El miércoles 08 de abril de 2026, la encargada a la Presidencia de la República en Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió al país para anunciar un conjunto de medidas para dinamizar la economía, entre las que estuvieron algunas en materia laboral.
“Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo, es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería que generan ingresos inmediatos”, afirmó.
En la alocución de casi media hora, Rodríguez informó acerca de la instalación de una Comisión para el Diálogo Laboral, que abarcará la Constituyente Laboral y de Seguridad Social en curso, con la participación del Estado, el sector privado, los trabajadores y los pensionados. También prometió un aumento salarial a partir del 1° de mayo, cuyo monto no especificó, pero que calificó de “responsable”.
Con estas medidas laborales pretende reducir el malestar existente entre los trabajadores y ganar pleitesía, a pesar de la estrepitosa caída del poder adquisitivo de los trabajadores y el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Sin embargo, el mensaje parece más bien dirigido a la administración del presidente Trump con la idea de hacer creer que se hace algo para la apertura de a las inversiones petroleras y en minería, e insistir en el levantamiento de medidas (sanciones) que hoy impiden al régimen de Rodriguez echar mano “lícitamente” a los productos de esas industrias. Ni hablar del supuesto proceso “constituyente laboral”, que más bien parece una treta para desviar la atención ciudadana principalmente puesta en la realización de elecciones presidenciales, como obliga la Constitución Nacional.
Veamos las verdaderas implicaciones de las medidas laborales anunciadas y la reacción de los gremios y trabajadores.
¿Aumento real del salario?
Rodríguez fue enfática al calificar el próximo ajuste como “responsable”, pero el hecho de no indicar un monto específico sugiere que el incremento podría ser más modesto de lo esperado por la representación de los trabajadores -que exigen indexación total-, principalmente porque durante el discurso aseguró que prevé mejorar los salarios “en el futuro próximo conforme Venezuela goce de más recursos”.
Tras años en los que la emisión monetaria descontrolada pulverizó el poder adquisitivo, el gobierno interino parece haber decidido solo aumentar lo que se pudiera pagar con ingresos orgánicos. Pero si el aumento no viene acompañado de un control severo de la brecha cambiaria, el beneficio podría diluirse antes de llegar a la primera quincena de mayo.
Recordemos que desde marzo de 2022 no se ha incrementado el salario mínimo nacional, congelado en ciento treinta bolívares (BS. 130) mensuales. Cuando el mismo se fijó equivalía a 30 dólares mensuales y hoy representa tan sólo 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600%.
La "Bonificación" como política de Estado
Desde el mandato de Hugo Chávez, pasando por el de Nicolás Maduro, y ahora la encargaduría de Rodríguez, la política de “bonificación del salario” ha sido una constante para justificar supuestos incrementos que no han tenido incidencia salarial, ni aumento real del poder adquisitivo.
Pese a que la Constitución Nacional en su Artículo 91 consagra el derecho de todo trabajador a un salario digno y suficiente que permita cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales del trabajador y su familia, y aun cuando ese salario debe ser la base de cálculo de los demás beneficios laborales y sociales de los trabajadores, la “bonificación del salario” ha sido una práctica reiterada de estos gobiernos, con la implementación de los llamados bono de guerra, bono de transporte, bono de eficacia, primas, complementos, gratificaciones y otras bonificaciones.
La más reciente maniobra ocurrió en marzo de 2026, cuando la misma Rodríguez aprobó el ajuste de 160 a 190 dólares en una bonificación que devengan algunos funcionarios públicos, y que reciben en bolívares a la tasa oficial del día, cuyo aumento respaldó con el producto de la venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo. No obstante, eso no significó incremento en el salario, ni en los beneficios u otros derechos laborales.
Conforme a la ley, el salario debe ser tomado en cuenta íntegramente para pagar otros beneficios, como las horas extras, los días de descanso, los días feriados trabajados, y otros de pago anual, como las vacaciones, el bono vacacional y las utilidades, pero hoy en día eso se ha desvanecido.
Ello ha conllevado a la “desalarización”, que para el trabajador ha significado que sus prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos sean calculados sobre una base mínima casi inexistente, mientras la brecha entre el “ingreso para sobrevivir” y los “derechos laborales acumulados” continúa ensanchándose.
De manera que, para que se inicie una reconstrucción democrática lo que los trabajadores requieren en la supresión de este mecanismo violatorio a la Constitución y la ley, que impide el correcto financiamiento de los sistemas de seguridad social y afecta las prestaciones sociales, la vacaciones y las utilidades de cada trabajador.
Este perverso mecanismo implica el desmontaje de todas las garantías y derechos constitucionales de tipo económico que se prevén en favor de los trabajadores, por lo que se requiere que, a través de la negociación tripartita y de claras políticas gubernamentales y judiciales, Venezuela retorne gradualmente la recuperación de esta institución.
Institucionalidad y Diálogo
Por otra parte, el anuncio sobre la conformación de la Comisión para el Diálogo Laboral y la Constituyente Laboral pareciera estar orientado a buscar proyectar una imagen de apertura; porque paralelamente se ha estado llevando a cabo una encuesta a través del Sistema Patria, supuestamente a los fines de diseñar políticas laborales, lo que se ha entendido como un intento del ejecutivo para suplantar la negociación colectiva con consultas digitales sesgadas.
En este proceso se ha excluido a los sindicatos, por lo que sus líderes han denunciado que se ignora a las representaciones legítimas y se busca imponer un modelo laboral “a la medida” del Estado. Así lo declaró la abogada y especialista en Derecho del Trabajo, Jacqueline Richter, quien denunció que las tres organizaciones sindicales autónomas principales de Venezuela —Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI Venezuela) y Confederación General de Trabajadores— no fueron convocadas a la reunión con representantes del Ejecutivo nacional sobre la Constituyente Laboral, celebrada el sábado 21 de febrero.
Adicionalmente, persiste la duda de que estas comisiones contemplen una participación del sector privado y sindicatos autónomos o solo sean espacios de dilación política o una maniobra de control político más que de diálogo social.
La reacción de los gremios y trabajadores
Las medidas anunciadas por Rodríguez inmediatamente generaron una oleada de críticas por parte de sectores sindicales y economistas, para quienes no coincide la retórica de “recuperación” y la realidad del bolsillo del venezolano.
Los sindicatos recibieron con escepticismo los anuncios de aumento salarial, y confirmaron la convocatoria a marchar este 09 de abril, junto a obreros y maestros, hacia el palacio de Miraflores, para exigir salarios mínimos dignos. Lo que culminó con la agresión policial de los manifestantes.
También el gremio docente se pronunció al respecto. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) respondió a la propuesta de Rodríguez con un fuerte comunicado en el que indicaron que “lo único responsable después de 4 años, es cumplir la Constitución y fijar el salario mínimo en una cuantía suficiente para que los trabajadores y sus familias puedan cubrir sus necesidades básicas”. Agregaron que la crisis no se puede seguir recargando sobre los trabajadores y que no confiarán en una Comisión Laboral conformada por quienes promovieron el paralelismo sindical, atentaron contra la libertad sindical, aplaudieron la desaparición del salario y abolieron las negociaciones colectivas. Bajo los lemas #BonoNoEsSalario y #SalariosDignosYa, exigieron un aumento salarial real y estructural, rechazando la bonificación de los ingresos tras años de salarios congelados.
Economistas señalaron que el término “responsable” usado por Rodríguez es un eufemismo para un ajuste insuficiente. Con el salario mínimo estancado en valores irrisorios (menos de un dólar mensual), cualquier aumento que no cubra la canasta alimentaria (estimada en cientos de dólares) se considera una burla. Además, criticaron que el anuncio de Rodríguez supedite la mejora salarial exclusivamente al crecimiento en minería e hidrocarburos. Consideran esto como una visión “rentista” y peligrosa, ya que deja el sustento del trabajador a merced de la volatilidad del mercado petrolero y de una minería cuestionada por su impacto ambiental, en lugar de fomentar una economía diversificada y productiva que genere empleo formal de calidad.
Con respecto a la Constituyente Laboral, representantes de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) le recordaron a Delcy Rodríguez que en 2018 ella formó el Memorándum 2792, que eliminó de facto las contrataciones colectivas de las industrias básicas, destruyendo los beneficios conquistados por los trabajadores venezolanos dada la crisis económica, aplanando las escalas salariales y eliminando las primas por antigüedad y profesionalización.
Ante este panorama, el mensaje a la nación ofrecido por Delcy Rodríguez ha dejado un sabor agridulce en la clase trabajadora venezolana. Si bien confirma un incremento salarial para el próximo 1 de mayo, su discurso revela una gestión que intenta manejar la crisis mediante marketing político y control social, evitando abordar el problema de fondo: la recuperación de la institucionalidad del trabajo y un salario que permita vivir con dignidad, tal y como lo establece la Constitución nacional.
FUENTES:
Rodríguez Brazón, Ana María (09 de abril de 2026). Protestas en Venezuela: trabajadores exigen aumento del salario mínimo pese a promesa de Delcy Rodríguez de anunciar incremento el 1° de mayo. El Tiempo.
López Lizalde, Alejandra (08 de abril de 2026). Delcy Rodríguez anuncia que incrementará los salarios el próximo 1 de mayo en Venezuela. Xeva 91.7 FM.
Asociación de Profesores de la UCV (08 de abril de 2026). Respuesta a los anuncios en materia laboral de la Presidenta (E) del # 08Abr. X (@APUVC).
Noticias DW (08 de abril de 2026) Presidenta de Venezuela promete aumentar salarios.
Díaz, Francesca (21 de enero de 2026) Intersectorial de Trabajadores: “Delcy Rodríguez es la misma que firmó el 2792 y eliminó los beneficios de los trabajadores”. Correo del Caroní.
Iriarte, María (24 de febrero de 2026). Denuncian exclusión de sindicatos en Constituyente Laboral. Radio Fe y Alegría.
AMS Abogados (31 de julio de 2025). Reconstrucción democrática del sistema laboral en Venezuela.
AMS Abogados (1° de mayo de 2025). Bonificación del salario en Venezuela: el perverso proceso de “des-salarización”.
Fecha: 01/01/2025
