolanos tuvo que irse, y entre ellos hay abogados, profesores, investigadores y jueces con trayectorias que el país necesita. Cerrarles la puerta por un asunto de logística sería empobrecer el universo de donde saldrán los mejores.
Lo que viene
Esta semana se entrevista a ciento veintisiete personas. De ahí sale el filtro, y del filtro saldrán los treinta y dos magistrados, con sus suplentes, que decidirán sobre la vida de los venezolanos durante doce años. Después vendrán el Consejo Nacional Electoral, las garantías políticas y civiles, la libertad de expresión y las elecciones.
Nada de eso ocurre solo. Ocurre si la comunidad jurídica postula a los mejores, si los ciudadanos ejercen la veeduría que la ley les permite cuando se publique la lista de preseleccionados, y si quienes conocemos el proceso salimos a explicarlo. Porque al final la frase del secretario Rubio es también una exigencia para nosotros: no basta con una elección. Hay que construir lo que la haga valer.
Fecha: 13/10/2026
